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ADECENTAMIENTO

´Se puede meter la pata, pero no la mano´: Alexandra Weeden

En las últimas semanas han salido a relucir una serie de noticias, muy preocupantes, que vinculan a varios servidores públicos con el término “enriquecimiento injustificado”, pero, ¿qué significa esto?

El enriquecimiento injustificado, como lo establece la Ley 50 del 29 de diciembre de 1999, en su artículo 5, tiene lugar cuando un servidor público o exservidor público, durante el desempeño de su cargo o dentro del año siguiente al término de sus funciones, se encuentre en posesión de bienes que sobrepasen los declarados o que superen sus posibilidades económicas y no pueda justificar.

Los servidores públicos están obligados a presentar, al inicio y al término de sus funciones, su declaración jurada de bienes. En la práctica, lastimosamente, esto no se cumple y, sin lugar a dudas es una de las grandes fallas de nuestro sistema político.

Y así, como por arte de magia, vivimos en un país con gobiernos cuyo modus operandi ha sido: “Yo te doy un poco por tu silencio, pero yo me quedo con el resto y aquí no ha pasado nada”.

El Código Penal, en su artículo 351, establece que el servidor público que no pueda justificar la procedencia lícita de su patrimonio será sancionado con prisión de tres a seis años y la pena será de seis a 12 años de prisión, si lo obtenido, sin justificación, supera la suma de 100 mil dólares. La misma sanción se le aplicará a la persona que haya sido interpuesta para disimular el incremento patrimonial, es decir, a los familiares o amigos, como suele suceder.

Es lamentable que los servidores públicos, tras cometer desfalcos con los fondos del Estado, se hayan dedicado a la compra de yates, fincas, carros, casas, mansiones, hagan viajes y depositen sumas millonarias en cuentas propias y de familiares, mientras que, en Panamá, cuatro de cada 10 personas vive en pobreza total (36.8%) y, del total de la población, 508 mil 700 se encuentren en situación de pobreza extrema, según cifras de las Naciones Unidas.

Ante tantas necesidades básicas que tiene la población en este país, no es posible que los funcionarios “entren pobres y salgan millonarios”. Esperemos –y estaremos vigilantes como sociedad civil– que este gobierno respete a los ciudadanos y deje a un lado la indecencia e inmoralidad que caracterizó a los gobiernos anteriores.

Ojo, que gran parte de la culpa de todo esto la tenemos nosotros, los ciudadanos. Basta remitirnos a las elecciones que se repitieron la semana pasada, en el circuito 7-1, en las que ganó el candidato al que se le comprobó que había violado las leyes electorales. ¿Seguiremos siendo tan ingenuos? Todo parece indicar que a Panamá se le aplica aquella frase que dicta “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”.

¡Ciudadanos, es hora de que despertemos! Somos testigos de un asalto a mano armada, de un robo a nuestro hermoso Panamá. No podemos seguir siendo cómplices de estas sinvergüenzuras.

No es posible que una persona, en su declaración jurada de bienes patrimoniales –que por ley están obligados a rendir a partir de la toma de posesión de un cargo público– al inicio declare tener solo una casa y un carro, y cuando termina su periodo tenga yates, mansiones, terrenos y helicópteros.

Es igual de culpable el que incurre en actos de corrupción, como el que no los denuncia. La Ley 59 establece que cualquiera puede denunciar un caso de posible enriquecimiento injustificado ante la Contraloría General de la República.

Jóvenes, recuerden que vivimos en un país democrático y si queremos que permanezca así, entonces debemos actuar. Si seguimos de brazos cruzados, ¿qué será de las futuras generaciones?

Hagámosle saber su equivocación a todos aquellos que se creyeron reyes solo por ejercer el poder unos años. De una vez por todas, hay que poner en “jaque mate” a la corrupción.

Mañana domingo, anímate a acompañarnos a la marcha denominada “Alto a la corrupción y la impunidad”, a partir las 7:30 a.m., a la altura del Hotel Hilton de la Avenida Balboa. ¡Lleva tu bandera de Panamá y exijamos justicia!

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Rescatistas panameños se encuentran en México, con el objetivo de reforzar las labores de rescate y asistencia humanitaria.
Cortesía/Sinaproc

TRAS SISMO DE 7.1 GRADOS Panamá lidera uno de los equipos de rescate en México

Panamá lidera este jueves 21 de septiembre de 2017 uno de los grupos que –con el uso de equipo liviano– se encuentra apoyando las labores de búsqueda y rescate bajo los escombros de los edificios que colapsaron en la ciudad de México, tras el potente sismo de 7.1 grados ocurrido esta semana.

Así lo dio a conocer el director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), José Donderis, quien detalló el apoyo que está brindando el grupo de socorristas panameños, conformado por 35 especialistas.

El equipo de rescatistas panameños participó este miércoles 20 de septiembre en tareas de rescate en estructura colapsadas en el área de Linda Vista, en la ciudad de México. Allí se localizaron tres cuerpos y este jueves acaban de ser reasignados a dos sectores más, contó Donderis.

 


"Esperamos localizar a personas con vida en las próximas 48 horas, ya las tareas de rescate en superficie terminaron", agregó el funcionario.

Donderis dijo también que se prepara a un segundo equipo USAR (Urban Search And Rescue) Panamá, que fue asignado al área entre las calles de Quéretaro y Medellín. Este equipo va a trabajar en conjunto con los bomberos del estado de Tijuana, detalló el jefe del Sinaproc.

Más de 50 sobrevivientes han sido rescatados de varios sitios de desastre en ciudad de México, desde que el sismo de magnitud 7.1 sacudió la tarde del martes el centro del país, dejando hasta ahora al menos 245 muertos y mil 900 heridos.



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