BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Otra violación a la ´Constitución´ panameña: Julio E. Linares Franco

El lecho marino, al igual que el mar territorial, es un bien de uso público que pertenece al Estado y que no puede ser objeto de apropiación privada. Así lo señala taxativamente el artículo 258 de la Constitución Política de la República de Panamá, sin dar lugar a interpretaciones.

La Corte Suprema de Justicia fue muy clara en un fallo unánime de los nueve magistrados, expedido el 30 de diciembre de 2004, al señalar que los bienes de dominio público: “ ... no deben perder tal carácter por el solo hecho de que se dé una concesión administrativa o cualquiera otras, lo correcto es que se desafecten a través de una ley de igual jerarquía a la que los creó como tal. Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público. Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.”.

A pesar de lo anterior, mediante la Ley 128 de 31 de diciembre de 2013 (a vísperas del nuevo año) se adiciona un artículo a la Ley 5 de 1988, que establece y regula el sistema de ejecución de obras públicas por el sistema de concesión administrativa.

El nuevo artículo 2-B, sumado a la Ley 5 de 1988, queda así: “Artículo 2-B. Los concesionarios a quienes el Estado les haya reconocido derechos de relleno del lecho marino podrán ceder dichos derechos, sin que constituya limitación, a favor de acreedores, fiduciarios y/o agentes de garantía locales o internacionales, previa autorización de la entidad concedente, para garantizar el financiamiento de la construcción, expansión o mejoramiento de las obras públicas objeto de la concesión. En el caso de concesionarios en donde el Estado tenga una participación o interés, la entidad concedente, previa autorización del Consejo de Gabinete, podrá autorizar al concesionario el traspaso directo de toda o parte de las áreas de terrenos que resulten del relleno del lecho marino a favor de terceros como medio de pago por la ejecución de la construcción, expansión o mejoramiento de las obras públicas objeto de la concesión, una vez el Consejo de Gabinete haya desafectado estas áreas e inscritas como bienes patrimoniales de la Nación. Para tales propósitos, corresponderá a la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República realizar los avalúos correspondientes para determinar, previo a su desafectación, el valor por el cual toda o parte de las áreas de terrenos que resulten del relleno del lecho marino serán traspasadas directamente a favor de terceros como medio de pago para la ejecución de la construcción, expansión o mejoramiento de las obras públicas objeto de la concesión, conforme a lo que se disponga en el reglamento que sobre esta materia dicte el Órgano Ejecutivo”.

Para que un relleno del lecho marino o sobre el mar territorial implique su conversión en bien patrimonial del Estado, sujeto a ser traspasado a manos privadas, por lo menos debe eliminarse de plano la afirmación categórica en el artículo 258 de que los bienes de dominio público “no pueden ser objeto de apropiación privada”.

De acuerdo con el fallo de la Corte, de 30 de diciembre de 2004, solamente una ley de igual jerarquía a la que creó los bienes de dominio público, puede desafectarlos. Y como es el artículo 258 de la Constitución el que crea los bienes de uso público, solo una enmienda al mismo es capaz de permitir su desafectación. Tan sencillo como eso. Sin embargo, la Asamblea Nacional continúa con la práctica constante de expedir leyes que contrarían nuestra carta magna. Y lo más triste es que se ha perdido casi en su totalidad la confianza en nuestra máxima corporación de justicia respecto a su obligación de guardar la integridad de la Constitución, tal como lo exige su artículo 206.

Vamos por muy mal camino.

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