DEFORESTACIÓN DE MANGLARES

Anam aprueba EIA a obra que incumplió normativa

El parque industrial Zona Sur construyó un relleno con permiso vencido. Ya hay una denuncia contra la obra en la Fiscalía Ambiental.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) para la construcción del parque industrial Zona Sur, en el corregimiento de Juan Díaz.

Este proyecto generó polémica porque se levantaron construcciones con un permiso de relleno de 2008, firmado por el exingeniero municipal Jaime Salas y solo tenía vigencia de tres tres años; es decir, estaba vencido.

Además, los promotores, según el administrador de la Anam, Silvano Vergara, incumplieron normas ambientales, por lo que hay una denuncia presentada en la Fiscalía Ambiental.

Entre las anomalías por las que Anam denunció la obra ante la fiscalía están: no entregar los informes correspondientes de los avances, no aplicar medidas de mitigación, y otras fallas.

Sin embargo, estas irregularidades no fueron motivo para que la entidad rechazara el EIA. En cambio, otorgó el visto bueno el pasado 8 de mayo, a través de la Resolución 1A-086-2013.

De acuerdo con el documento, las empresas responsables del parque industrial se comprometen a desarrollar “única y exclusivamente” una superficie de 27 hectáreas con 3 mil 797 metros cuadrados, correspondientes a una finca de 40 hectáreas.

Al principio, el parque industrial Zona Sur planeaba desarrollar las 40 hectáreas, de las cuales 12 estaban en el sitio Ramsar humedal bahía de Panamá, lo que generó críticas de organizaciones ambientales como Fundación MarViva, Sociedad Audubon de Panamá, Panamá Sostenible y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon).

No obstante, la nueva resolución señala que los promotores no podrán “desarrollar ninguna infraestructura del proyecto dentro del sitio Ramsar y refugio de vida silvestre conocido como humedal bahía de Panamá”.

Las compañías responsables de la obra son: Biadel Management, S.A. e Inversión y Desarrollo del Sur, S.A., en la que aparecen como dignatarios Saúl Faskha, Katia Sánchez y Henri Moisés Mizrachi. Este último fue nombrado por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, en la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Los representantes legales de esas empresas presentaron el EIA el 4 de mayo del año pasado.

VERGARA NO FIRMA

La resolución que avala el EIA del parque industrial no lleva la firma del administrador general de la Anam. El que suscribió como administrador encargado fue el actual director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Gerardo González.

En ese sentido, el documento exige al promotor el pago en concepto de indemnización ecológica por los daños ambientales causados, y para ello fija un plazo de 30 días.

Además, pide la implementación del plan de rescate y reubicación de fauna silvestre, así como la puesta en marcha de un plan de reforestación. De igual manera, lo responsabiliza a dar seguimiento a la plantación por un período no menor de cinco años.

El promotor también deberá presentar a la administración regional de Panamá Metro, cada seis meses durante la construcción del proyecto, un informe sobre la implementación de las medidas de mitigación.

“Cualquier modificación de la obra debe ser presentada a la Anam”, concluye la resolución.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque industrial, que constará con bodegas, oficinas, depósitos, áreas comerciales, estacionamientos e infraestructuras para brindar almacenaje de mercancía seca.

En tanto, Gerardo González explicó que firmó el documento administrativo porque Vergara estaba fuera del país por una semana. “Yo estaba facultado para firmar, ya que se me había autorizado”, agregó.

“Esta era una resolución como cualquier otra”, enfatizó el funcionario.

Sobre el monto que deberá pagar la empresa en concepto de indemnización, González mencionó que aún no se ha definido.

A pesar de las justificaciones de las autoridades, los ambientalistas cuestionan la decisión de la Anam de aprobar el EIA.

Zuleika Pinzón, directora de la Fundación MarViva, señaló que esta decisión es una muestra más de cómo el sector sur de Juan Díaz se desarrolla de forma no planificada, ya que diferentes normas establecen esa área específica como “Espacio verde urbano” y un parque industrial para galeras y áreas comerciales no es ese tipo de uso.

“Es deplorable que haya proyectos que comiencen sin tener su estudio aprobado, violando así las normas existentes”, denunció.

Para la ambientalista, esto puede considerarse como competencia desleal, si se compara con aquellos empresarios responsables que cumplen el proceso acorde con la normativa.

Sus planteamientos son compartidos por Alida Spadafora, directora de Ancon, quien lamenta que se talara mangle sin permiso. “La Anam no está cumpliendo su trabajo y esto es una muestra de ello”, criticó.

Por su parte, el exdirector de Legal de Anam Harley Mitchell sostuvo que, además de la indemnización, la empresa debe pagar una multa por todas las hectáreas que deforestó sin un estudio de impacto ambiental aprobado.

De acuerdo con Mitchell, se deben hacer cumplir las normas ambientales.

EMPRESA RESPONDE

Carlos Ríos, ingeniero del proyecto, destacó que, en un inicio, cuando la protección del humedal bahía de Panamá se encontraba suspendida por la Corte Suprema de Justicia, la obra establecía 40 hectáreas, pero una vez se levantó la medida, la empresa reformuló el proyecto para desarrollarse en 27 hectáreas.

“En estos momentos nuestros consultores se encuentran definiendo la indemnización ecológica, tal como lo señala la ley de la Anam. Y el plan de rescate de flora y fauna será implementado como se describe en el EIA, previo a la ejecución del proyecto”, aseguró Ríos.

“Estamos anuentes a que no podemos construir dentro de área protegida”, reconoció.

Sobre el hecho de que el permiso de relleno expiró, manifestó que en estos momentos están en los trámites de su renovación.

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