PROPUESTA

La seguridad, a debate nacional: Severino Mejía

A pesar de la buenas intenciones que pueda tener el programa “Barrios Seguros”, sus propósitos no son suficientes para detener la violencia alcista que se vive en el país.

Todos los gobiernos, incluyendo el de Martín Torrijos, en el que fungí como viceministro de Gobierno y Justicia, se equivocaron en la forma de atender y enfocar este problema.

Los triunfos en la lucha contra la criminalidad no se miden en función de contrastes, es decir, en menos homicidios que el año anterior, porque eso no es síntoma de éxito. El problema persiste.

La Universidad de Panamá, a través del Instituto de Criminología, coordinó un esfuerzo integral con toda la sociedad civil y el gobierno de la época para darle un tratamiento científico al problema de la conducta antisocial, sin embargo, no ha habido forma de que se le ponga atención a la política criminológica propuesta.

En el ínterin, siguen muriendo jóvenes sin que impere la voluntad real de enfrentar la criminalidad, lo que no se logra solo con represión. Como la violencia es un problema de salud pública, tiene que tratarse como tal. Un enfermo llega al médico para que lo sane, no para que lo maltrate. Si no entendemos esto, vamos por derroteros equivocados.

Está demostrado que la pobreza es un factor, pero no forzosamente el motor de la conducta antisocial. Nicaragua, a pesar de ser el país más pobre de la subregión centroamericana, tiene índices de homicidios de menos de 10 por cada 100 mil habitantes, y es el menos violento de la región. ¿Cómo se explica eso? Por sus programas de barrios y una policía comunitaria de gran envergadura.

Resocializar a un delincuente no es darle un trabajo o subsidiarlo para que baje su performance. Eso es una falacia. Mientras esa persona no sea tratada de forma clínica para descubrir su condición y modo de tratamiento, seguiremos fallando el tiro al blanco. Es necesario crear una “Fuerza de Tarea”, con especialistas (trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, criminólogos, sociólogos, educadores, abogados y epidemiólogos) para tratar el problema con un enfoque científico, no político.

Hay que considerar la apertura migratoria durante los cinco años de la administración anterior, pues aunque las cifras de delitos no involucren en gran medida a los regularizados, las condiciones facilitan la entrada de delincuentes que aparentan ser turistas, pero que vienen expresamente a cometer delitos y, al día siguiente, salen del país como si nada.

Con todo respeto, le recomiendo al ministro de Seguridad que llame a todos los oficiales de la Policía Nacional enviados, por la fuerza, a sus casas durante administración de Gustavo Pérez para que refuercen la gestión del actual director de esa entidad. Son talentos importantes que pueden apuntalar su labor.

En fin, se requiere convocar a un gran debate de Estado –no de Gobierno– en el que participen los miembros de la sociedad civil, los académicos de las universidades, etcétera, para que adoptemos una política pública de seguridad ciudadana, producto de un consenso.

No debemos seguir viendo, impávidos, lo que ocurre ni continuar atacando el problema como lo hemos hecho hasta ahora, con resultados negativos y exponencialmente mayores.

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