Negociado de terrenos en Bocas del Toro

Admiten ‘fraude’ en lío de tierras

En la denuncia contra el Estado, un diputado de Costa Rica afirmó haber pagado $3.6 millones a la abogada Evisilda Martínez por tierras en la Comarca.

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Más de 2 mil 100 hectáreas del humedal Damani-Guariviara fueron vendidas entre el 2010 y 2011, en acelerados procesos de prescripción que favorecieron a un político tico. Más de 2 mil 100 hectáreas del humedal Damani-Guariviara fueron vendidas entre el 2010 y 2011, en acelerados procesos de prescripción que favorecieron a un político tico.

Más de 2 mil 100 hectáreas del humedal Damani-Guariviara fueron vendidas entre el 2010 y 2011, en acelerados procesos de prescripción que favorecieron a un político tico. Foto por: Archivo

Kenia Porcell Kenia Porcell

Kenia Porcell Foto por: Archivo

Antonio Álvarez Antonio Álvarez

Antonio Álvarez Foto por: Archivo

Contra el reloj se encuentra el Estado panameño para defenderse de una demanda internacional por 100 millones de dólares que interpuso el diputado costarricense Antonio Álvarez, que busca adjudicarse tierras panameñas dentro del humedal Damani-Guariviara, en la comarca Ngäbe Buglé.

Para iniciar, promover y representar al Estado en la demanda, el presidente Juan Carlos Varela instruyó a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, para la “defensa de los bienes e intereses del Estado”, entre ellos, recuperar 4 de 11 fincas que habrían sido traspasadas a Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, S.A. (Decsa), representada por Álvarez.

La resolución ejecutiva promulgada en Gaceta Oficial, precisa que Porcell estará en la defensa de las fincas ubicadas en Bocas del Toro que fueron adquiridas en procesos de prescripción adquisitiva “fraudulentos” que ocasionaron una “lesión” al patrimonio estatal.

Se solicita, además, que la procuradora Porcell “recabe las pruebas y contrapruebas que puedan ser utilizadas por el Estado” dentro del proceso e imponga las medidas cautelares que estime necesarias ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde se dirime la demanda internacional.

Aunque la resolución se encuentra en Gaceta, se dio a conocer por parte del Ministerio Público que “el despacho superior no ha sido comunicado de lo que señala la solicitud”, por lo que Porcell esperará la notificación del Ejecutivo.

MILLONES

Se trata de una demanda interpuesta por el diputado costarricense que aseguró haber pagado más de 3.6 millones de dólares a la abogada panameña Evisilda Martínez, a través de un cheque de gerencia de Decsa, para adquirir las fincas.

El cheque fue aportado por los demandantes ante la Ciadi como prueba de que estaban en posesión del bien.

La Prensa envió preguntas a Evisilda Martínez y a su esposo Francisco Castillo al correo electrónico de este último, pero no hubo respuestas. Entre las interrogantes se encuentra cuánto pagó la señora Martínez en impuestos al Estado, por haber recibido 3.6 millones de dólares de Decsa, representada por el señor Antonio Álvarez.

En la resolución ejecutiva se advierte que Martínez “fue la abogada que tramitó y compró los procesos de prescripción sobre los cuales existen fundadas razones para presumir su ilegalidad, se hace necesario establecer los orígenes y razones de este pago”.

En consecuencia, resalta el documento, el Estado debe abocarse a utilizar “los medios jurídicos eficaces para procurar los medios probatorios y pruebas”, para recuperar las fincas “prescritas fraudulentamente de forma que reviertan a su estado original”.

“Se ha logrado establecer que los cuatro procesos de prescripción extintiva de dominio de igual número de fincas llevadas a cabo en el juzgado de circuito ramo civil de Bocas del Toro fueron fraudulentos e ilegales”, se resalta.

Ante esos señalamientos, este medio intentó que Martínez respondiera cómo contactó al político costarricense y bajo qué concepto legal firmó en enero de 2010 un contrato de compraventa a Álvarez para venderle tierras que no le pertenecían.

También que indicara cómo pudo prometer la venta de las tierras en julio de 2009 libre de litigios, es decir, un año antes de que se instauraran las demandas.

Las demandas de prescripción fueron tramitadas por el entonces juez en Bocas del Toro Manuel García y su sustituta en el puesto Vilma Bryan, que firmaron todos los fallos, entre ellos los que beneficiaron a Decsa.

De hecho, García era hasta hace poco director nacional de Políticas Legales y Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (Anati), a pesar de que su nombre se repite en los cuestionados fallos de prescripción adquisitiva –igualmente vertiginosos– que orquestó Martínez.

García manejó 11 expedientes de prescripción adquisitiva y firmó 8 fallos. La Prensa intentó localizar al exfuncionario, pero cambió de número al salir de Anati.

Se trató de obtener una versión del director de Anati, Carlos González, sobre el proceso penal en el que no se menciona a García, pero no respondió a llamadas ni mensajes enviados.

Se conoció que en 2016 González interpuso querellas criminales para recuperar las cuatro fincas que reclama Decsa, y a inicios de este año presentó 11 querellas en reclamo del total de los terrenos.

En septiembre de 2013, tras las publicaciones de este medio que dejaron al descubierto los acelerados fallos que favorecieron a Martínez y a Decsa, el exdirector de Anati Franklin Oduber realizó una nueva medición a los terrenos.

En la medición se detectó–de acuerdo con el informe técnico elaborado por la Anati– que dos de las fincas compradas por Álvarez están fuera de la zona comarcal y del humedal, ubicándose en Bocas del Toro y en Chiriquí.

El informe motivó al político a interponer la demanda millonaria contra el Estado, a fin de que estas mantengan la supuesta ubicación para construir un lujoso hotel en el lugar, donde lo que impera es la pobreza.

Una fuente oficial del Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que tienen “pruebas” respecto a que los procesos de prescripción fueron supuestamente irregulares, ya que fueron fallados a favor de los reclamantes en un período acelerado de cuatro meses.

Para septiembre próximo, miembros arbitrales de la Ciadi realizarán una inspección ocular en los terrenos que reclama Álvarez y sus socios y, en octubre, se efectuará la audiencia que determinará el futuro del patrimonio estatal.

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