DERECHOS HUMANOS

Activistas reclaman protección

Defensores de derechos humanos señalan que la persecución ocurre cuando las entidades son ‘indiferentes’ a la lucha de las comunidades.

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Activistas de Coco del Mar, en el corregimiento de San Francisco, fueron demandados tras oponerse a un proyecto en la zona. Activistas de Coco del Mar, en el corregimiento de San Francisco, fueron demandados tras oponerse a un proyecto en la zona.

Activistas de Coco del Mar, en el corregimiento de San Francisco, fueron demandados tras oponerse a un proyecto en la zona. Foto por: Archivo

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé critican las pocas consultas en el desarrollo de Barro Blanco. Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé critican las pocas consultas en el desarrollo de Barro Blanco.

Indígenas de la comarca Ngäbe Buglé critican las pocas consultas en el desarrollo de Barro Blanco. Foto por: Archivo

El Estado panameño debe mantener “consultas periódicas” con las organizaciones ambientales para garantizar la protección de los derechos humanos de los activistas.

Lo anterior fue recomendado por la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, durante una audiencia pública que llevó a cabo ese organismo internacional a solicitud de defensores de derechos humanos de Panamá.

La representante de la CIDH subrayó que son necesarias las reuniones constantes entre el Gobierno y los ecologistas, a fin de resolver los conflictos ambientales.

Por parte de los activistas estuvo en la audiencia Ileana Molo, dirigente de la Red de Derechos Humanos de Panamá, quien manifestó que en el país el hecho de protestar se está convirtiendo en un crimen. “Luego de las denuncias somos amenazados por grupos económicos y empresarios”, puntualizó.

Durante la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno planteó que en Panamá se respetan los derechos de los activistas.

Molo utilizó como ejemplo el caso de Ligia Arriaga, quien tuvo que abandonar el país mientras luchaba por la protección del humedal laguna de Matusagaratí. De hecho, este año el ecosistema en la provincia de Darién fue declarado área protegida.

También mencionó el caso de la activista Larissa Duarte, en Veraguas, quien defiende el río Cobre, así como a los miembros de la Asociación Ambiental de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, que enfrentan una demanda civil millonaria por oponerse a la construcción de un edificio que consideran “incumplía” normas urbanas.

Adelaida Miranda, miembro del Movimiento 10 de Abril y una de las afectadas por el proyecto Barro Blanco, entre la provincia de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, mencionó que en este caso hubo desalojos a familias que tenían décadas de vivir en esos terrenos.

“Lo lamentable es que se ignoró a las comunidades más impactadas, y las modificaciones en los estudios de impacto ambiental fueron aprobadas sin tomar en cuenta a los perjudicados”, aportó Miranda, quien participó de la audiencia.

POCAS GARANTÍAS

Con respecto a este tema, Osvaldo Jordán, de la Alianza por la Conservación y el Desarrollo, habló sobre el caso de Ligia Arriaga, quien recibió amenazas en Darién y en 2016 se fue del país para garantizar su seguridad.

“No se está garantizando la seguridad de los defensores de derechos humanos en el país”, añadió.

A raíz de esto, el activista pidió a la CIDH que visite el país para que conozcan la situación de los ambientalistas y dirigentes comunitarios.

Otro de los ecologistas, Antonio Chang, hizo hincapié en que existen indicios en diversas entidades estatales de una conducta de omisión sobre el cumplimiento de las garantías en defensa de los derechos humanos de los activistas perseguidos.

“El Estado y sus representantes tienen por delante un arduo trabajo para devolverle a la ciudadanía la confianza en sus instituciones. El diálogo asertivo y activo entre ambas partes se hace impostergable”, concluyó.

‘HAY RESPETO’

Por parte del Gobierno, Farah Urrutia, directora de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería de la República, reconoció que hay mucho trabajo por hacer, pero señaló que tienen compromiso y respeto hacia los derechos humanos de este sector de la sociedad civil organizada en Panamá.

“Hay respeto al derecho ambiental y hemos dado muestra de eso”, acotó.

En tanto, Salvador Sánchez, viceministro de la Presidencia, sostuvo que hay un desarrollo institucional favorable hacia la conservación del medio ambiente y mejoras a los derechos humanos de estas personas.

“El panorama ha sido de progreso y no de debilitamiento en este tema durante esta administración”, argumentó el funcionario.

Por último, el secretario general del Ministerio de Ambiente, Félix Wing, indicó que la institucionalidad ambiental ha sido fortalecida durante los últimos años en el país.

Recordó que se acogió la lucha en Darién por parte de los activistas, a tal punto que el Gobierno terminó creando la declaratoria de Matusagaratí como refugio de vida silvestre.

Los funcionarios destacaron que esta administración está comprometida con el diálogo y, debido a esto, se han creado varias mesas de debate para tratar temas como Barro Blanco, el uso correcto de las cuencas hidrográficas y otros asuntos ambientales que están en la agenda de los defensores de derechos humanos.

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