POLÍTICA

Sobre reformas electorales: Olmedo Beluche

El Tribunal Electoral ha presentado ante la Asamblea Nacional el conjunto de propuestas que salieron de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) de 2015. Esas reformas contienen muchas de las propuestas de la CNRE de 2010, que fueron planchadas por el gobierno de Martinelli. Ahora pasarán por la máquina de moler de los diputados, por lo cual, lo que saldrá de la Asamblea no será igual a la propuesta que entró.

Por ser producto del debate de la CNRE, en el que participan sectores sociales no comprometidos con la partidocracia imperante, la reforma expresa algunos aspectos que constituyen un avance respecto a lo que hay. Pero es un avance a medias, porque en algunos temas hay retrocesos.

En general, la reforma no modifica el problema de fondo: un régimen oligárquico con careta democrática expresada en el rejuego de un puñado de partidos y políticos profesionales, con la exclusión de la participación de actores sociales de las capas medias y bajas de la sociedad.

Avances de la reforma: 1. Paridad de género, que obliga a postular desde las primarias, una alternancia de hombres y mujeres; 2. Reducción del 4 al 2% de firmas de adherentes para inscribir un partido político nuevo; 3. Control del financiamiento de las campañas electorales, empezando por la publicidad, que solo se pagará de fondos públicos; 4. Control del financiamiento privado, fijando límites al monto de las donaciones, a donantes particulares; 5. Límites a la publicidad estatal de obras públicas, al período de campañas y a los fueros electorales, etc.

Respecto a los aspectos negativos de la reforma, tenemos que el principal obstáculo a la democratización del régimen político sigue siendo el elevado número de adherentes que se exige para constituir un partido político. Aunque baja del 4 al 2% de firmas (poco menos de 40 mil firmas ahora), sigue siendo superior al promedio de 0.5% que se exige en la mayor parte de América Latina.

Peor es en el caso de la libre postulación presidencial, en 2014 se exigió 1% de firmas de adherentes para inscribir un candidato. Ahora ha sido elevado al 2%, igual que un partido político. Con el agravante de que un partido tiene cinco años para inscribirse y un postulado por la libre, unos meses.

El sistema de financiamiento de partidos y campañas permite el reino de la plutocracia en Panamá, pese a los nuevos controles, ya que la cifra de referencia de la que parte es el 1% del presupuesto gubernamental, con lo cual estamos hablando ahora de 100 millones de dólares, a lo que se suman financiamientos privados que rondarán otros 15 millones. Tanto dinero para campañas electorales sesga el proceso a favor de los partidos y candidatos de la oligarquía y deja en desventaja a quienes provienen de estratos populares. O te corrompes buscando dinero por cualquier medio, o no puedes competir. Más que una reforma, el régimen político panameño, con sus inequidades y corrupción, necesita ser demolido y vuelto a hacer, mediante una movilización popular que refunde las instituciones a través de una asamblea constituyente. Pero para que eso suceda, se requiere como prerrequisito que el movimiento popular supere el infantilismo actual y se movilice unitariamente.

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