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ESTADO DE DERECHO

La seguridad jurídica: Elvis Anthony Ureña

Mucho se habla de la seguridad jurídica, principalmente cuando de inversión extranjera y crecimiento económico se trata, sin embargo, esa vinculación no encierra ni refleja la esencia y el contenido total de dicha expresión.

En su concepción inicial, la seguridad jurídica comprendía el asegurar la vida, libertad y propiedad de las personas; más adelante se identificó con la interpretación y aplicación uniforme del derecho; en época más reciente se entendió como destinada a proteger la inversión extranjera; y hoy no solo abarca la libertad inicial, sino también los derechos fundamentales y otros preceptuados en nuestra Carta Magna y compendio de leyes.

Partiendo de esos antecedentes, la seguridad jurídica es la certeza, confianza y estabilidad armónica de que en un país donde hay leyes es seguro que estas se respetarán y aplicarán en el presente, y que previsiblemente así será en el futuro; de tal modo, como dice Ossorio, Manuel: “que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones”. Frente a esta situación, el Estado tiene límites, facultades y la obligación de garantizar la aplicación auténtica y objetiva de la ley sin fueros ni privilegios.

Así las cosas, al momento de abordar la seguridad jurídica, el Estado no puede pensar y actuar solamente en defensa, por ejemplo, de la inversión extranjera y de los beneficios que traerá al país, sino que también debe pensar y actuar ante las posibles afectaciones que llegasen a ocurrir en detrimento de sus habitantes, quienes no tendremos ninguna objeción para que se proteja la seguridad jurídica de la inversión extranjera, si entre esta y el Gobierno que la apoya se lleva a cabo alejada de coimas, sobornos, prebendas e intereses ocultos; si evidencia un desarrollo sustentable, y si sus representantes acatan fielmente nuestro ordenamiento jurídico, por un lado, mientras que por el otro, si el Gobierno hace su trabajo siendo bien diligente en cumplir y hacer cumplir la ley; toda vez que eso también es proteger, honrar y respetar la seguridad jurídica del país y de todos sus ciudadanos.

De la seguridad jurídica he hecho referencia a “un país de leyes”, es decir, que para la vigencia plena de ese principio es indispensable que, ciertamente, exista un estado de derecho, pues de lo contrario, cuando se desconoce e irrespeta esa existencia, en efecto, lo que se genera es la inseguridad jurídica, y lo que impera entonces es la anarquía, la arbitrariedad y el autoritarismo. Ello es así porque si el mismo Estado, desde sus gobernantes y altos mandos en el poder ejecutivo, legislativo y judicial demuestran con su conducta un desprecio por la ley, no podemos esperar que sus súbditos y gobernados actúen de un modo diferente.

Estado de derecho es entera obediencia a nuestra Constitución Política y a la legislación nacional derivada de ella; solo mediante esa sumisión podrán estar garantizados los derechos del pueblo y este podrá tener la confianza en que sus autoridades le harán valer sus derechos, cumplirán con sus deberes, investigarán con seriedad, castigarán verdaderamente a quien incurra en presuntas irregularidades, actos delictivos o incumpla con sus obligaciones.

Eso es seguridad jurídica, y demanda, entre otras cosas, transparencia en el comportamiento y decisiones gubernamentales, credibilidad e independencia en nuestro sistema judicial, igualdad de oportunidades e inclusión social. Sin confianza y sin la cristalización de estas demandas es ilusoria la seguridad jurídica y más bien se crea un ambiente y percepción de inseguridad jurídica e impunidad.

Por todo lo anterior, surge la necesidad de que el Estado cumpla con sus fines primordiales de justicia, bien común, seguridad y protección de sus ciudadanos como la única manera viable para propiciar la paz social y el orden requerido en este país. Esto, indudablemente, sería plasmar y darle vida al principio de seguridad jurídica.

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