MATERIA LABORAL

La lista de la vergüenza internacional: Carlos Ayala Montero

Cada año, la Conferencia Anual del Trabajo de la OIT analiza los 25 casos más graves de incumplimiento de las normas laborales internacionales, y propone medidas para mejorar la situación. Este 2013 fueron incluidos Honduras, Guatemala, República Dominicana, Arabia Saudita, Bangladesh, Bielorrusia, Camboya, Canadá, Chad, Egipto, Fiji, Grecia, Irán, Kenia, Corea del Sur, Malasia, Mauritania, Pakistán, Paraguay, Senegal, Suazilandia, Turquía, Uzbequistán, Zimbawe y España.

El listado es el producto de consensos entre la representación de empleadores y trabajadores presentes en la conferencia, que se inicia con lo que se denomina una lista “larga”, y termina con los 25 casos más graves. Para el sindicalismo, la prioridad son los asesinatos de sindicalistas, así como el incumplimiento grave de los Convenios Fundamentales de OIT, que tiene que ver con la libertad de asociación (sindical), trabajo forzoso, trabajo infantil y discriminación en el empleo.

En 2012 no hubo lista porque la organización internacional de empleadores saboteó esa posibilidad al impedir el tradicional consenso, arguyendo que el derecho de huelga (parte de la libertad sindical y que es reconocido hasta por las propias encíclicas papales, como Laboren Excersens de Juan Pablo II) no forma parte del Convenio 87 de OIT sobre Libertad Sindical y que, por lo tanto, no se debía discutir ningún caso que incluyese el tema de la huelga, lo que fue rechazado y repudiado por todos los trabajadores del mundo.

En 2011, Panamá formó parte de esta lista y el Gobierno, así como algunos de sus defensores gratuitos, arguyeron públicamente que no existía ninguna lista negra de los peores casos de incumplidores de las normas del trabajo; sin embargo, este 2013, como no figuraba en ese listado, el Ministerio de Trabajo se esforzó en publicitar ese hecho.

La razón por la que Panamá fue incluida en la lista en 2011 fue el asesinato de sindicalistas en Changuinola en 2010, la expedición de la “ley chorizo” (Ley 30 de 2010), el rechazo de personerías jurídicas a nuevos sindicatos, y la destitución de sindicalistas del sector público como medida de represalia, además de mantener vigentes normas contrarias a los convenios internacionales de libertad sindical.

Nada de eso ha sido superado o mejorado, salvo la derogatoria de la Ley 30. Por el contrario, las actuaciones del Gobierno nacional siguen siendo las mismas que originaron esa inclusión, salvo que ya no se asesinan dirigentes. Por lo que es probable que, a pesar de los grandilocuentes discursos, nuestro país aparezca en la lista de los peores incumplidores de las normas internacionales del trabajo, para vergüenza de todos los panameños.

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