PREVISIÓN

El futuro de nuestra seguridad social: José Blandón Figueroa

El país, desde el año 2003, ha tenido un crecimiento económico sostenido. El producto interno bruto corriente se duplicó entre el año 2006 (15 mil millones) y el año 2011 (30 mil millones). Pero hay una diferencia entre crecimiento económico y desarrollo humano.

En teoría, el crecimiento asienta las bases para que mejoren los indicadores de desarrollo humano, pero lo primero no necesariamente conlleva a lo segundo. De hecho, pueden existir mejores indicadores de desarrollo humano en un país que haya crecido a un ritmo menor (tal es el caso de Costa Rica en comparación a Panamá).

Para mí, la gran tragedia de lo que sucede en nuestro país bajo la administración Martinelli es que esta ha recibido la mayor cantidad de recursos que jamás antes recibiera administración pública alguna, pero no ha querido construir los consensos necesarios para convertir ese crecimiento y esa riqueza económica en desarrollo humano.

A mi juicio, cualquier inversión pública que se haga debe decidirse en función de cómo impacta positivamente en mejorar los indicadores de desarrollo humano del país y no solo en función de su impacto en generar crecimiento económico; ni mucho menos, debe decidirse en función de las ventajas pecuniarias que ofrezca a sus promotores (en otras palabras, el monto de la coima). La reciente discusión en torno al Fondo de Ahorro de Panamá y cómo ha crecido el monto de la deuda pública en los últimos tres años es un buen ejemplo de lo que sucede cuando se invierten los recursos públicos sin un sentido social y sin tomar en consideración su impacto sobre la gente. La próxima administración (2014-2019) va a estar muy comprometida por el servicio de la deuda pública oficialmente reconocida, más la no reconocida (principalmente, los llamados contratos llave en mano), lo que condicionará negativamente su capacidad de reacción frente a la inminente crisis de la seguridad social en nuestro país. En 2005 se aprobó una reforma al sistema de pensiones. Tal como manifesté en aquel entonces, en el mejor de los casos, era una reforma que buscaba resolver el problema actuarial del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a corto plazo. Incluso, en el informe actuarial que servía de base al proyecto, se planteaba que en 2010 ya no se cumplirían las condiciones que el artículo 219 de dicha Ley contempla. Dicho artículo es el que establece que “la Junta Técnica Actuarial presentará un informe anual a la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y al Órgano Ejecutivo sobre la situación actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, en el que se deberá determinar, con base a su valuación actuarial y financiera, si en alguno de los 10 años subsiguientes a la presentación de dicho informe, las reservas contables resulten menores de dos punto veinticinco (2.25) veces el gasto anual. De estimarse esta situación, en alguno de esos 10 años, la Junta Técnica Actuarial propondrá a la Junta Directiva las recomendaciones necesarias para equilibrar el costo de las obligaciones y el financiamiento del régimen”.

La Caja de Seguro Social no ha presentado desde el 2010 dichos informes actuariales. Es decir, no sabemos si el sistema requiere o no de adecuaciones. Informalmente, la información que he recibido es que se hace necesario revisar los parámetros para garantizar la jubilación futura de los asegurados. Sin una transferencia del Gobierno central, eso se traduce en aumentar la edad de jubilación, aumentar la densidad de las cuotas o reducir el monto de las pensiones o una combinación de las tres cosas. Eso implicaría una profunda crisis y traería, sin lugar a dudas, manifestaciones ciudadanas.

Esta época de bonanza debiera servir para prepararnos y evitar que lleguemos al escenario catastrófico. Además, para que a través de una visión social responsable y razonable, abordemos finalmente no solo el problema actuarial del programa de IVM, sino que tratemos el problema aún más grave de la falta de cobertura del sistema de seguridad social en nuestro país (uno de cada dos panameños en edad de jubilación no tiene derecho a ella). Ojalá lleguemos a comprender que lo que nos convertirá en un país de primer mundo no es que tengamos autopistas como las gringas o europeas, sino que tengamos los mismos indicadores de desarrollo humano, de calidad de vida, que los países desarrollados.

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