POLÍTICAS PÚBLICAS

Se requiere un Ministerio de Salud rector

Antes de comenzar destaco que el Ministerio de Salud (Minsa) no es inmune a las perjudiciales prácticas políticas que han estado presentes en el quehacer de los tres poderes del Estado de las últimas administraciones. Ya me he referido antes a ese tema, por lo que no lo repetiré.

No obstante, subrayo que el ejercicio efectivo de la función rectora requiere de, por lo menos, los siguientes requisitos: 1. El nombramiento de un ministro con la madurez, capacidad y experiencia profesional suficiente; 2. La lucidez para coordinar y liderar, efectivamente, el desarrollo del sistema nacional de salud que necesitamos; 3. El apoyo efectivo (con confianza) del Ejecutivo, lo que implica la abolición de la práctica del clientelismo y del llamado “ministro consejero”, cuya función considero redundante, pues en el Minsa abundan los profesionales capaces; 4. El aprovechamiento pleno de las capacidades de los equipos técnicos, lo que significa “escucharlos y hacerles caso”; 5. Contar con información veraz, oportuna y confiable para poder establecer prioridades y objetivos sanitarios, así como evaluar en tiempo real, el cumplimiento de políticas y estrategias.

Reconociendo las competencias de los equipos técnicos, que considero no han sido aprovechadas lo suficiente, parece claro que se cumplen las dos primeras premisas, lo que es una buena noticia, en especial, ahora que contamos con un profesional igualmente capaz y comprometido a la cabeza de la Caja de Seguro Social (CSS).

Habrá que evaluar el efectivo apoyo político.

Dicho esto, entro en materia poniendo de relieve que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS): “La función rectora en salud constituye el ejercicio de las responsabilidades y competencias sustantivas de la política pública en salud que le son propias e indelegables en el contexto de las relaciones entre gobierno y sociedad en el Estado moderno. Es una competencia del gobierno, y la ejerce el Ministerio de Salud. Su propósito es implementar decisiones y acciones públicas para satisfacer y garantizar, las necesidades y legítimas aspiraciones en salud de la sociedad”.

La misma organización define como competencias indelegables de la autoridad sanitaria, las siguientes: 1. La conducción de la política general de salud y de las acciones del sistema sanitario; 2. La regulación y fiscalización del funcionamiento del sistema de atención y factores relacionados con la preservación y promoción de la salud de la sociedad; 3. La ejecución de las funciones esenciales de salud pública.

Compartiré a continuación un breve resumen de la definición de la OPS para las funciones de conducción y regulación, que son consideradas como los dos ejes centrales de la función rectora. Subrayo que ambas requieren del más alto compromiso y respaldo del Ejecutivo.

Conducción sectorial: “Comprende la capacidad de orientar a las instituciones del sector y movilizar actores, organizaciones y grupos sociales, en apoyo a la Política Nacional de Salud, hacia un desarrollo de la salud que contribuya a niveles mayores de equidad y bienestar social. La conducción en salud es un proceso esencialmente político. El resultado es una propuesta política, técnicamente consistente, socialmente ética y estratégicamente viable”.

Regulación y fiscalización sectorial: “Abarca el diseño y la garantía de cumplimiento del marco normativo sanitario que protege y promueve la salud.

Se refiere a la fiscalización del cumplimiento de nuestro Código Sanitario, así como las normas dirigidas al control de los riesgos de salud derivados de la calidad del ambiente; la acreditación y control de la calidad de los servicios médicos; la certificación de calidad de nuevas drogas y sustancias biológicas para uso médico, equipos, otras tecnologías; y cualquier otra actividad que implique la generación y el cumplimiento de leyes y reglamentos dirigidos a proteger la salud pública, así como a promover ambientes saludables”.

Para finalizar, me apoyo en la Política Nacional de Salud 2016-2025, para recalcar que “la salud es un derecho de todos y de cada uno de los habitantes del país, que como proceso social complejo y multifactorial requiere de la participación de todos los actores, trabajando en forma conjunta para conservar su propia salud, la de su familia, la comunidad y del ambiente en que vive, contribuyendo así a alcanzar el bienestar y la calidad de vida de las personas”.

En este marco, parece claro que el Minsa necesita fortalecer su capacidad para ejercer con efectividad la función rectora, teniendo como prioridad la búsqueda de la equidad, calidad, solidaridad, eficiencia y eficacia de un sistema de salud humano, como derecho de todos, centrado en las personas y en el que la práctica de acciones de salud privilegien la atención de las necesidades para lograr el acceso universal a la salud y la cobertura universal. Para ello deberá aprovechar al máximo los tiempos políticos y las posibilidades de forjar, ahora sí, la alianza estratégica necesaria con la CSS.

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