FRONTERAS MARÍTIMAS

El tratado Boyd-Liévano: Euclides E. Tapia

Luego de sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 19 de noviembre de 2012 en cuanto a los límites definitivos de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua en el mar Caribe, que le adjudicó a la última entre 75 mil y 90 mil kilómetros adicionales de territorio, del cual la parte sur correspondía al área marítima noroccidental de la frontera entre Panamá y Colombia que estableció el tratado Boyd-Liévano, del 20 de noviembre de 1976, la República de Panamá pasará a contar con un nuevo vecino.

A propósito de ello, es menester destacar que previo al fallo y hasta el momento actual existe un tramo de la frontera marítima de Colombia con Panamá, colindante con Costa Rica, que Bogotá nunca definió con nuestro país, sin embargo, ese mismo sector fue delimitado entre Panamá y Costa Rica. Sobre el particular, la nueva situación obliga a la negociación de un tratado marítimo limítrofe con Managua, que dada su naturaleza y si realmente existe buena voluntad de Nicaragua, se podría consumar a través de un simple canje de notas, que confirme los límites preexistentes establecidos en el tratado Boyd-Liévano con Colombia, y la sustituya mutatis mutandi por Nicaragua en el área colindante con Panamá previo al fallo, incluido el tramo de nuestra frontera noroccidental con Costa Rica, que Colombia no admitía.

Adicional a tal evento, en el extremo opuesto, existe otra área en la frontera marítima nororiental con Colombia, que siendo aguas internacionales, Bogotá la negoció con Panamá en el tratado citado, como si tales aguas hubiesen sido parte de su territorio. Ahora, luego de la declaración del 10 de septiembre de 2013, del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en la cual abiertamente se confiesa en rebeldía contra la sentencia de la CIJ y la subsecuente reacción de Managua, seis días después, el 16 de septiembre del año en curso, de interponer una nueva demanda en la que reivindica el área hasta donde se encontrarían las zonas de la plataforma continental que pertenecen a las partes, y que tal zona estaría bañada por aguas internacionales, resulta evidente que el área de la frontera nordeste panameña, ubicada en los nuevos límites marítimos dejaría de ser colombiana y, por tanto, tampoco, al igual que la región noroccidental, podrá ser determinada con Panamá con base al tratado Boyd-Liévano. Siendo así las cosas, Panamá, y por añadidura el Canal, tendría acceso marítimo externo directo a aguas internacionales. En esa línea de pensamiento, independiente de que si es o no viable la reivindicación nicaragüense, Panamá tiene que determinar de antemano cuál sería su proceder en caso de que tal escenario prospere. A nuestro juicio, ante una eventualidad como esa, Panamá debe solicitar que se le permita intervenir en la controversia, de tal suerte que en vez de que la CIJ trace una línea media que divida la zona restante de aguas internacionales entre Colombia y Nicaragua, en su defecto se admita la solicitud panameña de acceso expedito de nuestro país a tal región, o como mínimo tener participación en la zona de encuentro de las plataformas continentales de los dos países a través del establecimiento de un “área de régimen común” (Nicaragua, Panamá y Colombia), semejante a la establecida entre Jamaica y Colombia, porque de otra manera no solo Colombia, (como ocurre ahora), sino también Nicaragua, terminarían encerrándonos con límites apócrifos de una frontera creada artificialmente en una zona que no les pertenece.

La otra realidad que es muy palpable, atiende al hecho de que al margen que la CIJ apoye o no a Nicaragua en su segunda demanda, aquí lo que debe contar para Panamá es que el tratado Boyd-Liévano con Colombia dejó de existir como tal, toda vez que el fallo de la CIJ ha producido un “cambio fundamental en las circunstancias” (Art. 62 de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados), habida cuenta que nuestra antigua frontera noroccidental con Colombia ha desaparecido. Lo que le corresponde a Panamá es denunciar, o de mutuo acuerdo con Colombia (que dudo lo acepte), anular el tratado Boyd-Liévano y plantear la negociación de un tratado de límites marítimos completamente nuevo que a diferencia del anterior ahora se negocie basado en la Convención sobre el Derecho del Mar del 10 de diciembre de 1982, la cual reconoce la existencia de un zona económica exclusiva de 200 millas náuticas y 150 millas adicionales de plataforma continental, de suerte tal que bajo ningún concepto, permitamos en esta oportunidad que Colombia, tal como lo hizo en el tratado anterior, deniegue nuestro acceso a aguas internacionales, imponiendo una barrera o limite marítimo artificial, que obligue a cualquier barco que se dirija desde o hacia el Canal de Panamá a pasar por aguas colombianas, manteniendo preeminencia exclusiva en las aguas exteriores de la República de Panamá.

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