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EL MALCONTENTO

El trabajo invisible: Paco Gómez Nadal

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El trabajo invisible: Paco Gómez Nadal

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que en América Latina hay unos 14 millones de mujeres empleadas domésticas. Cuando se lee el análisis que hace la OIT de sus condiciones laborales y del trato que reciben, surge la duda de si se está ante un informe sobre el mercado laboral o sobre la esclavitud de siglos pasados.

Además de constatar que perciben salarios que están en la línea de la pobreza o de que no suelen contar con protección social, la OIT habla de horarios excesivos, discriminación racial, trabajo infantil, etcétera. Por eso es importante la iniciativa del Ministerio de Trabajo para dignificar y regular el trabajo doméstico remunerado en el país, siempre que no se quede en una anécdota.

En Panamá, las trabajadoras del hogar son el último eslabón de la explotación laboral, heredera de una historia de servidumbre y de un paternalismo mal entendido por parte de los empleadores que suelen justificar en su discurso la discriminación a punta de buen trato personal y cuidados.

Hay dos realidades. Por un lado, las trabajadoras del hogar son las que tienen un salario mínimo más bajo (225 dólares) y, aún así no se cumple. Un estudio realizado en 2008 con el auspicio del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica develaba que el 25% de las trabajadoras del hogar cobraba menos de 50 dólares al mes, un 37% entre 50 y 100 dólares, y un 23% recibía entre 101 y 150 dólares al mes. De las prestaciones sociales, ni hablemos.

Las dramáticas condiciones laborales han dejado este sector a las mujeres más desprotegidas: las migrantes rurales o las inmigrantes extranjeras, ambas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión.

Se suele argumentar que el salario es bajo porque reciben, además, alimentación o alojamiento. No voy a entrar a debatir sobre las habitaciones en las que duermen o sobre su derecho a comer en el puesto de empleo, pero sí recuerdo que suele ser un trabajo sin horario, sometido a órdenes despóticas y bajo un régimen de “propiedad humana” en el que los empleadores deciden hasta sobre los asuntos personales que afectan a la empleada.

La otra realidad es la de las mujeres panameñas que trabajan fuera del hogar y que perciben salarios muy bajos –siempre inferiores a los de los hombres– y que, ante la falta de un Estado que colabore en el cuidado de las personas dependientes que están a su cargo, tienen que subemplear a otras mujeres como empleadas del hogar y pagarles cantidades pírricas por su labor. Es la cadena de la pobreza consolidada que hace que unas personas pobres exploten a quien lo es aún más que ellas.

En Panamá hay castas laborales, entre otras cosas, porque es legal y porque socialmente se ha naturalizado la explotación y la discriminación. El sistema de castas establece 33 tasas de salario mínimo que han sido diseñadas a medida de los intereses de los empleadores, empezando por los 667 dólares y terminando cerca de los 200. Y luego hay una casta superior, que es la de la ACP; donde el país paralelo garantiza la pervivencia del Silver Roll y Gold Roll.

El debate que se puede abrir con la propuesta del Ministerio de Trabajo hay que ampliarlo a todo el sistema laboral pero, además, hay que garantizar que la futura ley que regule el trabajo doméstico remunerado se aplique de verdad. No hay un ejército de inspectores que pueda ir hogar por hogar comprobando que se respetan los derechos laborales de estas mujeres y ya sabemos que lo que ocurre en los domicilios –desde la violencia de género hasta la explotación laboral– suele gozar de una alta impunidad legal y social.

Por eso, considero que habrá que trabajar de forma intensa en la concienciación de las propias trabajadoras, en el fomento de la denuncia de los empleadores que no cumplan, en un sistema de protección para aquellas que sean represaliadas por quejarse, sindicarse o por exigir sus vacaciones remuneradas o su permiso de maternidad. También sería imprescindible establecer guarderías y mecanismos de ayuda a aquellas trabajadoras con salarios bajos que necesitan ayuda en su vida cotidiana para atender a sus hijos o a los mayores a su cargo. Ya sabemos que una mujer, en América Latina, dedica casi más de la mitad de su tiempo a trabajos no remunerados en la economía del cuidado. Los Estados y las sociedades se ahorran unos cuantos puntos del PIB gracias a esta condición de servidumbre patriarcal, y va siendo hora de que lo asuman para acabar con la brecha de desigualdad que condena a las mujeres a un desarrollo personal y social más que limitado.

Este no es un asunto menor. Afecta, como mínimo, a 90 mil mujeres trabajadoras del hogar y a sus familias y, de forma ampliada, a todas las mujeres con pocos recursos económicos del país. Una ley no basta.

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