IMPACTO AMBIENTAL

Anam evalúa nuevo EIA para puerto multipropósito

La terminal marina costará $7,972 millones y tendrá un impacto en 153 hectáreas de la Isla Largo Remo, provincia de Colón.

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La terminal marina tendría como objetivo principal atender la demanda futura de servicios marítimos. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga. La terminal marina tendría como objetivo principal atender la demanda futura de servicios marítimos. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.
La terminal marina tendría como objetivo principal atender la demanda futura de servicios marítimos. LA PRENSA/Ricardo Iturriaga.

El nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) categoría III sobre el muelle multimodal en Colón, conocido como Puerto Verde Atlántico Panamá, está en la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) en la etapa de evaluación y análisis.

Esto significa que cualquier ciudadano, sector u organización puede tener acceso al documento que está por determinarse si se aprueba o no, en medio de las críticas de los activistas.

De hecho, en noviembre de 2013 la sociedad SMC Barcelona como promotor de esta obra presentó a la Anam un EIA, sin embargo, por decisión propia optaron por retirarlo y elaborar un nuevo informe ambiental.

Ahora el nuevo documento de 537 páginas fue recibido en abril de este año por el Departamento de Evaluación de la Anam. Sin embargo, para los ambientalistas no presenta muchos cambios sustanciales comparado con el anterior.

Ambos tienen las mismas características: costará $7,972 millones e impactará 153 hectáreas de la isla Largo Remo, corregimiento de Cristóbal, en Colón.

También menciona que la terminal marina tendría como objetivo atender la demanda futura de servicios marítimos y suministro de combustible para los barcos postpanamax que pasarán por el Canal, una vez ampliado; además de servir como puerto complementario para el atraque de los barcos de mayor dimensión que no pasarán por la vía acuática . Es decir, los conocidos como súper postpanamax.

Asimismo buscaría convertirse en una plataforma logística de clase mundial que permitiría el acopio y distribución de la carga internacional, incluyendo la movilización de pasajeros y carga a todo el continente americano. Así como facilitar astilleros y promover el comercio, nacional e internacional.

En cuanto al impacto ambiental el área de influencia directa está representada por un polígono que consta de una superficie de 657 hectáreas. Esa zona está formada por isla Largo Remo, Samba Bonita y el área de fondo de mar usado para la obra. De ese total se estima que hay 153 hectáreas de manglar en Largo Remo que serán deforestadas y 22 hectáreas de fondo marino serán rellenadas.

Para el miembro del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) Antonio Chang no hay cambios importantes en ambos informes, pues tuvieron acceso a ambos y casi son iguales.

El Ciam ha llevado a cabo evaluaciones sobre el proyecto Puerto Verde y ha concluido que la magnitud del impacto ocasionado por cada una de las actividades que se desarrollarán allí requerirán de una “evaluación ambiental estratégica”.

En ese sentido, la organización ambiental determinó que en el EIA se presenta una serie de políticas en cuanto al desarrollo de infraestructura marítima planificada que no únicamente tendrá efectos a nivel nacional sino internacional.

“Estos planes y programas afectarán los patrones de actividad tanto económica, social, de uso del territorio, así como una implicación en la variación de los niveles de consumo no solo de los pobladores inmediatos, sino de la provincia de Colón y de forma total el país”, sostiene un informe elaborado por el Ciam sobre este muelle.

Al respecto, Chang también indica que las actividades de tala del bosque de manglar y de destrucción de los corales en la zona propuesta son contrarias a lo dispuesto en la legislación ambiental y a los fines para los cuales esta fue creada.

El ambientalista sostiene que la Ley No. 2 de enero de 2006, que regula las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de su aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones señala en su artículo 32 que “queda prohibida la construcción sobre las formaciones de coral, así como cualquier actividad que produzca su muerte, blanqueo o la destrucción de los ecosistemas de los que son parte”.

Según los activistas, el proyecto al no cumplir con la normativa propuesta debe ser rechazado, ya que dada la magnitud y los impactos irreversibles en los ecosistemas no es sostenible de ninguna manera este proyecto.

No está claro

Por su parte, la directora de la Fundación para la Protección del Mar, Zuleika Pinzón, dijo que si bien se añadieron algunos aspectos al EIA, como el cultivo de algas y el uso de suelo, aún no se presenta debidamente.

