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DIPLOMACIA FATUA

De títulos y merecimientos...: Daniel R. Pichel

Aunque tengo buenas amistades dedicadas a asuntos de protocolo, cuando escucho todo lo que rodea la etiqueta con la que debemos tratar a ciertas personas, me convenzo del fatuo mundo de la política y diplomacia. Si bien los cargos de jerarquía merecen un cierto respeto por lo que representan, me parece que no hay que llegar a conectar cargos con tratamientos especiales, para los cuales muchos de quienes los ostentan, no han hecho mérito alguno.

Siempre me ha parecido de mal gusto referirse, irrespetuosa y despectivamente, al Presidente de la República con términos como “El Capo”, “La vieja”, “El muñeco que pasea”, “El vacuno”, “Pan de dulce”, o “Tortugón”, como si fueran sinónimos de sus nombres. Muy diferente, es referirse a ellos por sus apodos de toda la vida, que son la manera habitual como se les conoce. Por eso: Ricardito, Chiqui, Toro, Cuchungo, Chinchorro, Beby o Mimito no me parece que representen burla o irrespeto.

Otra cosa muy diferente es aceptar que el protocolo obligue a llamarle al Presidente de la República “excelentísimo”. Una palabra que, dada la gente que lo ha llevado, parece ser considerada más un sustantivo que un adjetivo, y que se emplea sin que importe el grado de capacidad o ineptitud de que haga alarde el portador. Así, recuerdo aquellos aciagos años de la dictadura, cuando se llenaban la boca llamándole “excelentísimo señor presidente” a gente que llegó allí por el único mérito de haber paladeado el betún de las polainas del guardia de turno, que en recompensa los señalaba con el dígito que distribuía el poder.

Y hay muchos otros ejemplos de estos paradójicos adornos lingüísticos. Resulta que los ministros –por el hecho de serlo– el protocolo indica que serán tratados como “su excelencia”. Si buscamos la definición de esa palabra en el diccionario, veremos que dista mucho de ser lo que alguna de esa gente representa y que, al mencionarlos junto a sus nombres, termina siendo una broma de muy mal gusto, principalmente para quienes le pagamos el salario. Igual trato reciben embajadores y miembros del cuerpo diplomático, de quienes no sabemos absolutamente nada, y que también el dichoso protocolo los excelentiza (el verbo acabo de inventarlo). En lo personal, me parece perfectamente válido, y mucho más respetuoso, llamar a alguien “Señor embajador”, “Señora embajadora” o “Señora fulana de tal, ministra de lo que sea...”.

Ahora, cuando metemos en la discusión a las autoridades eclesiásticas o académicas, se rompen todos los patrones. Así, resulta que al arzobispo y al nuncio (a quienes les corresponde título de “monseñor”, como a otros corresponde doctor o licenciado) les llaman “su excelencia reverendísima”, que suena no solo ridículo, sino cursi.

Otra paradoja es que a los rectores de universidades (agárrense que esta es fuerte), se les tenga que llamar “Rector magnífico”, no importa quién sea o qué haya hecho. Por favor, con lo elegante que sonaría: Dr. perencejo del buñuelo, rector de la universidad tal o cual...

Lo que sí me suena a sarcasmo es el “HD y HR” de diputados y representantes. Por favor, veamos a quién se le califica de “honorable” (que por definición es un adjetivo). Son gente que, año tras año, nos demuestra que lo que menos merecen, es semejante trato. Algunos, llevan 40 años chupando de la ubre del Estado, sin que se les haya conocido nunca un trabajo normal. La honorabilidad debe ganarse con acciones, y no se debe aceptar que venga como un pegote con el cargo. Porque, llamarle honorable a semejantes ejemplares, es de muy mal gusto. Entre sus ejecutorias, recordamos: repartirse dinero público para hacer política disfrazándolo de partidas circuitales, FES, FIS, PAN o como quieran llamarle; brincar de partido en partido sin reparo alguno; redactarse una ley a la medida para comprar automóviles sin pagar impuestos, y luego revenderlos; repartirse las comisiones del Cemis; defender el conflicto de interés de ejercer privadamente la abogacía, mientras son diputados, o hacer una ley para tener celulares a cuenta de los que pagamos impuestos. Si esa gente merece el título de honorable, tal vez mañana yo comience a exigir que me llamen “su santidad”. Al final, los méritos son equivalentes.

Pero lo terrible, no solo es el término, sino que encima gozan de beneficios y derechos injustificables. El peor de todos, la dichosa inmunidad. Si algún zarrapastroso, bien sea diputado (nacional, del Parlacen o del Parlatino), representante, ministro o embajador, atropella a un ciudadano por conducir borracho, su cargo impide que se tome ninguna acción legal en su contra. Y eso que, se supone, todos tenemos los mismos derechos.

Y no es un problema exclusivo de Panamá. Esta semana en España, el ministro de Gobierno propuso reducir de más de 17 mil a solo 26 el número de aforados (funcionarios con inmunidad), en el país. Una medida que ha recibido apoyo de los principales partidos políticos de gobierno y oposición. ¿Se imaginan proponer semejante legislación en Panamá? Los afectados encontrarían cientos de excusas para no quitarse el derecho a delinquir, sin poder ser ni investigados ni acusados. Que al final, es a lo que se limita la dichosa inmunidad. @drpichel

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