SESIONES EXTRAORDINARIAS

¡No volvamos a las andadas!: Juan Manuel Castulovich

Ante la inminente convocatoria de la Asamblea a sesiones extraordinarias y la insistencia de algunas partes interesadas, específicamente el Tribunal Electoral, la Corte Suprema y el Colegio Nacional de Abogados, de que en ellas se aprueben los proyectos de las reformas al Código Electoral y la carrera judicial, se impone que el Órgano Ejecutivo, que es a quien compete convocarlas, actúe con sensatez y no se deje arrastrar a la repetición de prácticas que debilitarían, aún más, nuestra enclenque institucionalidad democrática, que el presidente Varela se comprometió a defender y fortalecer.

Las sesiones extraordinarias, si se actuara con responsabilidad política, no debieran existir. Bajo la Constitución de 1904, la Asamblea Nacional sesionaba, de manera ordinaria, cada dos años por períodos de 90 días. Con la Constitución de 1941, según su artículo 76, la Asamblea se reunía cada año impar, o sea, cada dos años, por cuatro meses. Y, de acuerdo con la Constitución de 1946, todos los años, por períodos de cuatro meses.

Durante el régimen militar el poder Legislativo, en su forma tradicional no existió. De 1968 a 1983 la función de legislar la asumió, primero, la Junta de Gobierno; luego, el Órgano Ejecutivo y una Comisión de Legislación; y posteriormente, el Consejo de Legislación.

El Acto Constitucional de 1983 restableció la Asamblea de Diputados a la que denominó Asamblea Legislativa. Desde entonces la Asamblea sesiona en períodos anuales y durante ocho meses, divididos en dos legislaturas ordinarias de cuatro meses, cada una.

Hasta la reforma constitucional de 2004, los proyectos de ley no aprobados en una legislatura debían considerarse en la siguiente como “proyectos nuevos”; pero, por el último cambio constitucional, pueden ser retomados en la etapa en que se encontraban al finalizar la legislatura anterior. Además, las comisiones siguen funcionando, ininterrumpidamente, durante los recesos entre las legislaturas ordinarias.

¿Por qué, entonces, se necesita convocar a la Asamblea a sesiones extraordinarias, cuando tenemos un Órgano Legislativo que funciona todo el año y, además, cuenta, proporcionalmente, con más diputados principales y suplentes que cualquier otro órgano similar de América Latina y, posiblemente, del resto del planeta?

Las sesiones extraordinarias deben ser abolidas de una vez por todas. Tal vez se justificaron en el pasado cuando la Asamblea era intermitente, pero mantenerlas solo ha servido para premiar la vagancia y propiciar madrugonazos y otras lindezas.

Desde hace muchos años abogo porque se eliminen las sesiones extraordinarias y que mientras llegue ese momento, los gobernantes se abstengan de convocarlas. Las sesiones extraordinarias, al igual que las facultades extraordinarias, desnaturalizan la separación de los poderes y la función constitucional del Órgano Legislativo.

Si estamos en la víspera de otra convocatoria a sesiones extraordinarias, ello se debe a que, antes que el respeto a la institucionalidad, se ha impuesto la nefasta práctica del “matraqueo político” que, para nadie es un secreto, se distingue por las negociaciones y acuerdos de dudosa transparencia, que son un signo preocupante de que estamos “de vuelta a las andadas”.

Por una conveniencia circunstancial y momentánea, tal vez se justifique que la Asamblea se reúna para cumplir con su función de aprobar el presupuesto, cuya dilación significaría un serio trastorno para el normal funcionamiento de la administración pública; pero la elección del contralor, aunque es importante no tiene la misma urgencia y bien podría hacerse en la primera sesión de la próxima legislatura ordinaria, el 2 de enero de 2015 y que ese mismo día el elegido asuma el cargo.

En cuanto a las reformas electorales, la pregunta es obligada: ¿Si todavía no ha concluido el proceso electoral en curso y las próximas elecciones son dentro de cinco años, qué justifica la impaciencia de los triunviros electorales?

Sobre la carrera judicial, cabe una pregunta igual: ¿Es o no más conveniente abandonar las prisas y en lugar de querer zamparle al país en un solo envión (en las sesiones extraordinarias no se discutirían sino que se adoptarían en bloque) una reforma tan trascendental, que estas se discutan en la próxima legislatura ordinaria?

La aprobación del presupuesto, insisto, tal vez justifica las sesiones extraordinarias; los otros tema no. ¡Así de simple y así de claro!

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