VENEZUELA

Arranca campaña electoral en medio de escándalo

Maduro fustigó a EU en la ONU, pero el oficialismo guarda silencio sobre detenciones de allegados al presidente por tráfico de estupefacientes.

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Funcionarios y delegados se familiarizan con el uso de las máquinas de votación que serán utilizadas durante los comicios. AFPo Funcionarios y delegados se familiarizan con el uso de las máquinas de votación que serán utilizadas durante los comicios. AFPo
Funcionarios y delegados se familiarizan con el uso de las máquinas de votación que serán utilizadas durante los comicios. AFPo

La campaña para las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela arrancó ayer viernes en un ambiente marcado por el arresto en Estados Unidos de dos familiares del presidente Nicolás Maduro, y con el Gobierno y la oposición reivindicando su favoritismo.

La contienda se inició con actos proselitistas y la expectativa por una reacción de Maduro a la captura de dos sobrinos de su esposa, Cilia Flores, el pasado martes en Haití, desde donde agentes de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) los trasladaron a Nueva York, donde fueron acusados de conspirar para introducir 5 kilos de cocaína en Estados Unidos.

Tres días después de la detención de Efraín Campo y Francisco Flores -hijos de hermanos de la primera dama e importante figura del oficialismo- ninguna autoridad venezolana se había referido al caso, que abrió un nuevo frente de cara a los comicios en los que la oposición amenaza con lograr la mayoría legislativa por primera vez en 16 años de gobierno chavista.

En medio de ese silencio, la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -a la que varias encuestas dan una ventaja de 14 a 35 puntos- reclamó una investigación de los hechos, en concreto para determinar por qué Campo (30 años) y Flores (29) tenían supuestamente pasaportes diplomáticos.

“Aquí hay un caso que escandaliza a toda la Nación (...) y debe haber una respuesta. Queremos que haya una investigación inmediata”, dijo a periodistas Jesús Torrealba, secretario general de la MUD.

El vocero adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, dijo ayer viernes que “no creemos que estas dos personas disfruten de inmunidad diplomática” y negó que el caso busque “interferir” en las elecciones. Sin referirse a ese episodio, el coordinador de la campaña oficialista, Jorge Rodríguez, dijo que “la derecha” puede seguir con la “guerra sucia, sicológica y económica, que el pueblo va a responder”.

En los últimos días, el gobierno de Maduro -que asegura tener un “voto duro” del 40%- se ha visto a la defensiva ante críticas del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por la negativa de la autoridad electoral a aceptar una misión de observación de ese organismo.

Para Almagro, las condiciones en que se desarrollarán los comicios “no están en estos momentos garantizadas al nivel de transparencia y justicia electoral”.

Debido a ello, el número dos del chavismo y presidente de la Asamblea Legislativa, Diosdado Cabello, llamó a Almagro “vocero” de la oposición.

De momento, solo la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) participará en las elecciones como acompañante, aunque esta misión tampoco estuvo exenta de polémica.

Uno de sus integrantes, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil (TSE), se marginó de la misión de la Unasur al denunciar un presunto veto de las autoridades venezolanas para que su titular, Nelson Jobim, presidiera la comitiva.

“Se mantiene la resistencia a una observación propiamente dicha”, dijo a la AFP la politóloga Elsa Cardozo, profesora de la Universidad Simón Bolívar, para quien la campaña que se inicia es una de las que más “expectativa y tensión” genera dentro y fuera de Venezuela “por lo compleja que es para el Gobierno y lo desafiante que resulta para la oposición”.

Maduro asegura que “gane quien gane” respetará los resultados de las votaciones, aunque advirtió que “la revolución no va a ser entregada jamás” y que el chavismo se alzará con la victoria “como sea”, sin profundizar en esas afirmaciones.

Maduro, heredero político del fallecido líder Hugo Chávez (1999-2013), ha visto el derrumbe de su popularidad a 22% según la firma Datanálisis, en medio de una aguda escasez y una inflación que el Gobierno sitúa en 85% este año y analistas en 200%, fruto de la caída de los precios del petróleo y del déficit fiscal cercano a los 20 puntos del PIB, que las autoridades han enfrentado emitiendo dinero sin respaldo de reservas.

El mandatario atribuye la crisis a una “guerra económica” de empresarios confabulados con Estados Unidos, pero sus contradictores la vinculan con políticas como el férreo control de precios y el monopolio de las divisas.

En las últimas semanas, el Gobierno aumentó el salario básico en 30%, otorgó 110 mil pensiones y multiplicó la entrega de viviendas y vehículos subsidiados, e importó artículos navideños por 50 millones de dólares.

Sin rostros conocidos tras el encarcelamiento de figuras como Leopoldo López o la inhabilitción de otros como María Corina Machado, la oposición parece capitalizar el descontento por el deterioro económico.

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