GESTIÓN PÚBLICA

El mito de la rendición de cuentas: Nelson Caballero Díaz

La Constitución Política de la República de Panamá y la Ley 6 de enero de 2002 dictan normas muy claras para lograr la mayor transparencia en la gestión pública. En la Ley 6 se establece de manera taxativa “que es obligación de todo servidor público responsabilizarse individualmente de sus actos en el ejercicio de sus funciones y en comunicación de los resultados de su gestión ante la sociedad. Esta obligación de rendir cuentas también le corresponde a los cuerpos directivos colegiados de las instituciones públicas”.

Los modernos sistemas democráticos no solo deben garantizar el cumplimiento de las normas legales para que se realicen competencias y torneos electorales seguros y confiables, sino además, deben garantizar el ejercicio transparente de la gestión pública, de manera que la sociedad pueda evaluar a los servidores del Estado.

La transparencia y la rendición de cuentas van de la mano. La corrupción florece cuando hay espacios para ocultarse, y requiere del encubrimiento para prosperar. Los gobiernos deben asegurar el libre acceso a la información de la gestión de todos los servidores del Estado de manera que se abra una especie de “vitrina pública” que permita someter al escrutinio de la sociedad el manejo de los recursos y bienes y establecer si han sido administrados con probidad, eficiencia y absoluta transparencia. Evaluar la gestión de los funcionarios del Estado de cualquier nivel jerárquico, les permitirá a los ciudadanos castigar y sancionar a los que han actuado con deshonestidad y premiar a los que han demostrado pericia, capacidad y eficiencia.

Desafortunadamente, en nuestro país no existe una “cultura de rendición de cuentas”. La ciudadanía demanda cada día información precisa, confiable y comprobable sobre la administración de los recursos del Estado. El impulso de una cultura de transparencia y rendición de cuentas es creciente y adquiere una singular importancia, especialmente en estos tiempos de actividad preelectoral, y constituye un gran desafío para el sistema democrático. Es fundamental que se apliquen las disposiciones legales existentes y se obligue a los servidores públicos a cargo de las entidades del Estado a explicar y justificar el uso de los recursos asignados y a permitir el acceso público a la información, de manera que los ciudadanos evalúen los resultados de la gestión.

En los últimos años, los organismos internacionales de financiamiento (BID, Banco Mundial y otros) han hecho puntuales recomendaciones a los Gobiernos latinoamericanos –incluido Panamá– para que se establezcan los parámetros técnicos, administrativos y legales a fin de lograr absoluta transparencia en el manejo de los dineros del Estado. Estas presiones foráneas tienen su fundamento en “solventar”, en gran medida, las prácticas corruptas que a mediados de la década de 1970 llevaron a los gobiernos dictatoriales y a los gobernantes deshonestos del área a utilizar indebidamente los recursos de fuentes externas e internas, a partir de la crisis fiscal y del financiamiento del gasto público que hizo explosión en toda Latinoamérica.

Es obligante, en consecuencia, que la rendición cuentas de los servidores del Estado se transforme en un ejercicio ético y moral, y sea una práctica que se realice con toda naturalidad y simplicidad, lo que producirá una real transparencia administrativa en el desempeño de las instituciones estatales del país, generando una amplia y efectiva participación pro activa de la sociedad civil.

No obstante, falta mucho por hacer en esta materia y lograr un régimen institucional que se caracterice porque permite el libre escrutinio de la gestión pública, se brinde amplio acceso a la información sin restricciones de ninguna naturaleza a la sociedad civil, solo entonces, estaremos ante una cultura política en la que la participación ciudadana garantice que existe absoluta y total transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Cuando esto ocurra, estaremos construyendo una verdadera sociedad democrática, justa y equitativa.

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