ESPACIOS PÚBLICOS

La serpiente nos destruye y traga: Carlos M. Herrera Morán

Los bienes de dominio público estatales o municipales son de uso común y de nadie en particular. No pueden ser adjudicados, no son objeto de propiedad privada, no se pueden titular en el Registro Público, nadie los puede poseer u ocupar legalmente, y por lo tanto, cualquier posesión u ocupación sin un permiso especial del Gobierno nacional o del municipio sería ilegal (v.gr. las playas, islas, riberas, calles, caminos destinados al uso público, etcétera). Lo anterior lo dispone el artículo 258 de la Constitución Nacional y el artículo 329 del Código Civil.

En contravención a las disposiciones jurídicas citadas y como si en nuestro país no existiese un caos urbanístico y vehicular, ahora resulta que la mayoría de las calles de la capital han sido objeto de apropiación privada e ilícita por parte de los dueños de negocios y edificios, que cual serpientes hambrientas e insaciables engullen los bienes de dominio público como si fuesen susceptibles de apropiación privada. Los dueños de tales negocios o edificios colocan cadenas en las calles o letreros de aluminio con bases de rines de autos viejos que dicen: “Prohibido estacionarse”. Estos objetos muchas veces provocan que los automóviles sufran rayaduras o abolladuras. Hasta los “bien cuidados” colocan tanques o cuanta cosa se les ocurra y les cobran a los conductores una especie de “diezmo” por dejarlos estacionar los automóviles.

Tal práctica arbitraria e ilegal resulta mucho más censurable si se toma en cuenta que en la ciudad circula a diario una enorme cantidad de vehículos, pero no hay suficientes estacionamientos públicos. Esto se ha convertido en un tremendo dolor de cabeza para los que salen a trabajar o se dirigen a realizar asuntos personales. Es una oportunidad que aprovechan los especialistas en el “juega vivo”, para ellos es un negocio redondo y extremadamente lucrativo. Algo similar ocurre en la Plaza Edison, en donde funcionan varios ministerios y despachos del Órgano Judicial. Los dueños del edificio cobran 0.04 centavos por minuto por el uso de los estacionamientos. Cobro este que, evidentemente, se traduce en una especie de “impuesto o contribución fiscal”, que en vez de ir a parar a las arcas del Estado, pasa a incrementar las cuentas bancarias de empresarios deshonestos y sinvergüenzas, siendo la fuente generadora de este cobro ilegal las gestiones o diligencias que tienen que hacer los ciudadanos en las instituciones públicas.

En el caso del Órgano Judicial, tal acción deja sin efecto el artículo 201 de la Constitución Nacional, que establece que la administración de justicia es “gratuita”. Es más, la mayoría de tales estacionamientos privados se encuentran en áreas que son servidumbres públicas o en terrenos que pertenecen al Estado o al municipio, lo que significa que los mencionados empresarios o comerciantes se enriquecen ilícitamente con bienes que les pertenecen a la Nación. Con el agravante de que provocan tranques a la salida, a ciencia y paciencia de nuestras autoridades públicas, lo que aumenta sus ilícitas ganancias.

La realidad es que el pueblo panameño, gobierno tras gobierno, viene siendo despojado de muchos bienes que, según la Constitución y la ley, son de dominio público, por ejemplo, las calles y playas. Valga señalar que estas últimas se han convertido en áreas de recreación exclusiva para personas o turistas que tienen muchos recursos económicos, y ni siquiera pueden ser visitadas por la inmensa mayoría de los panameños.

En pocas palabras, estamos ante un dilema, o dejamos que la gran serpiente nos destruya y trague, o por el contrario, les aplicamos todo el peso de la ley a estos “bellacos”, que parecieran contar con el consentimiento, tácito e ilegal, del Gobierno.

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