PROYECTO DE COROZAL

El puerto de la discordia: Rodolfo Sabonge

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El puerto de la discordia: Rodolfo Sabonge

Recientemente, la Comisión de Infraestructuras y Asuntos del Canal rechazó el proyecto de ley 125, que establecía la exoneración de impuestos para la empresa que recibiera la concesión del puerto de Corozal, proyecto que está bajo estudio por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desde el año 2013.

La verdad es que se ha desinformado a la población con respecto a este tema. El hecho es que todas las concesiones portuarias que operan en Panamá están exoneradas desde que se otorgó la primera concesión. O sea, que si el problema de fondo era la exoneración, la lógica indicaría que al rechazar el proyecto de ley se debería exigir el pago de impuestos a los operadores existentes.

O sea que el problema de fondo no era la exoneración. Durante el primer debate se llegó a decir que el proyecto no contaba con estudios, cosa que también es totalmente falsa, y finalmente se llegó a decir que estudios anteriores recomendaban que el lugar ideal para desarrollar un puerto era el área de Farfán. La realidad es que el proyecto de Corozal es el que más se ha estudiado en Panamá en el sector portuario. Quizás lo más valioso de los estudios que realizó la ACP con relación al puerto son los estudios de capacidad y demanda que justifican, sin lugar a dudas, la necesidad de más terminales portuarias en la entrada Pacífico del Canal. No voy a entrar en detalles con respecto a los estudios, pues deberá ser la ACP la que explique su contenido.

Con respecto a la opción de Farfán, es importante recordar que durante el gobierno del presidente Martín Torrijos se analizó la posibilidad de desarrollar una terminal en esa área, pero el proyecto fue demandado por Panamá Ports ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tomó más de tres años en fallar, tiempo durante el que vino la crisis financiera en Estados Unidos, por lo que el proyecto perdió interés. El hecho es que el área de Farfán adolece de lo mismo que el puerto de PSA (Singapur), y es que no tiene conectividad con el Atlántico por ferrocarril. Además, es importante señalar que en los últimos años ha prevalecido el desarrollo urbano y hotelero en esa área, lo que hace más difícil desarrollar una terminal de contenedores en esa área. Más recientemente la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos anunció que próximamente someterá a subasta pública Punta Batele, para desarrollo urbano de alta densidad. Es evidente que alrededor del desarrollo portuario en el Pacífico, y en especial en Corozal hay mucha controversia.

Parte de la controversia gira alrededor de quienes interpretan el Título Constitucional y la Ley Orgánica de la ACP, indicando que la ACP no tiene facultades legales para realizar otras actividades comerciales, o sea que solo debe dedicarse al tránsito de buques. Sobre esto es importante aclarar que tanto el Título Constitucional como la Ley Orgánica de la ACP le otorgan patrimonio propio y derecho a administrarlo de manera rentable. En este sentido es importante recordar que las utilidades de la ACP pasan al tesoro nacional, por lo que su rentabilidad, mediante la explotación de su patrimonio, va en beneficio de todos los panameños.

Quizás lo importante a señalar en adición a lo anterior, es que las competencias de la ACP en la administración de su patrimonio no deben estar por encima de las competencias de otras entidades del Estado, como por ejemplo las competencias de la AMP, que por ley son los que administran y regulan la operación de puertos y otras actividades marítimas en el territorio panameño. Pero igualmente cierto es que entre las funciones de un ente regulador del sector portuario están las de medir los indicadores de desempeño de las terminales a fin de monitorear periódicamente la capacidad portuaria, pues al Estado le corresponde la función de planificación, de tal manera que siempre exista amplia capacidad para que el comercio exterior y los usuarios de las terminales reciban un servicio eficiente y de calidad. En otras palabras, la función de planificación portuaria es de la AMP por lo que esa entidad debía ser la principal promotora de la terminal.

Quizás es demasiado tarde para sostener esta discusión, el hecho es que mientras los panameños no nos ponemos de acuerdo sobre si es conveniente o no desarrollar más capacidad portuaria, lo que sí sabemos es que otros países están procediendo con proyectos de inversión, tanto en el Atlántico como en el Pacífico y estarán listos para aprovechar las ventajas que ofrecerá la ampliación del Canal.

Lo que nos lleva a una reflexión final. Las actividades logísticas y marítimas de Panamá son elementos claves en su competitividad y han comprobado ser motores de crecimiento, generadores de empleo bien remunerado, y de desarrollo sostenible. Por lo que es menester que este tema se someta al gabinete logístico con carácter de urgencia y se tome una decisión que considere los mejores intereses del Estado.

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Cortesía/Sinaproc

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