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EDUCACIÓN

La universidad que necesita el país: Dorindo Jayan Cortez

No negamos las limitaciones ni el hecho de que es posible mejorar; los obstáculos son ciertos, pero lo son más las virtudes. Hablamos de la Universidad de Panamá (UP) que se proyecta a todo el país, desde el campus central (con 19 facultades), nueve centros regionales (uno en cada provincia), tres extensiones, además de los 30 programas anexos ubicados en los más apartados rincones del territorio nacional.

Nacida en 1935 y desarrollada a lo largo de 78 años, la UP ha sido el motor que impulsa la intelectualidad y es, por tanto, la base material que ha fundado la vida profesional de la nación. Los miles de médicos y enfermeras, los educadores, los ingenieros y arquitectos, los economistas, administradores y abogados, en fin, en cada espacio de la vida institucional del Estado panameño está presente la UP con el profesional que ha formado. Solo en 22 años (1990-2012) la institución entregó títulos a 139 mil 596 personas, con egresados que superan los 7 mil por año.

A lo largo de ese desarrollo, al que ha coadyuvado un sinnúmero de generaciones, la proyección de la institución en el país ha sustanciado la loable misión de tener una universidad que responde a las aspiraciones del pueblo. Y no solo porque se hace presente en cada provincia, sino porque garantiza el acceso de todos los estratos sociales, sin importar la condiciones económicas. La UP compite en el mundo de las instituciones académicas entre las de menor costo en matrícula, pero también compite en calidad. Se trata de una universidad financiada por la población con la “suerte” de que es para su propio beneficio.

Esa condición que genera oportunidades sociales merece ser mantenida y fortalecida, pero no es posible sin los recursos para el cumplimiento de las tareas que le corresponde. Con más de 4 mil docentes para atender una población estudiantil que supera los 60 mil alumnos (2014), además de los importantes programas de investigación, de centros de innovación en cada regional y de la labor de extensión que lleva acabo la institución. Su presupuesto suma $180 millones, pero ya es endeble para atender el rango del crecimiento y los compromisos que experimenta la UP.

Por todo lo anterior, consideramos que el tema financiero para la educación superior oficial debe ponerse sobre la mesa del debate constitucional. Sobre todo, porque la revisión del marco constitucional del Estado no solo debe reducirse a la estructura del poder político, sino que debe abarcar aquellas áreas estratégicas para la sociedad siendo, precisamente la educación superior una de ellas. Es la oportunidad para que a la UP se le asigne, con rango constitucional, un sostenido crecimiento presupuestario, tan igual como está señalado para el Órgano Judicial en el Art. 214 de la Constitución. Si así se hace, se garantizará que la educación superior que necesita el país sea la que hasta ahora hemos tenido los panameños.

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