Asamblea ratifica a Russo y Cedalise para la Corte

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El presidente de la Asamblea, Rubén De León (centro), entrega a Ángela Russo y a Cecilio Cedalise las resoluciones mediante las cuales el Legislativo los ratifica como magistrados de la Corte. El presidente de la Asamblea, Rubén De León (centro), entrega a Ángela Russo y a Cecilio Cedalise las resoluciones mediante las cuales el Legislativo los ratifica como magistrados de la Corte.
El presidente de la Asamblea, Rubén De León (centro), entrega a Ángela Russo y a Cecilio Cedalise las resoluciones mediante las cuales el Legislativo los ratifica como magistrados de la Corte. Roberto Cisneros

La Asamblea Nacional, en sesión extraordinaria, ratificó anoche los nombramientos de Ángela Russo y Cecilio Cedalise como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cargo que empezarán a ejercer a partir del 2 de enero de 2016 por un período de 10 años.

Los diputados avalaron los nombramientos que hizo el 10 de diciembre pasado el presidente Juan Carlos Varela: Russo, como magistrada de la Sala Primera de la Corte, y Cedalise, como magistrado de la Sala Tercera de esa corporación. Con la decisión, la Asamblea cerró las sesiones extraordinarias.

Russo y Cedalise, para la Corte

Los juristas Ángela Russo Mainieri de Cedeño y Cecilio Antonio Cedalise Riquelme fueron ratificados anoche, por el pleno de la Asamblea Nacional, como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En una votación a golpe de curul, Russo, quien fue ratificada como magistrada de la Sala Primera Civil, solo recibió los votos en contra de los diputados Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Juan Poveda, de Cambio Democrático (CD).

Mientras que Cedalise, nombrado para magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, solo obtuvo una abstención del diputado Juan Poveda.

Tras ser ratificada, Russo manifestó a los diputados que “mis fallos van a ser como siempre han sido por todos los años en que dicté sentencia”.

“Serán [mis fallos] de una manera independiente, imparcial, apegados a la ley, a la Constitución y a las convenciones internacionales de derechos humanos y, además, siempre dentro del respeto a las personas y dentro del debido proceso y dándole la oportunidad a todas las personas, sin distingos de ninguna clase y de ninguna raza, para que puedan aportar sus pruebas y también basados en el principio de inocencia”, precisó.

En tanto, Cedalise expresó su convicción y compromiso con el respeto a las libertades públicas, a los derechos humanos y al derecho.

“Tengo la confianza de que mi trabajo incidirá decididamente en la recta administración de justicia. Orientaré mis decisiones basado en mi conciencia y en la firme convicción de acercarme al concepto filosófico de justicia. Esa es la brújula que siempre me orienta y hacia allá encaminaré cada una de mis decisiones que deba tomar, siempre sustentadas en derecho”, prometió.

Señaló que la comunidad puede tener la certeza de que “no temeré a las críticas ni sucumbiré ante las presiones, porque pertenezco a esa clase de hombres forjada en el fuego del trabajo temeroso y de la reflexión serena”.

Tanto Russo como Cedalise asumirán el cargo por 10 años a partir del 2 de enero 2016.

Ambos fueron designados por el Consejo de Gabinete del 10 de diciembre pasado y seleccionados de una lista de 10 abogados que elaboró la comisión ad hoc presidencial. Además, debieron someterse a una consulta ciudadana con entrevistas llevadas a cabo por la Comisión de Estado por la Justicia y por el Movimiento Independiente (Movin).

Mayoría apoyó

La sesión de ratificación se prolongó por más de cuatro horas. Previamente, al menos 12 diputados intervinieron en el pleno; unos para avalar ambas designaciones y otros para cuestionarlas.

El panameñista Jorge Iván Arrocha, presidente de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética y Asuntos Judiciales, indicó que no hubo elementos que demostraran los señalamientos de una vinculación de Anaxímides Cedeño, esposo de Russo, con sociedades en supuestas actividades delictivas.

“Los documentos presentados durante el período de consultas en la Comisión de Credenciales no relacionaban en nada al esposo en algún tipo de delito que pudiera incapacitar a Russo de ejercer el cargo de magistrada de la Corte Suprema de Justicia”, precisó.

En tanto, el perredista Crispiano Adames se centró en cuestionar a la sociedad civil y a la Comisión de Estado por la Justicia, que llevó a cabo un proceso de audiencia pública a los 10 aspirantes a magistrado.

Destacó que si bien la organización puede tener buenas intenciones, no cuenta con el marco legal en el proceso de escogencia de los magistrados a la máxima corporación de justicia.

“Esta facultad corresponde al Ejecutivo y a la Asamblea”, afirmó.

Mientras que la diputada independiente Ana Matilde Gómez respondió a Adames y señaló que atacar de ilegal cualquier proceso que se dé antes de la decisión constitucional del Ejecutivo y del Legislativo en la escogencia de los magistrados “es un absurdo jurídico”.

Calificó el proceso como el más abierto y público que se ha dado en el país. “Eso ha permitido una verdadera participación ciudadana”, dijo.

Sobre los cuestionamientos a Russo, Gómez aseguró que fue someter a la magistrada a un escrutinio, primero absurdo y luego, cruel.

“Yo espero que Russo y Cedalise tengan la capacidad de mantener una conducta ética y profesional para engrandecer un espacio profesional que está desprestigiado y hacer las transformaciones y acciones que haya que hacer”, señaló.

Mientras que la diputada perredista Zulay Rodríguez reiteró los cuestionamientos hechos en la Comisión de Credenciales por la abogada Norma González, en torno a una supuesta vinculación del esposo de Russo a sociedades anónimas ligadas a actuales funcionarios y a miembros de la familia Rosenthal de Honduras, investigada en Estados Unidos por presunto lavado de dinero.

“Jamás permitiré que el narcotráfico y el lavado de dinero penetren la política panameña”, advirtió Rodríguez en el pleno.

Manifestó que muchas de las sociedades en las que Cedeño aparece como suscriptor están relacionadas con familias panameñas del sector empresarial y con el ministro consejero Francisco Sierra, quien estuvo en la comisión presidencial de selección de los aspirantes a magistrados.

“La selección está contaminada. Y eso que yo no les he dicho, porque hasta el ministro [refiriéndose al titular de la Presidencia, Álvaro Alemán], está metido en esto. (…) Esa señora representa a los poderes económicos y los donantes de campaña”, denunció.

Días antes, en la Comisión de Credenciales, el abogado Cedeño negó los señalamientos de la diputada opositora.

Mientras que el diputado panameñista Jorge Alberto Rosas consideró que luego de las observaciones del Pacto de Estado por la Justicia y otras organizaciones de la sociedad civil, no se pudo endilgar a los magistrados vinculación directa con el Órgano Ejecutivo.

“Eso es un avance en el proceso de la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.

De igual manera, planteó que nadie que intervino en la Comisión de Credenciales pudo endosar un tipo de vinculación con el narcotráfico. “Más bien, una de ellas se retractó y pidió que se investigara su queja”, dijo.

Russo y Cedalise tomarán posesión de su cargo el 2 de enero y tendrán, como primera decisión, que ejercer el voto para la escogencia del nuevo presidente de la Corte ante la salida del puesto de José Ayú Prado.

El Ejecutivo aún debe nombrar a los suplentes de Russo y de Cedalise, así como el reemplazo del finado magistrado Gabriel Fernández, suplente de Ayú Prado.

Además, tiene que definir el reemplazo del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, quien fue condenado a cinco años de prisión por la comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica.

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