CUESTIONAMIENTOS

No ejecución de leyes y redundancia normativa: Luis Antonio Pereira Sánchez

Según la configuración clásica del principio de separación de poderes, que acoge nuestra Constitución en su artículo 2, es común decir que la función del Ejecutivo es, valga la redundancia, la ejecución de las leyes. Sin embargo, algunas medidas legislativas recientes llevan a cuestionar si el Ejecutivo, efectivamente, cumple esta función.

Un caso bastante conocido fue la tipificación de los delitos contra los animales domésticos, cuando se cause su muerte o lesión grave mediante actos de crueldad, con una pena de 100 a 200 días-multa o trabajo comunitario (Art. 421 del Texto Único de 2010 del Código Penal). Sin embargo, desde 1916 el Código Administrativo regula la materia bajo la potestad de policía moral de la administración pública y que, salvo mejor criterio, entendemos se encuentran plenamente vigentes.

El artículo 1201 señala: “La Policía prohíbe los maltratamientos de los animales domésticos en que se manifiesten crueldad, como actos que repugnan y mortifican a las personas sensibles e introducen malas costumbres”. La sanción aparejada a esta falta la establece en el artículo 1203: “El que cometa cualquier acto de los que expresa el artículo anterior, sufrirá una multa de 1 a 20 balboas o arresto de 2 a 40 días, a juicio del jefe de Policía; y además pagará en su caso, la curación del animal e indemnizará al dueño de los perjuicios causados”. Nótese que esta norma va más allá que el propio Código Penal señalando una pena privativa de libertad. Entonces, si esta norma existía desde hace casi un siglo antes, ¿para qué regularla en el Código Penal? Claramente, se observa que la norma tuvo una falta de cumplimiento oportuno por parte de las autoridades de policía administrativa y fue necesario establecerlo en el Código Penal para garantizar tal protección. Pero este no es el único caso.

Más recientemente, dentro del paquete de proyecto de leyes presentadas por la Procuradora General de la Nación se encuentra el Proyecto de Ley 650, que tipifica el delito de discriminación de personas. Si se observa la exposición de motivos, la procuradora justifica la necesidad del proyecto de ley señalando que es necesario cumplir con compromisos internacionales regulando sobre la materia de discriminación racial, “tarea esta que se mantiene pendiente hasta el momento”. Dicha justificación parece sugerir un vacío legislativo al respecto, desconociendo que, igualmente, esta materia ya está regulada en Panamá desde la Ley 25 de 1956, por la cual se desarrolla el artículo 21 de la Constitución de 1946 sobre no discriminación por razón de nacimiento, raza, clase social, sexo, religión e ideas políticas, semejante el artículo 20 de la Constitución vigente. Llama la atención que esta ley, a diferencia de las actuales, contenía una parte motiva, que justificaba la ley considerando “que últimamente se han presentado casos de discriminación por razón de color o raza, en varios sitios de la ciudad de Panamá, y que ello envuelve una flagrante violación de la disposición contenida en el artículo 21 de la Constitución Nacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos...”. Con esto, se cae la base que sustenta el proyecto 650. Vale señalar que la ley comentada suponía una superación de la situación de discriminación institucionalizada en el país desde sus inicios, por ejemplo, con la Ley 6 de 1904, que prohíbe la inmigración de los chinos, turcos y sirios al territorio de la República, en oposición a la Ley 44 de 1910, sobre inmigración europea, que estimulaba la inmigración de personas de este continente o de la derogada Constitución de 1941, cuyo artículo 23 señala como “de inmigración prohibida: la raza negra, cuyo idioma originario no sea el castellano, la raza amarilla y las razas originarias de las Indias, el Asia Menor y el norte de África”.

Nuevamente, el cumplimiento de la Ley 25 de 1956 que incluía sanciones de multa, pena privativa de libertad o la clausura temporal o definitiva de entidades que discriminaran a las personas, correspondía a las autoridades administrativas de policía. Sin embargo, la persistencia de situaciones de discriminación y la aparición de este proyecto más de medio siglo después demuestra una evidente falta de ejecución oportuna de la norma en cuestión.

Y semejante cosa podría decirse del proyecto de ley aprobado que tipifica el feminicidio como delito. Fue el establecimiento de un marco rector sobre políticas de protección de la mujer la que llevó a la creación, mediante Ley 42 de 1997 del entonces llamado Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, hoy Ministerio de Desarrollo Social, por virtud de la Ley 29 de 2005, así como la Ley 38 de 2001, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, que incluye medidas de protección aplicables tanto por autoridades judiciales, del Ministerio Público y las de policía administrativa.

Así, muchas veces se pierde tiempo debatiendo soluciones que ya existen y solo hay que poner en práctica. Pero, si la ejecución de leyes compete al Ejecutivo, no se entiende la lógica de pasar el tema a la justicia ordinaria, que ya sufre una sobrecarga de trabajo y enfrenta limitados recursos, objeto de recortes constantes en su presupuesto (comparado a los crecientes recursos en manos del Ejecutivo) y más en materia penal que actúa solo cuando el daño ya está hecho.

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