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VACUNA PARA EL CUERPO PÚBLICO

La regulación de los conflictos de interés: Ryan Baebler

A pesar de que la conferencia para conmemorar el décimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tendrá lugar al final de este año en la ciudad de Panamá, hoy en día esta se mantiene como un hecho real en la vida pública.

Investigaciones recientes indican que el alto nivel de corrupción que experimentamos se debe a la falta de control adecuado y al mal manejo de los conflictos de interés.

En el manejo de estos conflictos, la prevención resulta más económica y efectiva que la aplicación de sanciones. Aunque los dos elementos son igualmente importantes para promover el buen gobierno y luchar contra la corrupción, la única manera sistemática de asegurar la prevención de decisiones corruptas es manejar activamente la distancia que debe haber entre los intereses privados y los deberes de los servidores públicos, para limitar conflictos entre ambos, es decir, para prevenir que un servidor público tenga la oportunidad de tomar una decisión motivado por un interés ajeno a los de la colectividad.

Como la mayoría de los países, Panamá empezó a enfrentar el problema de la corrupción pública con las normas penales. Reconociendo el daño que causa la corrupción, dentro del Título X del Código Penal (Art. 334 al 355), se establecen los delitos contra la administración pública, que van desde el enriquecimiento ilícito hasta el abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Sin embargo, la aplicación de sanciones resulta insuficiente. Cuando se aplica a un sujeto como la corrupción pública, si se mantienen ciertas situaciones implica lo que detallamos a continuación:

1. Para proseguir con la investigación de un abuso de autoridad o delito parecido, es esencial que se aporte una prueba sumaria, sin la cual es imposible proceder. Es casi imposible descubrir evidencias de un acto de corrupción antes de conseguir el apoyo oficial. Por eso, generalmente no se pueden obtener pruebas sumarias suficientes para procesar una denuncia.

2. El servidor público medio que puede suministrar información acerca de un acto de corrupción de su superior guarda silencio por el temor a las represalias.

3. El Órgano Ejecutivo es el que nombra al Procurador General de la Nación. Además de que la designación tiene una vigencia de 10 años, el que ocupe el puesto y los funcionarios bajo su mando son proclives a guardar lealtad a quien lo designó y no actuar con independencia.

Como consecuencia de estas tres razones, difícilmente algún actor corrupto arriba de un cierto nivel jerárquico, salvo raras y contadas excepciones, resulta condenado por un acto de esa naturaleza.

Por eso, es realmente necesaria una ley que no solo exija la declaración de intereses y la audite, principalmente a los funcionarios de altos cargos, sino que también evite y controle, por medio de una fiscalización y manejo activo, que estos conflictos les proporcionen la oportunidad de colocar sus intereses privados por encima de sus deberes como servidores públicos.

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