Asocian a Grupo Wisa con evasión en Guatemala

Varios funcionarios guatemaltecos están detenidos por aprobar normas que supuestamente propiciaron una millonaria evasión fiscal.

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Grupo Wisa opera en el aeropuerto La Aurora tiendas bajo el nombre empresarial La Riviera. Republicagt.com Grupo Wisa opera en el aeropuerto La Aurora tiendas bajo el nombre empresarial La Riviera. Republicagt.com
Grupo Wisa opera en el aeropuerto La Aurora tiendas bajo el nombre empresarial La Riviera. Republicagt.com

El Ministerio Público de Guatemala arrestó al exjefe de la Superintendencia de Administración (SAT) Rudy Villeda (2009-2012) por aprobar una norma que supuestamente favoreció a las tiendas del Grupo Wisa de Panamá, ubicadas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, para evadir, por lo menos, $7.7 millones al fisco de esa nación.

Según reportes de la agencia Acan-Efe y del diario El Periódico, de Guatemala, se arrestaron a otros cinco exfuncionarios de Aduanas vinculados a la aparente red de corrupción y otros siete están prófugos, entre ellos, una panameña, representante de Grupo Wisa, se encuentra prófuga.

Según la fiscal contra Delitos Administrativos, Heidi Tamara de León, durante la gestión de Villeda se autorizaron normas con las que Tiendas Libres de Guatemala (TLG) o La Riviera, que forma parte de Grupo Wisa de Panamá, pudo haber evadido el dinero.

La fiscal informó que el monto podría ser “mucho mayor” del calculado hasta la fecha, porque aún no se contabilizan los impuestos que habría dejado de pagar de 2013 a la fecha.

Las normas aprobadas por Villeda permitían que la tienda funcionara como depósito aduanero privado y a su vez como tienda libre de impuestos.

Según los reglamentos tributarios de la SAT en ese país, un almacén de depósito solo puede mantener la mercadería en tránsito sin pagar impuestos, pero no puede comercializarla sin antes pagar los tributos para su internación. Sin embargo, la SAT cambió su normativa para que la tienda operara como duty free.

La operación de este tipo de establecimientos solo puede ser aprobada por el Congreso de la República.

Panameña prófuga

Además de Villeda, los medios periodísticos reportaron la captura de Óscar Humberto Funes, exintendente de Aduanas; Mario Raúl Guzmán Marroquín, exsupervisor de Programación de Auditoría; Mayra Patricia Rodas Ruano, exjefa de Unidad de Normas y Procedimientos, y Lidia Lucrecia Roca Morales, exjefa de Gestión Aduanera de la SAT.

Precisan que la fiscalía emitió orden de captura internacional contra tres de siete prófugos por este caso, entre estos figura Lucía Touzard Romo, representante de Grupo Wisa de Panamá. Sin embargo, en la página web de la Interpol aún no se ha incluido su nombre en la lista de buscados.

Grupo Wisa entró en Guatemala a finales de 2007, luego de que la Dirección General de Aeronáutica Civil le otorgó un contrato de arrendamiento de 10 locales en el Aeropuerto Internacional La Aurora, por un período de 15 años.

Juan Luis Correa, vocero del grupo, negó rotundamente la vinculación del conglomerado económico con cualquier caso de corrupción en Guatemala y también negó que Touzard Romo esté prófuga.

“La Riviera ha pagado todos sus impuestos a lo largo de nueve años que tenemos en Guatemala. Se ha cumplido con todas las normas y leyes. Adicional, tenemos auditorías de diciembre de 2014, donde se da cuenta de que las operaciones están dentro del marco de la ley”.

Correa detalló a este medio, vía telefónica, que los abogados del grupo comercial viajarán esta semana a Guatemala para mostrarle a la Fiscalía “que estamos en regla”. Además, aseguró que en este caso es obvia la presencia de “intereses que nos quieren hacer daño”.

Sin embargo, “estamos muy tranquilos de que todo el accionar de la empresa ha sido en el marco de la ley”.

Grupo Wisa difundió un comunicado, en Guatemala, en el que detalla que todos sus permisos y contratos vigentes para operar fueron debidamente emitidos por las instituciones del Estado, siguiendo los más altos estándares éticos y en apego a la ley.

“Nos sentimos consternados por el agravio en el que nos vemos sometidos, vinculándonos en procesos judiciales y desprestigiando nuestro nombre y honorabilidad, cuando hemos sido transparentes en el manejo de toda la información contable, fiscal y contractual...”.

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