PROYECTO DE LEY

Asamblea debatirá sobre la protección de datos

Las bases de datos que contengan información de relevante ‘crítica estatal’ deberán hospedarse o mantenerse dentro del país.

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El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, presentó el proyecto de ley ante el pleno de la Asamblea Nacional. El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, presentó el proyecto de ley ante el pleno de la Asamblea Nacional.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, presentó el proyecto de ley ante el pleno de la Asamblea Nacional. Archivo

La Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a la Información (Antai) podría imponer sanciones hasta de $100 mil a quienes divulguen, traspasen o vendan para uso comercial los datos de una persona.

Esto, entre otras disposiciones, se encuentra establecido en el proyecto de ley de protección de datos de carácter personal que fue avalado por el Consejo de Gabinete el pasado 18 de enero y presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional la semana pasada por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, y la directora general de la Antai, Angélica Maytín.

La iniciativa plantea que se pretende salvaguardar y garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos de los ciudadanos, regulando el tratamiento de los mismos, el cual será de orden público y de cumplimiento general en todo el país.

Cabe destacar que los sujetos regulados en dicho proyecto son las personas naturales y jurídicas, de carácter público o privado, que lleven a cabo el tratamiento o custodia de datos personales.

Entre estos se encuentran los que identifican a las personas, así como los relacionados con el empleo y sobre características físicas, como fisionomía, anatomía o rasgos de la persona, por ejemplo.

Se exceptúan de la aplicación de dicha ley los datos de una persona natural y que estén relacionados con actividades exclusivamente domésticas; los que realicen autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento; los que se efectúen para el análisis de inteligencia financiera y los relativos a la seguridad nacional. En ese grupo también entrarán los datos que se encuentran regulados en leyes especiales, pero sin limitarse a las que regulan servicios de información sobre historial de crédito, bancarios y de seguros.

PROYECTO DEL LEY

Existen al menos 11 artículos en la iniciativa en los que se destaca que las bases de datos que contengan información de importancia “crítica estatal” deberán hospedarse o mantenerse dentro del país.

Asimismo, resalta que el titular (persona natural dueña de los datos) tiene el derecho de que sus datos personales no sean utilizados para fines de los que no se le haya informado, como publicidad, promociones, mercadeo, investigación, estudios, consultas o encuestas.

Un ciudadano, de acuerdo con la iniciativa legislativa, también podrá oponerse al uso no consentido de sus datos personales, “con las consecuentes responsabilidades civiles y penales”, añade el documento.

En tanto, las personas encargadas de tratar los datos, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar confidencialidad sobre los mismos.

Además, el custodio de la base de datos, por encargo o mandato del responsable del tratamiento de los datos personales, deberá cuidar de estos con la debida diligencia, “ya que será responsable por aquellos daños o perjuicios ocasionados”.

La propuesta establece también que los responsables de la custodia de datos deberán entregar a autoridades, como el Ministerio Público, la información personal que solicite y que sea necesaria para investigaciones judiciales, entre otras.

USO DE LOS DATOS

A propósito de la utilización de datos personales, en el documento se expresa que los que están a cargo de las bases de datos de carácter comercial, “solo podrán comunicar o transmitir información sobre los mismos cuando sean de carácter demográfico, económico, financiero, bancario o comercial y no de otra naturaleza que hayan recopilado, salvo que cuenten con el consentimiento previo del titular”.

Entretanto, el tratamiento de datos personales por parte de una entidad pública solo podrá efectuarse respecto de las materias de su competencia. “En esas condiciones, no se necesitará el consentimiento del titular”, indica el documento.

De igual forma si estas entidades manejan información relativa a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa. Salvo en los casos que sean solicitados por los tribunales de justicia.

CONSEJO DE PROTECCIÓN

De aprobarse este proyecto como ley de la República, mediante el artículo 31 se creará el Consejo de Protección de Datos Personales como ente consultivo que regula todo lo establecido en el documento.

El mismo estaría conformado por el ministro de Comercio e Industrias; por el administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), el administrador general de la Antai; un representante de la Defensoría del Pueblo, del Consejo Nacional de la Empresa Privada; así como del administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), o a quienes todos los mencionados deleguen.

También debe asesorar a la Antai, recomendar políticas públicas relacionadas con la materia, evaluar casos presentados, conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las decisiones de la Antai y desarrollar su reglamento interno.

INFRACCIONES

La Antai estaría facultada para sancionar a la persona natural o jurídica responsable del tratamiento de los datos personales, así como también al que custodia la base de datos. Esto, luego de una denuncia o queja comprobada.

Los montos de las sanciones aplicables serán acorde a la gravedad de las faltas, las cuales se establecerán desde la suma de $100 hasta $100 mil.

Según lo fijado en el proyecto, de no cumplirse con la multa en el término concedido, se remitirán para su cobro a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Las sanciones que se establecen en el proyecto se clasifican en faltas leves, graves y muy graves, las cuales tendrán el mismo nivel de amonestación e irán de verbales, pasando por escritas, multas, clausuras de registro de bases de datos y hasta suspensión e inhabilitación de la actividad de almacenamiento y/o tratamiento de datos personales.

Es importante resaltar el hecho de que la Antai contará con los recursos financieros para el debido cumplimiento de las funciones que se le atribuyen mediante esta ley, los cuales le serán asignados en el presupuesto anual.

LA CONSULTA

Con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y varias instituciones del Estado se hizo la consulta pública para la discusión de esta iniciativa por un espacio de tres meses.

Según explicó Maytín a este medio, a inicios del pasado mes de julio, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, se invitó a la ciudadanía en general para que participara de la “consulta abierta” de este proyecto.

El evento contó con la participación de  Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Las invitaciones se giraron a distintos sectores del país, como entidades estatales, gremios, organizaciones de la sociedad civil y público en general (…) además estuvo colgada en las páginas web tanto de la Antai como de la AIG para recibir las observaciones al proyecto”, aseveró Maytín.

En un principio, la consulta se llevaría a cabo en un período de 30 días; no obstante, por lo “complejo del tema y el volumen de las observaciones recibidas” se decidió extender por tres meses adicionales, añadió.

LA GÉNESIS

Al ser consultada sobre qué los inspiró para elaborar la iniciativa, Maytín aseguró que este es un tema que recoge la Constitución, en cuanto a la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, sin dejar de lado las convenciones internacionales ratificadas por Panamá, entre ellas la Convención Americana de los Derechos Humanos.

De hecho, en el artículo 11 de dicha convención se establece que “nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.

“Le corresponde al Estado respetar la privacidad de los individuos y velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarlos arbitrariamente; por lo tanto se ha reconocido por la OEA la creciente importancia de la privacidad y la protección de datos personales”, aseguró la titular de la Antai.

Igualmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas se ha pronunciado respecto de la obligatoriedad de los Estados en la tutela de estos derechos.

“Este proyecto tomó como ejes de derecho comparado a países modelo en esta materia, como Costa Rica, México, Colombia, primordialmente, así como al Reino de España, por nuestra afinidad en materia legal”, afirmó la directora general de la Antai.

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