FUNCIONARIOS COMPETENTES

La selección del director de la orquesta: Alberto H. González Herrera

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El Estado, como el ente que ayuda a la sociedad a alcanzar el éxito, requiere articular a las diversas entidades públicas para que cumplan con sus atribuciones y jueguen el papel que les corresponde.

El Estado del siglo XXI no puede concentrar todas las funciones en uno solo de sus órganos, el Ejecutivo. Hay otros, el Legislativo y Judicial, e instituciones como el Tribunal Electoral, Tribunal de Cuentas, Fiscalía Electoral, Fiscalía de Cuentas, etcétera, que se crearon para el logro de la concordia social.

Por lo anterior, considero que la única manera en que las instituciones pueden operar de forma autónoma, eficaz e independiente, es que se elija a sus integrantes tal como se selecciona al director de una orquesta sinfónica.

Algunos creen que llegar a la cúspide del poder constituye un gran triunfo frente a los adversarios políticos, y que esto les dota de la potestad suficiente –amparada en las disposiciones constitucionales– para designar en importantes cargos a profesionales que cumplen los requisitos formales, pero carecen de los requisitos materiales y de la experiencia comprobada en la materia o su área de desempeño. Esto lleva a las instituciones a dignatarios o individuos sin experiencia. Algunos de ellos, en casos excepcionales, solo después de tres años de desempeño aprenden la responsabilidad que conlleva el ejercicio del cargo.

Los países con tradición y respeto por el concepto de la carrera profesional siguen un proceso similar al que se emplea cuando se selecciona al director de la orquesta sinfónica. Es decir, consideran la trayectoria de la persona, el conocimiento de los instrumentos (cuerda, viento, percusión) y la experiencia para llevar a escena diversos y complejos programas musicales. Esto es lo que garantiza que la orquesta deleite al público con cada pieza que ejecuta en sus presentaciones.

En Estados Unidos, recientemente se designó a la nueva Secretaria de Justicia o Fiscal General, pero al Ejecutivo no se le ocurrió improvisar ni proponer a una persona ajena al ámbito de la justicia. Al contrario, se nombró a una dama con experiencia comprobada por haber ocupado el cargo de fiscal del estado de Nueva York.

Pues bien, en Panamá dentro de algunas semanas y meses se considerará el perfil de algunos letrados para que ocupen importantes posiciones vinculadas a organismos encargados de investigar delitos, defender los intereses de las instituciones del Estado, decidir conflictos de naturaleza contable, electoral y judicial al más alto nivel. Esto se hará para llenar las vacantes por vencimiento de períodos de los funcionarios salientes y para tratar de satisfacer los clamores de justicia frente a sucesos acaecidos en el país que parecen más bien un episodio de realismo mágico panameño.

¿Cómo no equivocarse? Basta con mirar en las propias instituciones, allí hay muchos profesionales y dedicados, que han pasado largos años de su vida escalando posiciones, formándose con recursos y esfuerzo propios, participando en algunas oportunidades de capacitación que les ofrece su institución. Sin embargo, por los egoístas intereses de naturaleza político-partidista, por no tener un apellido connotado y por carecer de “contactos”, ni siquiera se les menciona ni toma en cuenta. No se les considera “potables ni viables”, dada su independencia de criterio, su manejo discreto, reservado y apolítico, lo que trunca su ascenso a posiciones de relevancia.

Como vemos, no hay fórmulas perfectas ni superhéroes que puedan, en un santiamén, remediar los males que nos aquejan y nos han hecho tanto daño. Pero podemos empezar por seleccionar a la gente que realmente conoce y sabe cómo encauzar por buen sendero los trámites legales y los procesos en las propias instituciones. Ellos no se encuentran en los despachos de famosas oficinas privadas, porque en estas siempre se persigue ganar en beneficio propio o de sus clientes, lo que implica sesgos y limitaciones en el sentido correcto de solicitar y administrar justicia.

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