SANCIONAR Y ERRADICAR

El tarro de la corrupción: Carlos Guevara Mann

La corrupción, señala la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), es un fenómeno social, político y económico de suma complejidad. Al distorsionar los procesos electorales, pervertir el estado de derecho y crear obstáculos burocráticos con el único propósito de exigir sobornos, la corrupción socava los fundamentos del sistema democrático. Además, frena el desarrollo económico pues impone cargos muchas veces onerosos tanto a la pequeña empresa como a la inversión extranjera (http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html?ref=menuside).

La comunidad internacional ha acordado parámetros generales para erradicar este flagelo que somete a los Estados a la pobreza, la injusticia y el subdesarrollo. En el Sistema Interamericano, la lucha contra la corrupción se remonta al menos hasta 1996, año en que se aprobó la Convención Interamericana contra la Corrupción. Panamá forma parte de esta convención desde 1998.

En enero de 2002, el Gobierno nacional designó una comisión presidencial para combatir la corrupción, integrada por los conocidos ciudadanos Carlos Iván Zúñiga, Aura Emérita Guerra de Villalaz, José Javier Rivera, Tomás Herrera y Héctor Montemayor. Su informe final, emitido en mayo del mismo año, contiene numerosas recomendaciones. La mayoría de ellas, sin embargo, no han sido adoptadas o aplicadas por las autoridades llamadas, según la Convención Interamericana contra la Corrupción, a “prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”, en particular “los actos de corrupción que se cometan en el ejercicio de las funciones públicas” (Art. II).

En el Sistema de las Naciones Unidas existe, a su vez, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2005, que compromete a los Estados Parte a formular y aplicar o mantener en vigor “políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción” que “reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas” (Art. 5). Panamá ratificó dicha convención el mismo año de su adopción (2005).

A pesar de la existencia de estos y otros instrumentos internacionales contra la corrupción, durante el período democrático se ha mantenido una percepción de altos niveles de corrupción. Esta percepción coincide con las predicciones de algunos estudiosos del tipo de régimen conocido como “sultanismo”, una clase de despotismo cuya única razón de ser es el saqueo del Estado.

Según los estudios realizados, es común encontrar altos niveles de corrupción en un régimen democrático que sucede a una tiranía “sultanista” a no ser que al momento de instituir la democracia se dé una ruptura firme y decidida con los sistemas de corrupción promovidos por el “sultanismo”.

La falta de compromiso contra la corrupción, pues, tiene antecedentes importantes en las prácticas corruptas que se dieron durante la dictadura militar que se entronizó hace 44 años en el país, tales como la contratación de deuda pública a cambio del pago de “comisiones” a los funcionarios públicos que la contratan, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y el atraco institucionalizado a las arcas del Estado.

La coima, que es como se llama en América al soborno, es una de las modalidades de corrupción más extendidas. La dictadura militar institucionalizó la coima y su expresión más pura fue el establecimiento de un “impuesto” por la salida de bultos a través de ciertos puertos de la costa atlántica, recaudado por una empresa privada denominada Tránsit, S.A.

Al llegar al poder, el presidente Endara sometió a Tránsit, S.A. a una auditoría, la que concluyó que los ingresos anuales por el cobro de dicho impuesto privado ascendían a 10 millones de dólares. Durante la época militar, estos recaudos, junto con otras sumas provenientes de la corrupción institucionalizada, se depositaban en una cuenta bancaria llamada “El Tarro”.

“El Tarro” era algo así como el recipiente en que los restaurantes colocan las propinas que después se dividen entre los empleados. Cuando la cuenta llegaba a cierta suma, los fondos se distribuían entre los jerarcas de la dictadura, lo que contribuía significativamente al mejoramiento de su situación financiera personal.

A 23 años del inicio del sistema democrático, es conveniente que comencemos a aplicar las disposiciones de los instrumentos internacionales para promover la probidad en la función pública. Para prevenir la existencia de tarros de corrupción, el legado de la dictadura debe ser extirpado mediante la plena vigencia del estado de derecho.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

20 Sep 2017

Primer premio

7 6 3 4

BAAB

Serie: 14 Folio: 4

2o premio

8739

3er premio

8290

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código