COMBATE

Un tribunal especializado anticorrupción: Andrés L. Guillén

La corrupción sigue impune en Panamá, y su erradicación es un asunto ético-moral sin solución, tanto en el sector público y privado como entre la sociedad civil, a pesar de que las encuestas la señalan como uno de los mayores males del país y de que hay leyes, reglamentos y tratados internacionales contra la corrupción. Los entes oficiales a cargo de prevenir, detectar, denunciar y castigar este flagelo no siguen una estrategia proactiva de largo plazo, su reacción es ocasional y de índole política.

¿Qué se necesita para formular una estrategia nacional anticorrupción? Analizar factores externos (políticos, económicos, sociales y del régimen jurídico); evaluar a los entes oficiales a cargo del combate y castigo, e identificar los problemas para aportar soluciones.

El análisis demuestra que no hay un verdadero liderazgo del Gobierno contra el flagelo, sino una cultura política de antivalores; en lo económico hay condiciones propicias para que este mal prospere en el sector privado, por ejemplo, bajos salarios y un presupuesto oficial exiguo para su combate; en lo social, la acción colectiva es limitada, hay poca educación ética y ambivalencia por el “juega vivo” y el paternalismo estatal; mientras que la administración de justicia es ineficaz.

No hay una entidad única que se dedique a perseguir y castigar la corrupción. En Hong Kong, por ejemplo, la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC, por sus siglas en inglés) cumplió 40 años de funcionar con eficiencia. En Panamá, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) solo está facultada para “promover políticas de transparencia y acceso a la información en la gestión pública” e “implementar controles de prevención a la corrupción”.

En contraste, la ICAC con sus mil 300 funcionarios y un presupuesto de $130 millones anuales tiene amplios poderes para investigar, arrestar y detener a cualquier sospechoso, porque hay leyes claras tanto para el sector público (incluyendo “conductas ilegales y corruptas en el proceso electoral”) como para el privado. Sus actividades se agrupan en tres áreas: dar cumplimiento a la ley anticorrupción, la prevención y las relaciones comunitarias. Este es digno de imitar en Panamá, donde a causa de la difusión de responsabilidades en la persecución y castigo de la corrupción, casi nada se ha logrado. La Procuraduría General, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Antai pueden recibir denuncias para remitirlas a las autoridades. Las fiscalías de Cuentas, de Crimen Organizado, las fiscalías Anticorrupción, las fiscalías delegadas de la PGN, y en casos especiales el Órgano Judicial, pueden investigar, y los tribunales y juzgados conocen las causas y emiten los fallos. Por eso, una estrategia nacional debe incluir la codificación de delitos y la creación de un tribunal especializado con sus propias fiscalías, y con suficiente presupuesto, competencia y facultad jurisdiccional para juzgarlos.

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