ESCÁNDALOS

Los traspasos fraudulentos de fincas: Carlos M. Herrera Morán

Con el escándalo que se ha generado en torno al máximo rector en Panamá de la Iglesia Hossana, el pastor Edwin Álvarez, vuelve a la palestra pública un problema nacional que –desde hace varios años– aqueja a los panameños, y es el traspaso fraudulento o delictivo de fincas ajenas inscritas en el Registro Público.

En la mente de la mayoría de los ciudadanos todavía están frescos los casos fraudulentos de Juan Hombrón, los terrenos en Paitilla, etc., que son de alto perfil y en los que a fin de cuentas predominó la impunidad absoluta. No obstante, valga destacar que hay muchísimos casos similares que son objeto de sendos procesos judiciales en las fiscalías y en tribunales de justicia, pero no tienen relevancia pública pues se refieren a ciudadanos comunes, a pesar de que algunos son igual o más graves, si consideramos que las víctimas han sido despojadas ilícitamente de su único patrimonio o, peor aún, de sus viviendas adquiridas tras años de trabajo y sacrificios.

En los últimos tiempos, estos actos fraudulentos y delictivos los cometen organizaciones criminales que operan en todo el territorio nacional y cuentan con la complicidad y participación directa e indirecta de no pocos funcionarios que laboran en las Notarías, el Registro Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Anati, la Dirección de Cedulación, etc.

Ahora bien, mi experiencia profesional como abogado me indica que el problema en cuestión se complica gravemente ante la falta de una solución rápida, justa y efectiva para los propietarios afectados, tomando en cuenta que los procesos judiciales correspondientes, tanto en las fiscalías como en los tribunales, en donde –es un hecho indiscutible– también hay funcionarios que no están exentos de cometer actos de corrupción pública, demoran no menos de 10 años (muchos afectados mueren en el curso de los procesos), sin que –al final de cuentas– exista la seguridad y la certeza jurídica de que los legítimos propietarios recuperarán sus fincas, pues con el “cuento de camino” de que existe un “tercero” que adquirió de “buena fe” la propiedad robada, los fallos dictados o que se dicten en las distintas instancias judiciales (v. gr. Juzgados Civiles de Circuito, Primer Tribunal Superior de Justicia y Sala Civil de la Corte Suprema) tienden a favorecer a estos “terceros”, convalidándole así un derecho de propiedad que se adquirió como producto de la comisión de un fraude o delito, lo que convierte el dolo en una fuente más de derecho, al mismo nivel de la Constitución, la leyes, la jurisprudencia, etc. De allí el concepto lamentable de que el delito sí paga en Panamá. ¿Hasta cuándo?

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