ANIP no tramitó expedientes por $200 millones

Los expedientes tienen relación con cobros ordenados por el Tribunal de Cuentas contra personas que cometieron lesión patrimonial al Estado.

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Sede de la DGI en avenida Balboa. Sede de la DGI en avenida Balboa.
Sede de la DGI en avenida Balboa.

La Dirección General de Ingresos (DGI) denunció ayer que durante la vigencia de la desaparecida Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) se dejaron de tramitar centenares de expedientes en los que el Tribunal de Cuentas ordenaba el cobro de más de $200 millones por condenas de lesiones patrimoniales contra el Estado.

En conferencia de prensa, Luis Oscar Pittí, juez ejecutor de la DGI, reveló que se encontró en cajetas polvorientas 750 expedientes en los que no se había hecho ningún tipo de gestión para la recuperación de estos dineros pertenecientes al Estado.

Informó que la DGI actuará con la mayor celeridad que permita la ley hasta que se logre la recuperación de la totalidad del monto de la lesión patrimonial.

Pittí detalló que se designó a la juez ejecutora cuarta Iveth Vega para que se encargue de recuperar estos dineros y que para ello, se ha dispuesto de un plan operativo, en el cual se inmovilizarán bienes y cuentas bancarias de las personas que fueron condenadas a devolver estos fondos del Estado.

Indicó que desde enero de 2015 se han designado cuatro jueces ejecutores para la recuperación de la cartera morosa y que en el día de ayer se giraron a los bancos más de 3 mil 800 oficios de secuestros de cuentas para la recuperación de dineros que pertenecen al Estado.

A la vez planteó que en estos procesos el contribuyente que no pague se le aplicará un cobro coactivo y que ello alcanzará cautelación de autos, bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias. No obstante, reveló que se ha expedido una resolución en la que se establecen facilidades para que el contribuyente pueda cancelar sus deudas a través de un arreglo de pago.

Reveló que desde enero pasado se dio inicio a un proceso para la reorganización del Departamento de Jurisdicción Coactiva y que durante ese período se realizó un inventario de los expediente existentes y se logró recaudar 2 millones 534 mil 791 dólares.

La Corte Suprema de Justicia declaró el 11 de agosto de 2014 la inconstitucionalidad de la Ley 24 del 8 de abril de 2013 que creó la ANIP en reemplazo de la DGI y se extendió el período de su entonces director Luis Cucalón hasta el año 2020.

En la actualidad, Cucalón permanece detenido en la sede de la Policía Nacional de Ancón tras enfrentar una investigación ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción por el presunto cobro de coimas para gestionar la recuperación de impuestos morosos a través de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., a la que se le había asignado esa responsabilidad mediante el contrato No. 100 del 25 de agosto de 2010.

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