COMISIÓN LEGISLATIVA

‘Asamblea Nacional no debe afectar investigaciones’

El procurador de la Administración, Rigoberto González, dijo que la instancia creada para ver si hubo corrupción en obras de los tres últimos gobiernos no puede adoptar medidas judiciales.

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Rigoberto González, procurador de la Administración. Rigoberto González, procurador de la Administración.
Rigoberto González, procurador de la Administración. Archivo

El procurador de la Administración, Rigoberto González, advirtió que la comisión designada por la Asamblea Nacional (AN) para investigar posibles actos de corrupción en obras de los tres últimos gobiernos “no puede adoptar ni llevar a cabo diligencias que afecten las investigaciones del Ministerio Público” sobre casos relacionados con escándalos que involucran a Odebrecht.

González dijo que la comisión, juramentada este martes por el presidente del Legislativo, Rubén De León, “no puede adoptar medidas judiciales, ya que no tendrían ninguna validez”.

Explicó que las funciones de dicha instancia, de acuerdo con lo que establece la Constitución, “son de carácter administrativo” y con el fin de informar al pleno legislativo para que dicte las medidas que considere necesarias, según el artículo 161 de la carta magna, que señala las funciones administrativas del Legislativo.

“Mal se puede llevar por separado investigaciones penales sobre unos mismos hechos por instituciones distintas y menos si una de ellas no tiene competencia para ello”, manifestó.

En tanto, el secretario general del Partido Revolucionario Democrático y diputado, Pedro Miguel González, dijo a Telemetro que la comisión podrá citar a ministros, directores, ciudadanos y técnicos; practicar diligencias, hacer inspecciones, “ir a las instituciones y lograr la documentación” y “conducir” a aquella persona natural o representante de una persona jurídica que se niegue a comparecer.

A su vez, el diputado Elías Castillo, quien preside la comisión, informó que se deben reunir para aprobar el mecanismo bajo el cual van a actuar ante las investigaciones. La comisión tiene 90 días para rendir un informe al pleno de la Asamblea.

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