Gobierno e indígenas reanudan diálogo

El Ejecutivo firmó un acuerdo con las autoridades indígenas Ngäbe Buglés, que permitiría continuar los trabajos del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco y su posible adquisición por el Estado.

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El mandatario Juan Carlos Varela, la vicepresidenta Isabel de Saint Malo y la cacica Silvia Carrera firmaron el pacto en la Presidencia de la República. El mandatario Juan Carlos Varela, la vicepresidenta Isabel de Saint Malo y la cacica Silvia Carrera firmaron el pacto en la Presidencia de la República.
El mandatario Juan Carlos Varela, la vicepresidenta Isabel de Saint Malo y la cacica Silvia Carrera firmaron el pacto en la Presidencia de la República.

El Ejecutivo firmó un acuerdo con las autoridades indígenas Ngäbe Buglés, que permitiría continuar los trabajos del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco y su posible adquisición por el Estado.

La empresa Generadora del Istmo, S.A., promotora de la obra, advirtió ayer, en un comunicado, de que fue ‘excluida’ del pacto y amenazó con tomar acciones legales en contra del Estado panameño.

Acuerdo permitiría concluir Barro Blanco

Después de seis meses de conversaciones, el Gobierno y autoridades tradicionales de la comarca Ngäbe Buglé firmaron un acuerdo que permite la “terminación de las obras civiles” del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, para luego analizar su futuro, “incluyendo la adquisición de la propiedad”, ubicada en la cuenca del río Tabasará, provincia de Chiriquí.

El acuerdo, avalado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela; la canciller y vicepresidenta, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y por la cacica Silvia Carrera, permite la continuación del proyecto, mas no su puesta en marcha hasta tanto no se lleguen a los arreglos que fije la nueva comisión técnica que estudiará los puntos en conflicto.

El documento, compuesto por seis puntos, establece que “el Gobierno se compromete a no inundar el embalse ni iniciar operaciones del proyecto Barro Blanco, hasta tanto no se haya alcanzado un acuerdo final entre las partes en conflicto sobre el futuro del mismo, debidamente legitimado por las instituciones democráticas locales establecidas”.

Sobre la mesa de diálogo se pondrá el tema de la adquisición de la propiedad del proyecto, basado en una “justificación científica y financiera, bajo el principio del respeto de los derechos indígenas y campesinos y el desarrollo sostenible con equidad para las poblaciones de las cuencas, especialmente las afectadas directamente”, señala el acuerdo.

Además, acordaron crear una nueva comisión técnica para estudiar el problema actual concerniente a los estribos de la presa y de la maquinaria de generación instalada en la casa de máquinas, y emitir una opinión sobre la situación exacta de estos asuntos.

GENISA PROTESTA

La empresa Genisa, dueña de la hidroeléctrica, advirtió en un comunicado de que fue “excluida” de lo pactado, lo que viola “acuerdos legales y contractuales” entre la compañía y el Estado.

Esa exclusión “ocasiona incertidumbre, aumenta los riesgos de que el proyecto quede inconcluso y no poder cumplir con compromisos financieros y contractuales adquiridos”, dice la nota.

“Hoy, el Gobierno ha dejado la puerta abierta a aún más incertidumbres, tales como la mención de una posible adquisición del proyecto, sin haber informado a la empresa dueña de la concesión qué mecanismos se utilizarán”, agrega.

Genisa pidió el levantamiento de la suspensión de la obra; de lo contrario “nos veremos en la obligación de activar las acciones legales que el derecho nacional y el internacional nos conceden”.

EXHORTO

Por su parte, la cacica Silva Carrera hizo un llamado a su pueblo y le aseguró que “no se están negociando ni vendiendo sus recursos, porque ya estaban vendidos”, sino que se está buscando un mecanismo para resolver una problemática. “Mantengámonos unidos (...) no estamos para derramamiento de sangre”, dijo en referencia a las amenazas de otros grupos ngäbes que han anunciado cierres de calles en la capital y el interior del país.

“Llamamos a la conciencia de que somos personas pensantes con razón y conocimiento y que no lleva a nada las confrontaciones de cosas que se pueden lograr mediante el diálogo”, apuntó Chito Gallardo, cacique de Muná.

El Ministerio de Ambiente suspendió la construcción del proyecto en febrero pasado, debido a incumplimientos en esa materia.

Desde entonces, indígenas y la empresa Genisa mantenían un diálogo con la mediación del Gobierno y de la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de buscar una solución al conflicto.

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