DERECHOS HUMANOS BÁSICOS.

En salud, es el conocimiento ¡morón!

Este escrito no tiene destinatario específico. Es una invitación a la reflexión colectiva. El título no es de la autoría de alguna celebridad foránea sino de un simple médico preocupado por la suerte de compatriotas que carecen de recursos para escoger un proveedor de atención digna. Por más libertad de elección que se le otorgue a ese panameño nacido, sin pedirlo, en regiones rurales o indígenas, difícilmente podrá aspirar a decidir, por cuenta propia, su destino sanitario. Como bien señala un adagio popular, la ignorancia es atrevida. Hay personas que piensan que la comprensión de ciertos saberes les da licencia para opinar sobre un número infinito de tópicos. Lo peor es que lo hacen con esperpéntica autoridad, desdeñando las recomendaciones de gente seria que lleva toda su vida dedicada al sector Salud. Los capitalistas modernos intentan aplicar las sencillas fórmulas del libre mercado a toda problemática social. Salud no es solo la ausencia de enfermedad. El asunto es tan complejo que tratar de ligar, exclusivamente, sus deficiencias a prácticas monopolistas no solo es anodino sino tonto.

La salud y la educación son derechos humanos básicos que deben ser asegurados por el Estado, bajo el paraguas de universalidad, equidad, solidaridad y calidad. Invertir en estos compromisos es el mejor generador de riqueza y bienestar, a largo plazo, para todos los ciudadanos. El libre mercado consigue lo mismo a corto plazo pero solo para la selecta población solvente que ha gastado cuantiosos fondos, obtenidos por herencia, esfuerzo o corrupción, para recibir salud y educación de primera clase. La salud pública, dejada al arbitrio del libre mercado, ocasiona profundas desigualdades sociales y genera una sociedad más inestable y menos productiva. Solo basta repasar las tasas de mortalidad infantil, las expectativas de vida, el índice de desarrollo humano y los niveles de calidad de vida para darse cuenta que los países de visión más socialista, tanto en Europa como en América, andan a la cabeza de las ponderaciones. Estados Unidos, el ejemplo más elocuente de capitalismo sin límites, figura muy por debajo en beneficio poblacional, pese a que sus gastos en salud son superiores al resto. Se necesita, entonces, la directriz reguladora del Estado. La presencia estatal, sin embargo, no debe ser excesiva para no caer en prácticas paternalistas que obvien la corresponsabilidad que cada ciudadano debe ejercer con su propia salud.

Hay gente que supone, erróneamente, que la medicina privada es mejor que la pública. En cada sector hay médicos buenos y malos. Muchos galenos, además, trabajan en ambas esferas. El nivel privado aporta, sin duda, atenciones rápidas, cómodas, íntimas y personalizadas; sin embargo, estas ventajas no garantizan diagnósticos y tratamientos certeros. Además, es probable que las hospitalizaciones sean más innecesarias o prolongadas y los procedimientos sean más frecuentes o sofisticados que en el área pública debido a que, tanto la gerencia como el facultativo, tienen intereses económicos particulares. Las aseguradoras, por otro lado, en su presión a los médicos para rentabilizar la atención, propician una gestión más ahorrativa que clínica, regulando honorarios profesionales sin menoscabar, eso sí, sus unilaterales ganancias.

Los seguros privados se nutren principalmente de clientes sanos y no cubren –o suben exponencialmente sus pólizas– al individuo que ya está enfermo o que posee un significativo perfil de riesgo. El nivel público, pese a todas las carencias conocidas, cuenta con una mezcla de médicos en formación y profesionales maduros, en continua competencia y calibración de conocimientos, respetando protocolos estandarizados con base en evidencia publicada, con personal capacitado laborando las 24 horas del día, sometido a docencias y auditorías periódicas de sus destrezas y conductas. Se podrá despilfarrar mucho dinero y perpetuar el parasitismo institucional pero, en general, la atención es más apegada a los consensos de manejo médico actualizado. Los hospitales privados son invariablemente más caros que los públicos porque envuelven uso de tecnología más compleja y costosa, deseo de lucro de dueños o accionistas y honorarios médicos facturados separadamente al precio del día/cama. Con esta generalización, no pretendo desconocer que existen algunos extraordinarios profesionales, más enfocados a la excelencia que a la taquilla, trabajando exclusivamente en centros privados.

Aunque cada pueblo debe diseñar sus estrategias de acuerdo a idiosincrasias y realidades propias, es sabio emular a países exitosos que han superado, con creces, el escrutinio del tiempo. El modelo español es uno de los mejores del mundo y quizás el más adaptable a nuestras peculiaridades culturales. El país ibérico cubre las necesidades sanitarias de todos sus ciudadanos mediante el Sistema Nacional de Salud, financiado a través de impuestos y regentado por las comunidades autónomas. A falta de dicho control regional en nuestro medio, la regencia podría ser ejecutada por patronatos autónomos. Cada habitante elige su médico general o familiar de cabecera, quien refiere a los especialistas en caso necesario. La medicina privada se utiliza preferentemente para pagar lujos, tales como cirugías estéticas, atenciones expeditas, habitaciones impecables o privacidades extremas. Como lo hemos señalado en un sinfín de ocasiones, para que este sistema único funcione eficientemente, urge aplicar despolitización, jerarquía por méritos, incentivos por cumplimiento laboral, sanciones por faltas laborales, depuración de pasotismos administrativos, certificación de conocimientos y financiamiento óptimo para evitar escasez de insumos. Para mejorar aún más la eficiencia, los patronatos podrían utilizar ciertas leyes de mercado para, de forma transparente, externar servicios puntuales o conseguir proveedores de calidad al menor precio posible.

Las arcas monetarias recaudadas por los estados deben estar al servicio de sus habitantes, procurando bienestar colectivo por encima de acumulación de riqueza. Los objetivos de la empresa privada tienen este orden invertido. Es una vergüenza percatarse de que intereses político–partidistas, gremiales, sindicales y empresariales impiden tener un sistema único y público de salud que atienda adecuadamente a los panameños sin distingos de ninguna índole. Más lamentable aún es escuchar al Presidente querer aparcar el tema hasta la instalación de la próxima administración gubernamental. Solo espero que el tema Salud sea el epicentro de las agendas de los próximos candidatos electorales y que en los debates televisivos venideros se adquiera el firme compromiso de dotar a Panamá de un sistema sanitario ideal, basado en sabidurías científicas y no en especulaciones mercantiles. En salud, es el conocimiento ¡morón!

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