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POLÍTICA

Acusan a Levy de proselitismo

En Nuevo Tocumen, personal de la diputada Katleen Levy participó en la organización de la feria navideña que realizó el IMA.

Diputados y jamones, ¿mezcla ilegal?

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Equipo de trabajo de la diputada oficialista Katleen Levy distribuyó los boletos para que la gente comprara los jamones en su circuito electoral. Equipo de trabajo de la diputada oficialista Katleen Levy distribuyó los boletos para que la gente comprara los jamones en su circuito electoral.
Equipo de trabajo de la diputada oficialista Katleen Levy distribuyó los boletos para que la gente comprara los jamones en su circuito electoral. Roberto Cisneros

Expertos en asuntos electorales catalogan de “clientelismo”, y “proselitismo” el hecho de que la diputada oficialista Katleen Levy podría haber sacado provecho de la venta de jamones del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), productos que le significaron al Estado al menos un desembolso de $2.4 millones.

El hecho ocurrió el pasado miércoles cuando en Nuevo Tocumen [24 de diciembre], uno de los lugares donde se realiza la Naviferia del IMA, saliera a relucir la entrega de boletos para adquirir los jamones por miembros del equipo de la  diputada panameñista, quienes estaban identificados con un suéter color naranja con el nombre de la política.

‘Un delito’

El exmagistrado del Tribunal Electoral (TE) Guillermo Márquez Amado, por ejemplo, asegura que si la diputada Levy tenía conocimiento previo a la venta de estos jamones, e hizo ver de alguna manera que estas personas recibían los jamones gracias a ella, “se está aprovechando de recursos del Estado”.

“Si de cualquier manera este hecho favoreció a la diputada y no en igualdad de condiciones con otros diputados, como lo dice el artículo 32 del Código Electoral, estamos hablando de una falta o un delito”, explicó. El artículo 32 del Código Electoral establece que: “Los bienes y recursos del Estado no pueden utilizarse en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos, salvo que, en igualdad de condiciones, se destinen a uso electoral legítimo”.

De hecho, la diputada panameñista indicó en una entrevista en Radio Panamá que el director encargado del IMA, Raúl Ávila, quien aún no es ratificado por la Asamblea Nacional, fue quien le pidió asistencia para organizar la feria navideña que se realizó en el circuito 8-10, el mismo que representa Levy.

Incluso, el día 12 de diciembre la diputada escribió en su cuenta de Twitter que: “Gracias a nuestra gestión el @ima_panama escogió nuestra Feria de N. Tocumen para vender permanente este Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado”.

El exmagistrado enfatizó que el Estado debe establecer oportunidades para que así las personas puedan abastecerse por sí mismas. “En el fondo lo que haces es atascar a las personas para que no tengan iniciativa, no trabajen y se mantengan pobres todos los días, porque al final del día el Gobierno les resolverá”, añadió.

Por su lado, Esmeralda Arosemena de Troitiño, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que investiga a los diputados, sugiere que el Gobierno debe buscar otras fórmulas y mecanismos para este tipo de “eventos”.

Respecto a lo ocurrido con la diputada Levy, la exmagistrada tiene la misma teoría de Márquez Amado, y aseguró que en efecto hubo proselitismo político.

“Eso es precisamente lo que representa el clientelismo político utilizando las necesidades de la gente y eso incumple no solo con el mandato de la ley, sino también con su rol de diputada de la República”, dijo Arosemena de Troitiño.

Mientras que Fernando Cebamanos, del partido en formación Frente Amplio por la Democracia, también es crítico de usar estas actividades para fines políticos. “Debe ser una política permanente que la población tenga acceso a productos de calidad y con módicos precios, y no un tema político”, añadió.

No obstante, el presidente Juan Carlos Varela dijo ayer que es “positivo” si cualquier diputado quiere mandar gente voluntaria a ayudar en la compra de jamones. “Bienvenida la ayuda, pero siento que sí hay que evitar estar identificados, porque eso sí se podría interpretar de otra forma”, afirmó.

Exhortan a una investigación

El también exmagistrado del Tribunal Electoral Gerardo Solís explicó que “dar tiquetes a simpatizantes de un partido político para comprar unos jamones es aprovecharse del dinero del Estado”. Asimismo, Solís aseguró que estos casos deben ser investigados por la Fiscalía Electoral.

Sin embargo, tanto Solís como Márquez Amado coincidieron en que “no pasará nada”.

“No irá para ningún lado (...) este es el caso de justicia selectiva donde no se va a investigar nada (…) otra burla más de los estafadores de la democracia”, dijo Solís, mientras que Márquez Amado opina que la Fiscalía Electoral es una entidad que está“dormida y cataléptica”.