Según Pinzón, hacen falta estudios relacionados con las corrientes marinas y las mareas, así como el impacto de eso en la zona costera y las poblaciones marinas de corales y su vegetación.

“Hay que tener claro que eso no solo afectará el punto donde se desarrollará el proyecto, sino los alrededores como Punta Galeta”, acotó.

El investigador del Instituto Smithsoniam de Investigaciones Tropicales y director del Laboratorio de Punta Galeta, Stanley Heckadon, advirtió de las consecuencias negativas del nuevo puerto para los manglares de Colón.

Esto tomando en cuenta que las 153 hectáreas de manglar que serán afectadas por la obra representan el 2.6% del total de manglares del Caribe panameño y el 9.9% de los manglares de la provincia de Colón.

Entre otros aspectos que coinciden los activistas sobre el EIA es que no presenta en “forma clara” impactos sociales asociados a las afectaciones naturales y un completo estudio para el manejo de la vulnerabilidad y riesgo ambiental sobre la población y los ecosistemas provocados por el proyecto.

Además, resaltan que en un proyecto millonario y de tan profundas transformaciones en el medio marino no es posible que se sustente en valores que oscilan entre los años de 1991-2000, que son más de 14 años de referencia.

Por ello mencionan que se debió contemplar dos tipos de escenarios futuros: de la naturaleza (aumento del mar, más tormentas, alteraciones climáticas de diferente intensidad, incremento en la fragilidad del sistema costero y erosión) y escenarios con infraestructura y poblaciones viviendo cerca (cambio de la profundidad del mar en la zona dragada, desmejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y grupos aledaños).

MÁS VOCES EN CONTRA

Pero no solo los ambientalistas han mirado con recelo este proyecto. Urbanistas y miembros de la Cámara Marítima también tienen su opinión del tema.

Gerónimo Espítia, representante de la Comisión de Urbanismo de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, considera que el Gobierno ha dado a esta sociedad una concesión ilegal, pues es un caso muy parecido a Juan Hombrón en el que se vendieron bienes de dominio público.

Según Espítia, no hay un estudio urbano para esa área de Colón que certifique que este tipo de proyectos son viables. “No sabemos cómo están las infraestructuras de esa provincia y el daño ambiental será grave”, acotó.

El técnico subrayó que las normativas urbanas no permiten muelles multipropósitos allí, pues solo se autorizan viviendas de baja densidad para ese tipo de suelo.

En tanto, Willys Delvalle, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, dijo que la Autoridad Marítima de Panamá en ningún momento se ha acercado a la Cámara para buscar asesoría o consultar sobre esto.

“De esta manera puede haber mucha más planificación y las cosas se pueden hacer mejor. Pareciera extraño que se venda y concesione este tipo de obras al margen de la Cámara, que reúne a la mayoría del sector marítimo privado en este país”, acotó.

Los representantes del proyecto, y que forman parte de la sociedad SMC Barcelona, no han dado información del tema, pese a que se les ha enviado cuestionarios. Solo han hecho un foro público con moradores de Cativá y con un grupo de periodistas de la región. Ambas actividades fueron en la provincia de Colón.

Inquietud por la venta de isla

Para urbanistas, ambientalistas y profesionales vinculados al tema marítimo, es “extraño” que el Gobierno otorgara con tanta diligencia el aval para la venta de la isla Largo Remo, en Colón, a la sociedad SMC Barcelona, S.A., con el fin de que construya, desarrolle, administre y opere un puerto multipropósito para el manejo de contenedores y otras actividades complementarias.

Aunque los activistas hacen hincapié en que si bien hay una intención de venta, esta no se ha realizado, y por lo tanto se preguntan cómo se puede aprobar un proyecto sobre un terreno estatal del cual no hay un registro de que haya sido concesionado.

La Autoridad Nacional del Ambiente aún no aprueba el estudio de impacto ambiental (EIA). A 33 días de que de termine la actual administración, el jefe de la Anam, Silvano Vergara, reconoce que hay mucho rechazo sobre el proyecto propuesto, por lo que está evaluando con detenimiento el informe que presentaron los promotores del puerto antes de aprobar el EIA.

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