FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD

La otra sala tercera: Carlos Ayala Montero

Hace algunos días, el distinguido colega Carlos Gasnell publicó un artículo acerca de la importancia de escoger a los magistrados que harán falta en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la importancia que reviste dicho tribunal al ejercer la jurisdicción contenciosa–administrativa, sin dejar de señalar que esta atiende también en lo laboral, en grado de casación.

Nuestro colega indicaba, en su interesante artículo, que debía escogerse a abogados o abogadas probos y con conocimiento de los temas que trata el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para ocupar los puestos que deben ser completados en esa sala, a raíz de las vacantes producidas por la ausencia absoluta de Alejandro Moncada y de Víctor Benavides. Esto es loable, pero dejó de lado la otra función de la Sala Tercera, que consiste en atender los temas laborales en grado de casación.

La Ley 59 de 2001 creó la Sala de Casación Laboral, que debe formar parte de la Corte Suprema de Justicia, e indicó que mientras se establezca esta, la Sala Tercera de la Corte seguiría conociendo de los recursos de casación laboral. La Sala de Casación Laboral atiende los casos provenientes de los tribunales superiores de Trabajo con cuantía superior a mil dólares; los relacionados con la violación del fuero sindical o de gravidez; los de riesgos profesionales; declaratoria de imputabilidad de la huelga, o la disolución de un sindicato.

Desde hace mucho, los laboralistas del país, los empleadores y los sindicatos, hemos reclamado la creación material de la Sala de Casación Laboral, para eso simplemente hay que incluirla en el presupuesto.

Las autoridades no han cumplido la Ley 59 de 2001, y cada vez que hay que designar un magistrado para la Sala Tercera, se les olvida que este debe poseer conocimientos de derecho del trabajo.

La Sala Tercera está recargada porque no hay tribunales inferiores en la jurisdicción contencioso administrativa, por lo que funciona como un tribunal de única instancia, ¡desde hace 80 años! Ahí se atienden desde controversias originadas en los municipios del país hasta demandas por daños y perjuicios contra el Estado o la administración pública, en única instancia. Es decir, promueve una centralidad judicial desfasada y origina enorme morosidad. Esta situación afecta a los usuarios de la jurisdicción laboral, que deben esperar muchos meses (a veces años) para ver resueltas sus controversias. Por eso, no solo es necesario designar abogados (as) probos para llenar las vacantes actuales, sino además considerar su preparación y experiencia en temas vinculados al ejercicio de la administración pública, y también a la jurisdicción laboral.

Urge crear los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativo y concretar la Sala de Casación Laboral, para administrar de la manera correcta ambas jurisdicciones, en beneficio de la sociedad. Así, la Sala Tercera podrá desempeñar a cabalidad sus funciones.

Mientras ello no ocurra, laboralistas y no solo administrativistas deben ser considerados para llenar las vacantes de esa instancia.

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