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JUNTA DIRECTIVA DE LA ACP

El tiempo nos dio la razón: Lina Boza Abad

Durante las conversaciones que concluyeron con la aprobación unánime de la Ley 19 del 11 de junio de 1997, orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), no todo fue color de rosa, pero sí hubo mucha tolerancia y respeto entre las partes. El proceso comenzó con los talleres informativos denominados Encuentro Panamá 2000, mejor conocidos como Encuentro Coronado. El objetivo era diseñar la fórmula constitucional y legal para blindar al Canal contra la nociva influencia de la política partidista nacional. Durante los talleres, se recogieron múltiples propuestas sobre el temario y los diversos grupos hicieron interesantes propuestas.

Los representantes exclusivos de las unidades negociadoras de la Comisión del Canal de Panamá se habían estado reuniendo con Jorge Eduardo Ritter y su equipo de trabajo en la redacción de un anteproyecto de ley para ser presentado ante la Asamblea Legislativa. Vale la pena mencionar que en la agenda del Encuentro Coronado, del 26 al 28 de mayo de 1996, se incluyó la retención de la fuerza laboral existente y se garantizó la capacidad de seguir reclutando el personal mejor capacitado del mercado.

Es interesante observar que las mismas propuestas se hicieron en el Congreso de Estados Unidos (EU) durante las discusiones de los Tratados de 1977. Asimismo, en la agenda de Coronado se incluyó un tema sobre el Canal del siglo XXI, se presentaron proyecciones de tránsito hasta el año 2060, los resultados de los estudios de alternativas al Canal, y las inversiones necesarias para adecuar la capacidad a la demanda proyectada.

Durante las discusiones hubo cinco puntos de controversia, entre ellos el derecho a huelga, la fijación de aumentos salariales, la constitución de la junta de relaciones laborales y la designación de los miembros de la junta directiva. Este último tema captó mucho la atención de los participantes en las discusiones de la Ley Orgánica. Los representantes sindicales expresaron desconfianza en la composición de la directiva, y solicitaron la inclusión de alguien que protegiera los derechos de los trabajadores. “En la junta directiva debe haber un balance, no representantes de una casta económica, y no estamos hablando de dinero”, subrayé en aquella ocasión.

El encuentro estaba por llegar a un punto muerto cuando, en un momento crucial, Adolfo Ahumada propuso que la Ley Orgánica se limitara a los principios laborales generales, y que estos debían ser producto del mutuo acuerdo. Cuando se discutieron los reglamentos, los sindicalistas establecieron en su redacción un clima más productivo y de confianza entre la administración y los representantes exclusivos. Sin embargo, en los últimos años esos compromisos han sido interpretados de manera diferente a lo acordado.

Los últimos nombramientos de los miembros a la junta directiva del Canal representan tan solo al poder económico del país. Y estos no defienden los intereses nacionales, más bien anteponen sus agendas personales.

Hemos visto, con preocupación, cómo en los últimos días los medios de comunicación y las redes sociales se han hecho eco de las investigaciones del Ministerio Público a por lo menos un miembro de la junta directiva por presunta corrupción.

Los estándares de ética y conducta de la ACP se extienden a colaboradores y directivos; varios empleados han sido destituidos por conducta indecorosa y por comportamientos, fuera de las horas laborales, que riñen con dichos estándares. La publicación aparecida en el diario La Prensa (23/7/2015) que involucra a un miembro de la junta directiva afecta la imagen de la agencia y, por ende, del país. Independientes de la presunción de inocencia, ¿con qué moral aplicaría en el futuro la administración de la ACP sanciones a sus trabajadores por faltas a la ética si ahora no se toman medidas consecuentes con ese directivo? Dentro de la ACP las acciones administrativas son independientes de las consecuencias civiles o penales de los actos objeto de sanción.

En el caso que nos ocupa, ser miembro de la junta directiva de la ACP es un agravante a las sanciones que puede tomar el Ejecutivo con fundamento en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la ACP. Al Ejecutivo le corresponderá pronto reemplazar a tres directivos cuyos nombramientos expiran en el primer semestre de 2016.

El presidente Juan Carlos Varela tiene ahora la gran oportunidad de corregir el rumbo, designando a ciudadanos que tengan, no solo conocimientos de la industria, sino una trayectoria en su vida privada y profesional guiada por valores éticos y morales. En esta vena, considero que dos de los designados deben ser expertos en la industria marítima, y el tercero en asuntos laborales.

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