Avance: Sismo de 7.1 grados en México

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Un sistema amenazado: Raúl E. Olmos E.

El nuevo esquema de juzgamiento criminal, bajo el prima del sistema acusatorio, recibe los embates de altos personeros del Gobierno que no se sienten cómodos frente a un sistema en el que se dota de mayor eficiencia y garantías a las personas. Los nefastos propósitos de posponerlo –aconteció hace poco– ahora reciben la amenaza de su completa eliminación, todo ello basado en apreciaciones carentes de fundamento o que más bien responden a las inquietudes de algunos sectores con interés de quedar bien, cuando falta un año para el torneo electoral.

Lo cierto es que la justicia penal, bajo el sistema acusatorio en las provincias en que está vigente, ha dado respuesta en tiempos dignos de elogio, porque eso es lo que desea el usuario, que su conflicto se decida de manera pronta y oportuna; a diferencia del esquema inquisitivo en el que los niveles de respuesta son aletargados y demorados. Más bien lo que se debe hacer es dotar de mayores recursos a las instituciones de justicia para que puedan atender, con eficiencia, los diversos delitos que por su naturaleza ameritan de una tratamiento especial. La insuficiencia en la prevención delictiva no la debe cargar la nueva forma de enjuiciamiento criminal.

Desde que la ley se pospuso, no se ha visto acción seria y firme encaminada a lograr su implementación dentro de los nuevos plazos señalados en la última reforma, y mucho menos se ha visto que la comisión de alto nivel creada hace más de cinco años para monitorear la implementación del sistema acusatorio se haya reunido para debatir las insuficiencias, imperfecciones o aspectos que se deben mejorar de cara a su completa vigencia en todo el territorio nacional.

Las amenazas de la Ley 63 siguen siendo casuísticas, como reflejo de situaciones o casos puntuales que son excepcionales, pues si se analiza de manera global el funcionamiento del nuevo sistema, se podrá observar que los niveles de respuesta judicial han sido positivos y efectivos, pese a las limitaciones económicas en las que se han visto envueltos los operadores jurídicos directos.

Restan 12 meses para afrontar estas intentonas y ver cuál sistema prevalece; si el inquisitivo, en el que la violación a los derechos son a diario y de manera continua, o el acusatorio, en el que el ciudadano recibe una justicia más expedida y aproximada, atendiendo la nueva metodología de trabajo, es decir, por vía de audiencia. Es oportuno ejemplarizar lo antes dicho frente al tema de la libertad; me gustaría señalar que mientras en el sistema inquisitivo un policía puede llevarse a cualquier persona sin orden judicial previa y mantenerla recluida por varias horas, en el sistema acusatorio el policía que aprehende a un ciudadano debe ponerlo inmediatamente a órdenes de un fiscal, quien a su vez convoca a un juez de garantías para que en una audiencia se pueda analizar esa captura, todo ello en menos de 24 horas. Al parecer, lo que incomoda a los detractores de la ley es que exista más control judicial por parte de los que tienen a su haber la posibilidad de restringir nuestros derechos constitucionales.

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