POSTERGACIÓN

Un duro golpe al sistema penal acusatorio: Irving Domínguez Bonilla

Todos los usuarios del sistema hemos esperado, durante muchos años y con estoica paciencia, la entrada en vigencia en todo el país del nuevo sistema penal acusatorio. Panamá se quedó rezagada frente al resto de los países del continente que ya lo tienen. La fórmula de aplicación escalonada, aunque con visos de inconstitucionalidad, me parecía acertada para ir viendo los talones de Aquiles que surgieran en la implementación; así cuando se aplicara en el distrito judicial más complejo, se tendrían los correctivos necesarios para resolver esos contratiempos.

Este es un sistema procesal penal de avanzada que garantiza el pleno cumplimiento de los derechos de los sujetos procesales por medio de la revisión e inmediación de la jurisdicción de cada uno de los actos realizados por el Ministerio Público y los entes policiales, dando preponderancia al garantismo y respeto de los derechos fundamentales, contrario al actual sistema mixto-inquisitivo que a la fecha opera en nuestro país y que ha sido objeto de severas críticas por la forma como es aplicado en detrimento de los sujetos procesales.

Cuando estábamos a punto de dar cumplimiento a los plazos de la vacatio legis fijada para la entrada en vigencia del nuevo sistema –que ya funciona en las provincias centrales–, el Gobierno da un portazo al proyecto, congelando su aplicación programada para este y el próximo año en el Primer y Tercer Distrito Judicial (que abarca el resto del país).

La excusa esgrimida por el Ejecutivo es la falta de presupuesto –se requieren entre $40 millones y $50 millones– para preparar a los técnicos y especialistas que se encargarán de aplicar el sistema. Esto es ilógico, porque desde hace años se sabía que teníamos que prepararnos, técnica y presupuestariamente para ponerlo en práctica.

Los adversarios políticos del Gobierno han reaccionado y afirman que se desea mantener el sistema inquisitivo penal para perseguirlos y amedrentarlos. Sin embargo, mi opinión es que la prioridad o norte cambió y ahora es menester invertir esos millones de dólares en la campaña electoral que se avecina, postergando la aplicación durante la nueva administración gubernamental.

Con esto, hemos quedado como un país en donde reina la improvisación y la política por encima de las decisiones fundamentales en materia judicial, cuando deberían ser independientes. En países con menos recursos que el nuestro y menor capacidad técnica, el nuevo sistema ya funciona al 100%. Esto, como hemos dicho, nos deja rezagados en materia de justicia penal.

Esperamos que, al final, en las decisiones del Gobierno prime el interés del Estado, por encima de los de tipo político o de los mezquinos intereses particulares.

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