Corte Suprema retrasa fallo contra la ‘ley blindaje’

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El magistrado Hernán De León será el ponente de las cuatro demandas a la “ley blindaje”, las cuales serán tramitadas en un solo expediente. El magistrado Hernán De León será el ponente de las cuatro demandas a la “ley blindaje”, las cuales serán tramitadas en un solo expediente.
El magistrado Hernán De León será el ponente de las cuatro demandas a la “ley blindaje”, las cuales serán tramitadas en un solo expediente.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia determinó que las cuatro demandas presentadas contra la denominada “ley blindaje”, que da un plazo de dos meses para investigar a diputados, sean acumuladas en un expediente. Esta decisión provoca que se atrase el fallo final. El magistrado ponente de las demandas será Hernán De León.

Acumulan cuatro demandas

Las cuatro demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la “ley blindaje” (Ley 55 de 21 de septiembre de 2012), que da un plazo de dos meses para investigar a los diputados, serán acumuladas en un solo expediente y tendrán como ponente al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León.

En sesión ordinaria celebrada ayer, el pleno de la CSJ decidió que se acumulen cuatro demandas: dos presentadas por Carlos Rubio, actual subdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, una del abogado Silvio Quiñones y otra del magistrado Oydén Ortega.

La acumulación se da cuando solo faltaba la firma del magistrado Jerónimo Mejía para que se hiciese oficial el fallo del magistrado De León, que resolvía las demandas presentadas por el abogado Rubio.

Ese fallo declaraba inconstitucional el último párrafo del artículo 491-A del Código Procesal Penal (incluido con la ley blindaje), que señala que si en un período de 10 días el magistrado fiscal no fija el plazo de finalización de la investigación a un diputado, se dará por extinguida la acción penal. Las otras dos demandas tenían como ponente a la magistrada Gisela Agurto.

El magistrado De León deberá elaborar un nuevo proyecto de fallo que resuelva las cuatro demandas. Fuentes del Órgano Judicial explicaron que ahora se deberá hacer una resolución que ordene la acumulación de las demandas y la misma será firmada por De León y Agurto.

Cronología

El 9 de julio de 2013, Rubio, entonces candidato a diputado por el Partido Popular, presentó una denuncia contra el diputado Sergio Gálvez, quien supuestamente regaló dinero en una actividad en El Chorrillo, el 7 de julio de ese año.

Como parte de la denuncia contra Gálvez, Rubio presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el último párrafo del artículo 491-A del Código Procesal Penal (incluido con la ley blindaje).

La demora en asignar magistrado ponente a la denuncia y advertencia, provocó que Rubio presentara otra demanda de inconstitucionalidad contra el mismo artículo. Mientras no se resuelva la advertencia, no se puede tramitar la denuncia contra Gálvez.

Desde ese entonces a la fecha, el magistrado De León realizó tres proyectos de fallo y el tema fue discutido dos veces en reuniones del pleno de la CSJ.

El pasado 3 de agosto durante la instalación de la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, el magistrado De León fue entrevistado por periodistas y confirmó que al proyecto de fallo le faltaban dos firmas.

Al día siguiente, el magistrado Oydén Ortega emitió un voto concurrente al considerar que se debía declarar inconstitucional todo el artículo 491-A y no solo el último párrafo. Hasta ese momento, al fallo solo le faltaba la firma del magistrado Mejía para hacerse oficial.

Pero luego, el jueves 6 de agosto, el pleno de la CSJ envió un comunicado desmintiendo al magistrado De León e informando que las demandas presentadas por Rubio estaban pendientes de discusión, negando que existiera un proyecto de fallo que le faltara solo una firma.

Ese comunicado informó que la discusión del caso se haría en la reunión del pleno de ayer, como en efecto sucedió.

Otras dos demandas

El pasado 3 de marzo, el abogado Quiñones demandó por inconstitucionales cinco artículos de la ley blindaje: 488, 489, 491 y 491-A del Código Procesal Penal. Estos artículos establecen el plazo de dos meses, los requisitos para admitir querellas o denuncias y los procedimientos a seguir en los procesos penales a diputados.

El recurso fue asignado al magistrado Ortega y desde el 9 de junio estaba pendiente de resolver la demanda. Sin embargo, el 2 de julio pasado, Ortega -en funciones de magistrado fiscal de la investigación al expresidente Ricardo Martinelli por la compra de comida deshidratada- presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra todo el artículo 491-A.

Es decir que Ortega presentó una demanda similar a la que estaba en su despacho por resolver.

Por conocimiento previo del recurso de Quiñones, a Ortega se le asignó la ponencia de la demanda que él mismo presentó y luego se declaró impedido. Su suplente Agurto asumió la ponencia.

Ayer, todo cambió y las dos demandas que analizaba Agurto serán acumuladas a las que tenía De León. Tras dos años de demandas, la CSJ no decide aún si es inconstitucional y la “ley blindaje” sigue vigente.

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