MEDICAMENTOS

La salud vulnerada: David Carrasco

El desmantelamiento de una red de falsificadores de medicamentos en Guatemala, en junio de este año, confirmó una de las graves amenazas para la salud pública en los países mesoamericanos, entre ellos Panamá, con un sistema de vigilancia vulnerable a las importaciones de productos de dudosa procedencia que terminan en las manos de pacientes desprevenidos.

La banda capturada en Guatemala estaba integrada por 32 sospechosos y fue acusada de producir medicinas falsas y material quirúrgico, que distribuía en farmacias de Centroamérica y México. Con ello, habría puesto en riesgo la vida de consumidores, quienes son el eslabón más débil en una larga cadena.

El hecho descrito refleja un talón de Aquiles en los sistemas de salud y la pérdida progresiva de la capacidad de los Estados en la defensa efectiva de los derechos humanos. Al mismo tiempo, muestra cómo en el mercado globalizado prosperan negocios sin escrúpulos que se disfrazan.

La Organización Mundial de Aduanas reveló en 2012, tras una operación realizada en 16 países de África, el hallazgo de 82 millones de dosis de medicamentos ilícitos. Los fármacos decomisados incluían antimaláricos, antibióticos, jarabes para la tos, anticonceptivos y tratamientos para la infertilidad, con un valor de más de 40 millones de dólares.

Sin embargo, los controles aduaneros o policiales casi nunca identifican a los carteles de la fabricación y venta de productos falsos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de 10% de los medicamentos en el mercado son falsos o de mala calidad, y son vendidos con supuestos registros sanitarios.

En 2011, Latinoamérica fue escenario de los mayores incidentes criminales vinculados a medicinas falsas. A ello se suma la tendencia de “flexibilización”, dirigida a cubrir con medicamentos genéricos una gama de tratamientos en los casos de pacientes que requieren el uso de fármacos innovadores y una terapia agresiva.

Vilma Turner, presidenta del Colegio Nacional de Farmacéuticos, rechazó una resolución del Ministerio de Salud, del 11 de marzo, que suspende hasta el 15 de septiembre de este año el requerimiento de certificado de intercambiabilidad en 32 medicamentos, y exigió el cumplimiento de la ley del 10 de enero de 2001.

La ley de 2001 obliga a la Caja de Seguro Social (CSS) y al Ministerio de Salud de Panamá a comprar fármacos con un certificado de intercambiabilidad, que asegura la calidad y las sustancias terapéuticas activas. Sin esa norma, los medicamentos, genéricos o de marca, no podían ser oficialmente comprados.

En salud, business is business.

Se estima que el sector público panameño adquirirá, en 2013, más de 450 millones de dólares en medicamentos, sin contar el negocio que efectúan laboratorios y farmacias privadas, que despachan directamente medicinas a los consumidores y clientes particulares.

El investigador panameño Ibis Sánchez-Serrano, experto en cuidados de la salud y el desarrollo de fármacos y autor del libro La Crisis mundial de los sistemas de salud: desde el laboratorio de investigaciones hasta la cama del paciente (Elsevier 2011), reconoció que los progresos de la salud mundial están trancados en el tema de los medicamentos.

Sánchez-Serrano explicó que la patente de fármacos innovadores cubre 20 años, y una vez expira el mecanismo de protección legal pueden ser producidos y vendidos como genéricos. Aclaró que aunque tienen valor terapéutico y pueden ser baratos, los genéricos “dejan de ser innovadores” ante enfermedades crónicas o infecciosas que se tornan resistentes.

Es un hecho notorio, que los laboratorios del mundo siguen sentados sobre un lucrativo negocio de medicinas, pese a la contracción provocada por la crisis financiera. Ante ese panorama, los gremios farmacéuticos reivindican el deber moral de exigir calidad en los medicamentos por el respeto a la vida.

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