CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Atascado caso de contratos

La Fiscalía Primera Anticorrupción realizó inspecciones a varias de las empresas favorecidas con los contratos.

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La investigación por las irregularidades en la asignación de contratos para la ejecución de obras en la Corte Suprema de Justicia, durante la administración del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, se encuentra paralizada desde hace cuatro meses.

Una fuente judicial reveló que a finales de enero pasado varios de los abogados defensores de los implicados en este caso presentaron una petición para acumular este expediente a una investigación que adelanta la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada por blanqueo de capitales, ante el juez decimosexto, Enrique Pérez.

Sin embargo, hasta la fecha, el juez Pérez no ha resuelto el recurso, por lo que la fiscalía no puede adelantar ninguna diligencia hasta que el juzgado tome una decisión en ese sentido.

La fiscal Tania Sterling, quien adelanta la investigación por la presunta comisión de delitos de peculado y corrupción de funcionario en la asignación de los contratos por parte del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, presentó una oposición a la solicitud de los abogados, alegando que se trata de delitos diferentes.

En esta investigación, Sterling hizo inspecciones a la empresas Conceptos y Espacios, Cobros GC y Bali Development, estas dos últimas ligadas al directivo del Canal, Nicolás Corcione.

Aquí se ordenó la indagatoria a los empresarios Julián París y Jorge Espino de la empresa Conceptos y Espacios, que fue favorecida con contratos para la ejecución de varias obras del Órgano Judicial. En este caso también se investiga al exvicepresidente de la República Felipe Virzi y a María Gabriela Reyna.

En tanto, en el caso de blanqueo de capitales se investiga a Corcione, Virzi, París, Espino, Reyna, Humberto Juárez y María del Pilar Fernández, esposa de Moncada Luna.

Estas dos investigaciones derivaron del proceso seguido al exmagistrado Moncada Luna, a quien se le aplicó una condena de cinco años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado.

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