RECURSOS HUMANOS

La universidad marítima, en crisis: Sósimo Rovira

Evidentemente, Panamá vive de espaldas al mar, a pesar de que su sector marítimo-logístico no solo es el principal motor del desarrollo (aporta el 25% del PIB), sino que ofrece plazas de trabajo muy bien remuneradas. Además, su potencial futuro es extraordinario, como lo indican estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo, al punto de que será el sector que nos impulsará al primer mundo.

El centro académico llamado a ser la principal fuente de personal calificado para satisfacer las necesidades actuales y futuras del desarrollo marítimo y logístico del país –la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP)– enfrenta una crisis, mientras la representación gubernamental y gremial dentro de su máximo órgano de consulta y decisión, el Consejo Superior (CS), maneja el problema con guantes de seda. Veamos los hechos.

El pasado gobierno de Ricardo Martinelli dictó un estatuto orgánico y un reglamento electoral que emula el de la Universidad de Panamá, con el evidente interés de perpetuar en el control de ese centro a la administración que encabezan Víctor Luna Barahona y Giuseppe Bonissi. El anacrónico esquema de elección del rector y los decanos con el voto ponderado de docentes, administrativos y estudiantes, se presta para prácticas clientelistas por quienes, al momento del proceso, controlan la administración y aspiran a ser reelectos.

El 22 de abril de 2014 el CS, que entonces dominaba Martinelli, convocó a elecciones para elegir al rector y a los decanos. Como consecuencia, el Consejo General Universitario, controlado por el rector Luna, designó al Comité Electoral responsable de organizar la contienda, pero el proceso ha sido acusado de parcialidad por los candidatos mejor calificados, que alegan haber sido descalificados de forma arbitraria. También había sido empañado por presuntas canonjías para favorecer a administrativos, docentes y estudiantes que apoyen la reelección.

Frente a las acusaciones y “la falta evidente de garantías necesarias para el desarrollo de un proceso electoral enmarcado en la transparencia...”, el CS decidió el 12 de septiembre de 2014 (Resolución No. 003-14) dejar sin efecto la resolución previa, a fin de abrir el espacio para un amplio diálogo que permita, en el futuro próximo, elegir a las autoridades de la UMIP bajo reglas justas y transparentes.

Esta actitud respetuosa y conciliadora del CS ha sido mal interpretada por el Comité Electoral, que la ha percibido como una señal de debilidad y, con base a esto, ha decidido seguir con el proceso electoral.

Para beneficio de los lectores, el CS lo preside la ministra de Educación y lo integran los administradores de la Autoridad del Canal de Panamá y de la Autoridad Marítima de Panamá, el director de la Ciudad del Saber, y representantes de la Cámara Marítima, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo y de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina.

Quienes promueven la desobediencia al CS alegan defender la autonomía universitaria, argumento absurdo, pues tanto la ley de la UMIP como su estatuto orgánico reconocen que el CS es “el máximo órgano de consulta y decisión”.

La actitud del rector, su equipo inmediato y de quienes impulsan su reelección equivale a lo que en la jerga marítima se llama amotinamiento. Al problema señalado se añade la deficiente formación académica de la UMIP, incluso en el idioma inglés, que pone en riesgo la capacidad de los cadetes para ser aceptados para práctica en alta mar. Los mayores perjudicados por esta crisis son los estudiantes –sujetos y objetos de la gestión de esa universidad– y el país que ve amenazada la capacidad actual y futura de la UMIP para cumplir su misión, en el marco de la Estrategia Marítima Nacional.

Panamá enfrenta un déficit en la producción de recursos humanos para satisfacer la demanda actual. Y a futuro las proyecciones indican que, con el Canal ampliado, en los próximos 10 años el sector generará por lo menos 100 mil plazas muy bien remuneradas. De profundizarse la crisis, como ha venido ocurriendo, Panamá dependerá de la importación de mano de obra calificada para atender las necesidades de ese vital sector de la economía.

Para evitar este descalabro, el presidente Juan Carlos Varela, quien en su programa de gobierno se comprometió a diseñar “un plan de Estado para que el sistema educativo pueda preparar a los panameños y panameñas para los empleos que nuestra economía estará en capacidad de crear”, debería involucrarse en la solución de este grave problema.

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