SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA RECHAZA DEMANDA CIVIL DE HERMANOS OCHY DIEZ

Acción civil busca amedrentar a ´La Prensa´ y sus periodistas

PETICIÓN. El presidente Martinelli solicitó que se retiraran los camiones que bloqueaban las entradas y salidas a Corprensa. LA PRENSA/Archivo PETICIÓN. El presidente Martinelli solicitó que se retiraran los camiones que bloqueaban las entradas y salidas a Corprensa. LA PRENSA/Archivo
PETICIÓN. El presidente Martinelli solicitó que se retiraran los camiones que bloqueaban las entradas y salidas a Corprensa. LA PRENSA/Archivo

Como absurdos calificó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) los reclamos monetarios por $13 millones que los hermanos Daniel y David Ochy Diez pretenden obtener de Corporación La Prensa y Editorial por la Democracia, tras la publicación de notas periodísticas este año.

A través de un comunicado público, la SIP advirtió de que dichas pretensiones se erigen como un claro intento de amedrentamiento contra el diario La Prensa y sus periodistas, con el cual se busca coartar la misión fiscalizadora de la gestión pública que ejercen ambos.

“Se trata de una suma tan absurdamente grande, que bien puede entenderse esta demanda del grupo empresarial como un intento de amedrentamiento contra La Prensa y sus periodistas, en procura de evitar que continúen ejerciendo su papel de fiscalizadores de la gestión pública”, dijo Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Paolillo, quien firma el comunicado, expresó esta semana su preocupación por la nueva demanda civil interpuesta por los hermanos Ochy Diez contra Corporación La Prensa y Editorial por la Democracia, esta vez en procura de obtener beneficios por $6 millones en concepto de supuestos daños materiales y morales, luego de que este diario publicara en julio y agosto pasados notas sobre las licitaciones millonarias adjudicadas por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli a la constructora Transcaribe Trading S.A. (TCT), propiedad de los hermanos Ochy Diez.

Esta nueva demanda fue presentada por los empresarios bocatoreños el 6 de septiembre pasado ante el Juzgado Decimotercero Civil, y es la segunda del mismo tipo que interponen en menos de 20 días. El 17 de agosto presentaron la primera ante el Juzgado Duodécimo Civil, con la que reclaman $7 millones en concepto de perjuicios materiales y morales por la publicación de reportajes relacionados con las titulaciones de tierras en Barú, Chiriquí.

“El grupo Ochy Diez ha evidenciado escasa tolerancia con las informaciones que los periodistas panameños publican sobre sus actividades cuando, como contratantes del Estado, están necesariamente expuestos a un mayor escrutinio público, pues sus compañías trabajan con base a recursos estatales”, resalta el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa.

La SIP, en su 68 Asamblea General, efectuada en la ciudad brasileña de Sao Paulo, del 12 al 16 de octubre pasado, condenó el bloqueo que empleados y conductores de camiones de la constructora TCT realizaron a las instalaciones de Corporación La Prensa durante la noche del 2 y madrugada del 3 de agosto pasado, en una acción que impidió la circulación de La Prensa y Mi Diario.

Aquella vez, según destacó el comunicado de la SIP, “la Policía se mantuvo pasiva a pesar de haber recibido la denuncia correspondiente y el presidente Martinelli, en persona, puso fin a aquel ataque a la libertad de prensa”.

De acuerdo con Paolillo, “los ciudadanos tienen derecho a proteger su reputación, pero como en este caso se trata de particulares involucrados voluntariamente en asuntos de interés público, ellos deben probar que la difusión de las noticias tuvo la intención de infligir daño o que los periodistas sabían fehacientemente que publicaban noticias falsas”.

El periodista, quien es director del semanario uruguayo Búsqueda, resaltó que la Declaración de Chapultepec establece que “la intimidación” a los periodistas y “las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes” son comportamientos que “se oponen directamente a la libertad de prensa”.

Asimismo, citó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según la cual las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

En sus argumentos jurídicos, los hermanos Ochy Diez afirmaron que las notas publicadas por La Prensa sobre TCT les causaron “dolor, angustia y aflicción psicológica y espiritual”, y por tanto reclamaron, cada uno de ellos, $2 millones en concepto de daños materiales y morales, y exigieron otros $2 millones por daños a su empresa TCT.

Las publicaciones de La Prensa se basaron en información pública que reposa en los archivos del portal PanamaCompra, el Ministerio de Obras Públicas y la Contraloría General de la República.

Las demandas

La primera acción civil de los hermanos Ochy Diez contra Corporación La Prensa y Editorial por la Democracia fue presentada ante el juez duodécimo de circuito civil, Juan Carlos Tatis, y como se dijo pretende una indemnización de $7 millones por daños materiales y morales tanto a los empresarios como a su empresa Panaplátanos S.A.

Esa demanda atacó reportajes de La Prensa publicados el 5 de junio y 30 de julio pasados bajo los títulos “Negocio detrás de invasión de tierras”, “Fincas bananeras, gran negocio con las tierras del Barú” y “Titulaciones de tierras en Barú, Chiriquí, el negocio detrás del conflicto”.

En esas noticias, este diario hizo un recuento histórico de la titulación de tierras en la zona bananera de Barú y para ello se basó en declaraciones de distintas fuentes, entre estas el propio gerente de AST Barú Panaplátanos y campesinos del área.

Con esa demanda, los hermanos Ochy Diez reclamaron $2 millones cada uno por daños morales, $500 mil cada uno por perjuicios materiales y otros $2 millones por daños materiales a Panaplátanos S.A.

La segunda acción, presentada el 6 de septiembre ante la jueza decimotercera civil, Melina Robinson, tiene que ver con noticias publicadas en La Prensa el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto pasados, relacionadas, como se explicó, con las licitaciones concedidas por el Gobierno para la reparación de carreteras en el país, entre estas a la constructora TCT.

Concretamente, la acción legal va dirigida contra las notas tituladas “Carretera a nombre de Transcaribe”; “Carretera Paso Canoa-Puerto Armuelles, la obra de $114 millones”; “Contrataciones públicas, millones en obras para los Ochy”; “Contratos del MOP y Presidencia, $400 millones para Transcaribe”; e “Inversión en infraestructuras, los grandes contratos del MOP”.

Según los Ochy Diez, dichas publicaciones fueron “inexactas, falsas o tergiversadas, completamente temerarias e injuriosas, en el marco de una campaña de desprestigio”.

En las dos demandas civiles, los empresarios bocatoreños son asistidos legalmente por la firma de abogados Castillo, Moreno & Asociados. Para cada una de las notas publicadas por La Prensa, los periodistas de este diario solicitaron reiteradamente la versión de los hermanos Ochy Diez, pero nunca respondieron.

Gremios repudian la acción

Los gremios periodísticos locales también reaccionaron y criticaron las demandas civiles por $13 millones interpuestas por los empresarios Daniel y David Ochy Diez contra Corprensa.

El Consejo Nacional de Periodistas opinó que “las querellas contra los medios, sustentadas en perjuicios supuestos por investigaciones periodísticas de interés general, son absurdos que más bien apuntan a abrigar a los demandantes con el favor de la opinión pública, buscando entorpecer que la verdad esclarezca plenamente los hechos en su profundidad”. En tanto, el presidente del Forum de Periodistas, Simón Bolívar Alemán, y el secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá, Filemón Medina, coincidieron en que las acciones intentan callar a los periodistas mediante la intimidación. La presidenta del Colegio de Periodistas, Grisel Bethancour, calificó las demandas como un “exabrupto” de empresarios ligados al gobierno.

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