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CRÍTICA

Un subsidio para el ´sexo seguro´: Marina Aurea Videgaín de Españó

El Proyecto de Ley 61 para dar educación sexual dice: “El Estado tiene la obligación de Proveer inmediatamente a las víctimas de violación sexual que llegan a los centros de atención médica, de manera gratuita anticoncepción de emergencia (píldora del día siguiente), con el consentimiento informado de la víctima”, Art. 10.2. “El Estado está obligado a asegurar la disponibilidad y acceso a los métodos de planificación familiar, en forma gratuita o a costos mínimos, en las instalaciones sanitarias del Ministerio de Salud”, Art. 14. “El Ministerio de Salud debe garantizar que, en los lugares de difícil acceso, en donde no existan instalaciones de salud, las organizaciones no gubernamentales que hayan suscrito convenios de provisión de servicios de salud, puedan proveer los métodos de planificación familiar a usuarios que vivan en el área de influencia de dichas organizaciones (...) Los médicos y profesionales de la salud que tengan objeciones de conciencia en materia de proveer servicios médicos permitidos por la ley, deberán comunicarlo, formalmente, a la autoridad sanitaria, al momento de su nombramiento, de manera que se garantice el personal idóneo para ofrecer todos los servicios médicos permitidos por la ley”, Art. 15. “Se reconoce a los usuarios de los servicios de salud pública y privada, el derecho a la confidencialidad de la información relacionada con su sexual y salud reproductiva”, Art. 22.

Es triste que artículos como los anteriores sean la tónica en un proyecto de ley que pregona estar elaborado para dar educación sexual a niños desde kínder hasta secundaria.

El martes, 23 de septiembre, asistimos confiados a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional para estar en la discusión del primer debate del proyecto de ley. El lunes, los grupos pro vida recibimos un aviso de la Comisión de Salud de que el martes sería el primer debate, y que los que quisiéramos participar tendríamos que apuntarnos antes de las 4:00 p.m. de ese mismo lunes, pues la hora de inicio de la sesión sería a las 10:00 a.m. Quince personas corrieron para apuntarse. Sin embargo, el día martes cuando llegamos a la Asamblea habían cambiado las reglas y exigieron que nos volviéramos a anotar, por orden de llegada, sin considerar a los que nos apuntamos el día anterior. La lista se cerró a las 10:00 a.m., y cinco de los nuestros no pudieron participar, igual que unas adolescentes que esperaron cuatro horas para entrar y escuchar la propuesta que les concernía. De las 41 personas presentes en el debate a solo a 10 se les permitió objetar el proyecto. La estrategia que se utilizó se notó claramente, los miembros principales de Aplafa y todas las asociaciones que les respondían llegaron desde las 9:00 a.m. y, por supuesto, participaron ampliamente del debate.

Lo más sorprendente de esta estrategia de manipulación fue que, desde un principio, el presidente de la comisión tenía redactada una propuesta para crear una subcomisión e invitar a que se inscribieran los que querían trabajar en modificar el proyecto de ley. El secretario la empezó a leer, por error, al inicio del debate. Sentimos que se hizo con la intención de alargar la jornada, provocar un desgaste entre los asistentes, y a luego tener la oportunidad de pasarla rápidamente al segundo debate.

Los médicos que componen esta comisión conocen las consecuencias de promover el falso “sexo seguro” con condón, saben que no protege contra el virus del papiloma humano, y son conscientes de que los contraceptivos hormonales afectan la salud de las niñas, cuyos órganos están en formación. Por eso me pregunto: ¿Cómo es posible que pretendan engañarnos, aduciendo que esto es “educación sexual”?

Serán muchas las consecuencias nefastas del proyecto de ley 61, que mezcla la salud y la educación, que tiene incongruencias entre las leyes y códigos, que más bien promueve la sexualidad temprana y el uso de anticonceptivos y condones que aumentarán los ingresos billonarios de las farmacéuticas internacionales, sin resolver el problema de fondo de la descomposición social que viven muchas familias panameñas. ¿Será que somos demasiado ingenuos y no sabemos, para quién trabajamos?

Nos oponemos a pagar, con nuestros impuestos, las píldoras y demás implementos que le permitirán a las niñas y a las jóvenes conocer el gozo sexual de manera imprudente, sin la posibilidad de contar con una verdadera formación moral, que es lo que gran parte de los panameños esperamos.

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