CONSTRUCCIÓN

Una tarea pendiente: Richard Holzer

Uno de los ingentes problemas que abruman a los actores en la industria de la construcción: inversionistas, trabajadores, ingenieros, arquitectos y usuarios (que al final de cuentas cargan con todos los costos), es la increíble dificultad para obtener la aprobación de los anteproyectos o planos, un prerrequisito imprescindible en toda obra, sea grande o minúscula. El tiempo requerido para ese (os) trámite (s) maratónicos tarda meses, e incluso un año o más.

A pesar de las buenas intenciones de cada nuevo gobierno, alcalde o “ingeniero municipal”, año tras año el proceso se complica, la burocracia prolifera y el tiempo se alarga. Esta calamidad se debe a que son entre 8 y 12 las entidades (según el caso) que no solo reglamentan diferentes aspectos de la construcción, sino que lo hacen a través de normas poco claras, a veces conflictivas y de interpretación elástica. Normas que aprueban o rechazan todo proyecto de construcción, o “sugieren” cambios, imponiendo su criterio de diseño por encima del de los profesionales idóneos que confeccionaron los planos.

La Constitución señala que al municipio le corresponde ordenar el desarrollo de su territorio... Aunque esa norma constitucional pareciera clara y le asigna al municipio la potestad de reglamentar y ordenar todos los aspectos de cualquier obra, igual como ocurre en la mayor parte del mundo, es lógico que si hay entidades especializadas, sean estas las que produzcan las normas en su área de especialización. Sin embargo, y sin pretender una opinión legal, pienso que no es cónsono ni con el espíritu de la Constitución, ni con la separación de poderes, ni con la meta de descentralización, que la aprobación dependa del Ejecutivo central y sus diversas dependencias, y solo en medida mínima del municipio, que es el que al final de ese proceso maratónico expide el permiso de construcción.

Lo lógico sería que las diversas entidades reglamenten los aspectos de su especialidad, y que el municipio y solo el municipio sea el que vigile el cumplimiento de esos reglamentos, como requisito para expedir el permiso.

Implantar tal sistema eliminaría de un solo golpe la causa fundamental de las demoras absurdas que hoy son inevitables: normas confusas y poco divulgadas y fusión de legislación y aplicación. El proceso se simplificaría enormemente y se lograría mejor la finalidad de este que no es sino proteger al público de obras inseguras, insalubres o no permitidas en el sitio. Eso requiere legislación apropiada que solo se producirá cuando al más alto nivel de gobierno exista la voluntad férrea de corregir viejos males, pues sin duda todas las entidades afectadas se opondrán.

Se trata de una tarea importante, que a pesar de ser menos urgente que el alto costo de la vida o la educación, facilitaría los trámites. Solo falta la acción de un gobierno con profunda voluntad de mejorar las cosas.

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