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Arrestos y rechazo a constituyente

El Colegio de Abogados de Caracas acudió ayer al TSJ para demandar la nulidad de los decretos 2830 y 2831.

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Manifestantes se enfrentan a efectivos antidisturbios en Caracas y se cubren con escudos artesanales. El rechazo al llamado a una asamblea constituyente por parte del gobierno continúa en diversos frentes. Manifestantes se enfrentan a efectivos antidisturbios en Caracas y se cubren con escudos artesanales. El rechazo al llamado a una asamblea constituyente por parte del gobierno continúa en diversos frentes.
Manifestantes se enfrentan a efectivos antidisturbios en Caracas y se cubren con escudos artesanales. El rechazo al llamado a una asamblea constituyente por parte del gobierno continúa en diversos frentes. Federico Parra.

El vicepresidente venezolano Tareck El Aissami anunció ayer la captura de un activista opositor y otras ocho personas acusadas de pertenecer a una “cédula armada” en una acción que forma parte de la investigación que siguen las autoridades por un supuesto plan de golpe de Estado contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En declaraciones difundidas por televisión estatal, el vicepresidente afirmó que entre los detenidos está el activista Nixon Alfonso Leal, quien estaría vinculado al partido opositor Primero Justicia.

Leal estaba en libertad condicional desde diciembre pasado, tras ser arrestado en medio de protestas antigubernamentales que sacudieron Venezuela a comienzos de 2014, pero según El Aissami, estructuró una organización insurgente armada que operaba con células armadas en distintas áreas de Caracas, con el apoyo de organizaciones partidistas de oposición.

La denuncia de El Aissami se da en el marco del rechazo por parte de la oposición a la convocatoria de una asamblea constituyente ‘comunal’, que impulsa el gobierno y una ola de protestas antigubernamentales que se inició a finales de marzo tras el intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de desconocer las competencias de la Asamblea Nacional, y que han dejado al menos 38 muertos, 700 heridos y centenares de detenidos. Las protestas se han extendido a varias ciudades del país.

En ese contexto ayer, la estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo, Aliz Whaskier, de 25 años, fue arrollada cuando estudiantes se manifestaban en la ciudad de Calabozo, informó la Fiscalía General en un comunicado.

De acuerdo con investigaciones preliminares, el conductor del vehículo perteneciente al Instituto de los Seguros Sociales, identificado como Fersen Cedeño, aceleró para abrir paso entre los manifestantes que bloqueaban el camino y arrolló a Whaskier.

Cedeño viajaba acompañado del sargento del Ejército Elvis López Hidalgo, de 21 años. Ambos fueron detenidos en “flagrancia”, mientras que la joven fue trasladada a un hospital cercano. En horas de la tarde, se informó que su condición era ‘estable’.

Entre tanto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo ayer también que “Venezuela se destaca por ser el único país de la región... que ha descendido hasta convertirse en un autoritarismo desenfrenado”, durante su participación vía Skype en una sesión de la Asamblea Nacional venezolana.

Dirigentes de la oposición venezolana se reunieron ayer en un cabildo abierto para condenar la constituyente “comunal” propuesta por el presidente Nicolás Maduro y con la que se reformaría el ordenamiento jurídico vigente desde 1999.

DEMANDAN NULIDAD

El Colegio de Abogados de Caracas acudió ayer al Tribunal Supremo de Justicia para demandar la nulidad de los decretos presidenciales 2830 y 2831, resoluciones con las que el presidente Nicolás Maduro convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), reportó ayer el-nacional.com.

En la demanda se denuncia que el presidente de la República usurpó atribuciones del pueblo venezolano, único depositario del poder constituyente conforme con el artículo 347 de la Carta Magna.

“Nosotros impugnamos el decreto, basados en que el mandatario nacional no está facultado para convocar una ANC. La convocatoria debe hacerla el pueblo. El presidente, según el artículo 348 de la Constitución, solo puede tener la iniciativa de decirle al Consejo Nacional Electoral (CNE) que consulte a los ciudadanos, mediante referéndum, si quieren convocar una asamblea constituyente o no”, expresó Ivette Lugo, presidente del Colegio de Abogados de Caracas, según recoge el medio venezolano.

Los abogados argumentan también que no se puede convocar, como se pretende con los decretos 2830 y 2831, un proceso electoral regido al mismo tiempo por los principios de “universalidad” y de “sectorización”. Afirman que son dos conceptos gramatical, lógica y jurídicamente antinómicos, que se contradicen y anulan entre sí.

LLAMADO DE MILITARES

Un grupo de militares venezolanos retirados de alto rango que residen en la Florida instó ayer a la población de su país a que continúe con las protestas callejeras en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, y exigió a las fuerzas armadas de la nación sudamericana que dejen de reprimir a los manifestantes y se alíen con la gente.

“Exigimos a los militares en actividad el cumplimiento de sus responsabilidades: restablecer el orden constitucional y detener tanto abuso y derramamiento de sangre”, expresó el contra-almirante Óscar Betancourt, acompañado por un grupo de colegas.

INEFICACIA INTERNACIONAL

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís , denunció, por su parte, la “ineficacia” de la presión internacional para ayudar a resolver la crisis en Venezuela, en particular por las divisiones que imperan sobre esta.

“No es que haya parálisis, lo que creo que prevalece es una ineficacia dada la naturaleza de la crisis”, indicó el mandatario costarricense en un encuentro con corresponsales en la Casa de América en Madrid. Solís reconoció que “ha sido muy limitada” la gestión de organismos multilaterales regionales para hallar salidas a la crisis en Venezuela.

“No existen los consensos lo suficientemente sólidos para garantizar que haya una acción unívoca”, dijo. También indicó que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha tenido un “espacio muy limitado” para actuar debido a la “beligerancia del secretario general”, Luis Almagro, un fiero crítico de Caracas. “Costa Rica de ninguna manera quiere desautorizar las gestiones que haga el secretario general (...) pero sí parecería muy importante” garantizar “la serenidad que se requiere para esos diálogos”, subrayó.

MALDICIÓN

Agitando maracas y con un penacho sobre la cabeza, un gobernador opositor de Venezuela lanzó ayer martes una maldición chamánica contra las autoridades de la Contraloría del país, acusándolas de inhabilitarlo “injustamente” por 15 años.

El opositor Liborio Guarulla, un indígena que gobierna el estado de Amazonas desde 2001, se convirtió esta semana en el segundo político venezolano de alto perfil en ser inhabilitado para postularse a cargos de elección popular, luego de que el también gobernador Henrique Capriles fuera vetado a principios de abril.

Según Guarulla, un abogado y artista plástico de 62 años, la Contraloría también inhabilitó a otros miembros de su gobierno por irregularidades en la adquisición de bienes en casos que acumulaban más de una década sin resolverse.

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