Este medio consultó a la Fiscalía Electoral sobre el caso, e indicaron que ellos no son el ente encargado de investigar a los diputados. Se apoyan en el artículo 155 de la Constitución, que establece que los miembros de la Asamblea serán investigados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, dijo que “estas son situaciones que deben ser objeto de debate y profundo análisis cuando se debatan las reformas electorales. Qué debe ser o no considerado como proselitismo político con bienes y personal del Estado, o qué actividades puede realizar un diputado con su equipo de trabajo, que es pagado por todos los panameños, sin que se considere como propaganda política”.

Gasnell enfatizó en que mientras menos claras sean las reglas, “siempre habrá más espacio para la discrecionalidad”.

Freddy Pitti, del movimiento Juntos Decidimos, catalogó de “desacertada” la participación del equipo de la diputada Levy en la feria de Nuevo Tocumen. “El proselitismo con recursos del Estado es un tema con el que muchos sectores de la sociedad civil hemos estado luchando. Parece que muchos políticos no terminan de entender que es una práctica dañina que debilita la democracia”, planteó.

Pitti también se sumó a las voces de los que señalan que la Fiscalía Electoral debe iniciar una investigación de oficio.

Levy se justifica

La diputada se defendió el mismo día del suceso, luego de que La Prensa le consultara al respecto. “Las juntas comunales y todos los diputados siempre identifican a su gente. Y eso no es proselitismo, ahí dice [refiriéndose a los suéter de su equipo de trabajo] H.D. Katleen Levy, ahí no están diciendo Katleen Levy te está regalando un jamón, porque yo no estoy regalando jamón. Yo sencillamente estoy organizando la fila y le anuncio a la gente mañana va a haber venta de jamón. A la final trataron de dañarme (...)”, manifestó.

Reiteró que esas ferias han sido “desorganizadas en otras oportunidades” y que la presencia de su personal [el cual dijo pagó con su dinero], era para “ayudar”.

Vuelve la normalidad

“Todo está calmado, hay más organización, se ve la presencia de más policías (...) los jamones los despacharon a tempranas horas de la mañana”, fueron algunas de las impresiones de los asistentes de la feria que se realizó el día de ayer en Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito.

Diputados y jamones, ¿mezcla ilegal?

Existen tres supuestos de “repartición política” de jamones que en los últimos años se han conocido en Panamá:

1. El caso en que los diputados adquieren con “fondos propios” jamones y pavos al por mayor de los que el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha comprado. Posteriormente, el diputado o el político, los vende en su propia feria o los regala.

2. Cuando los diputados, representantes o alcaldes hacen “gestiones” para obtener del gobierno de turno que una feria se establezca en su circuito, distrito o corregimiento.

3. Un diputado se aprovecha de la presencia de una feria para realizar proselitismo, demostrando su influencia y “colaborando” con el Gobierno para que la feria sea ordenada. En los tres supuestos existen aspectos que pueden ocasionar ilegalidades y hasta convertirse en delitos, si las conductas implican desviación de poder o un peculado. Si cualquier persona puede comprar al mayoreo los jamones del IMA, y revenderlos, no se constituiría en un delito electoral, porque no se está favoreciendo a ninguna orientación política. Así que nuestro primer supuesto no sería delito ni peculado. En el segundo, si la facilidad de realizar una feria en la cual el Gobierno va a comercializar jamones, arroz, roscas navideñas, y está disponible para todos los diputados en igualdad de condiciones, sin distingo de partidos, aunque no hay un delito electoral se está permitiendo la politización de los bienes públicos, porque seguramente ese diputado o representante pondrá a su gente a promover su figura. ¿Qué pasa cuando un diputado es el que pone el mecanismo de distribución y procede a repartir boletos numerados para organizar a los compradores? En este caso no se constituyen todos los elementos del delito de peculado, porque el diputado no es el receptor de los jamones ni el que cobra el dinero por estos. Sin embargo, sí se manifiesta otro tipo de conducta. Según el artículo 32 del Código Electoral actual: “Los bienes y recursos del Estado no pueden utilizarse en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos, salvo que, en igualdad de condiciones, se destinen a uso electoral legítimo”. En este caso es obvio que se benefició a una sola diputada, y lo único que evita que se constituya en un delito electoral, es que actualmente no estamos en el proceso electoral. Es decir, que no necesariamente la diputada que se está beneficiando del uso de bienes vaya a presentarse a la reelección. El hecho de que la conducta conocida públicamente no se constituya en el tipo penal completo de un delito electoral, no significa que otras autoridades como la Contraloría no puedan investigar. Sería positivo para nuestra democracia que se legislara para que ninguno de los tres supuestos presentados se sigan realizando en Panamá. En principio, los tres deberían estar prohibidos.
*El autor es abogado

 

 

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