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Diez razones para cerrar el PAN: Carlos Gasnell Acuña

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El Programa de Ayuda Nacional (PAN) se creó a través del Decreto 690 de 2010, a pesar de la promesa de campaña de la “Alianza por el Cambio” de que eliminaría el Fondo de Inversión Social (originalmente Fondo de Emergencia Social) para “evitar el descontrol de los dineros públicos”, tal como lo señalaba su plan de gobierno al hablar de las medidas para evitar que los funcionarios “entraran limpios y salieran millonarios”.

Este programa, adscrito al Ministerio de la Presidencia, de acuerdo al mencionado decreto, se crea para la aplicación de las políticas de desarrollo dirigidas a los sectores pobres y marginados, por medio de “la ejecución de proyectos de asistencia social, beneficencia y apoyo en las comunidades, a través de procesos transparentes”.

En cuanto a sus objetivos, el artículo 1 señala, entre otros, concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de las necesidades socioeconómicas de la población más necesitada con el objetivo de bajar los niveles de pobreza; lograr el desarrollo sostenible en las comunidades rurales marginadas que carecen de los servicios básicos; brindar oportunidades de capacitación relacionadas con la reducción de la pobreza, entre otros temas.

Si se analizan los objetivos, este programa debería atender las necesidades sobre la base de estudios que permitan de manera científica determinar los problemas y hacer llegar las ayudas “nacionales” a quienes realmente la necesitan, además de contar con indicadores para corroborar si cumple con la misión para la que fue creado, sin embargo, no funciona así. Por eso, para que el tema no pierda vigencia –menos luego de la comparecencia de la contralora general de la República a la Asamblea Nacional–, plasmo 10 razones por las que se debería cerrar el PAN, de forma definitiva:

1. No hay justificación para crear un programa adscrito al Ministerio de la Presidencia que atienda asuntos pertinentes a otros ministerios e instituciones autónomas que ya manejan la solución de los problemas relacionados con la reducción de la pobreza, como parte de sus competencias.

2. Si las instituciones no funcionan o no solucionan muchas de las carencias en las comunidades que forman parte de los circuitos de los diputados ni en los municipios y corregimientos, la asignación de fondos a los políticos, a través del PAN, tampoco ayudará a que las cosas cambien. Al contrario, la debilidad de las instituciones aumentará.

3. Se ha convertido en un instrumento de manipulación política que fomenta el clientelismo.

4. Afecta el principio de separación de los poderes contenido en la Constitución. Por ejemplo, los diputados dejan de cumplir sus funciones de control del Ejecutivo debido a que pueden perder las asignaciones prometidas a través de este tipo de programas.

5. Es una institución con excesiva libertad, pocos controles (licitaciones por invitación), lo que posibilita que se adquieran bienes y obras a sobrecostos producto de negociados, en los que incluso cabe la posibilidad de que se beneficien económicamente los propios políticos.

6. Detrás de las decisiones del PAN no hay planificación, estudios, informes, metas, indicadores ni medición de resultados. Además, no es cierto que debe permanecer abierto para dar una rápida respuesta en caso de emergencias. La Ley 22 de Contratación Pública ya prevé estas situaciones.

7. El dinero que se utiliza para favorecer políticamente, sobre todo a las autoridades electas del gobierno, podría usarse para generar desarrollos más permanentes y sostenibles. Nuevas instalaciones deportivas de calidad, centros culturales, de salud y mejores instalaciones educativas.

8. Cada cinco años el Estado gasta dinero en auditorías que pagamos todos los panameños, para que se inicien costosos procesos legales que no producen ninguna sanción, lo que aumenta la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades.

9. Nació tras la aprobación de un decreto ejecutivo y puede desaparecer mediante ese mismo mecanismo, lo que no debe afectar las investigaciones y auditorías que anunciaron.

10. Simplemente, porque los ciudadanos de este país merecemos respeto y un buen uso de los recursos del Estado.

Es seguro que hay muchas más razones para su cierre. Solo es cuestión de ver las opiniones generalizadas en las redes sociales, donde se encontrarían al menos 10 argumentos adicionales, que pesan mucho más que los que sustentan su permanencia. Espero que mientras se recapacita, no se devuelva el programa, como ya se ha mencionado, a sus “justas dimensiones”, o a lo que los políticos consideran como “niveles tolerables de manipulación política”. Ojalá tomen en cuenta que los niveles de tolerancia de la ciudadanía frente a la corrupción han cambiado.

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