compra de camas en hospital santo Tomás

Auditorías revelan irregularidades

El patronato del Hospital Santo Tomás desatendió una solicitud de la Autoridad de Transparencia para rescindir un contrato de una compra onerosa.
En julio de 2013, los técnicos y médicos del HST rechazaron las camas por ‘no cumplir’ el pliego de condiciones, pero el patronato insistió en recibirlas, pese a advertencias de la Contraloría que confirmaban un sobreprecio. Cortesía. En julio de 2013, los técnicos y médicos del HST rechazaron las camas por ‘no cumplir’ el pliego de condiciones, pero el patronato insistió en recibirlas, pese a advertencias de la Contraloría que confirmaban un sobreprecio. Cortesía.
En julio de 2013, los técnicos y médicos del HST rechazaron las camas por ‘no cumplir’ el pliego de condiciones, pero el patronato insistió en recibirlas, pese a advertencias de la Contraloría que confirmaban un sobreprecio. Cortesía.

Desde hace ocho meses, la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información solicitaron al patronato del Hospital Santo Tomás (HST) que explicara la onerosa adquisición de 20 camas eléctricas. Al mismo tiempo, se pidió declarar el “incumplimiento” del contrato con la empresa Healthcare Products Centroamericana, aunque esto no ha sucedido.

En agosto de 2013, la Contraloría advirtió a Jorge Hassán y a Elías García Mayorca, presidente del patronato y director médico del HST, respectivamente, que observaciones del personal técnico sobre las camas “evidencian el incumplimiento por parte de la empresa [Healthcare Products] versus lo aceptado con la firma del contrato”, en violación de las especificaciones del pliego de condiciones y las fichas técnicas.

La Contraloría cuestionó a Hassán porque en el pliego de condiciones se indica que “la empresa deberá cumplir con el 100% de las fichas técnicas”, y aunque incumplió, no se rescindió el contrato refrendado el 27 de junio pasado.

La contralora, Gioconda Torres de Bianchini, también advirtió a Hassán que, como presidente del patronato, debe “sustentar por escrito las razones o circunstancias” que facilitaron que las camas –reportadas como no adecuadas– se encontraran en el nosocomio desde julio pasado.

Torres de Bianchini pidió una explicación a Hassán sobre el precio de las 20 camas eléctricas, adquiridas a 52 mil 430 dólares cada una en junio de 2013.

La contralora recuerda en su nota que existe una orden de compra de octubre de 2011 mediante la cual se adquirieron 10 camas con las mismas especificaciones, pero con un valor menor unitario de 20 mil 122 dólares, es decir, “un incremento del 160% con relación a la misma compra” solo año y medio después.

“No consta en el expediente la metodología para la determinación del precio de referencia”, añade la nota a la cual este diario tuvo acceso (ver facsímil).

En total, el HST pagó a Healthcare Products por las camas más de un millón de dólares.

El resultado de la auditoría de la entidad fiscalizadora coincide con una investigación de La Prensa, realizada en julio de 2013, en la que se detectó el sobrecosto de las camas y de batas desechables compradas a Healthcare Products.

La Fiscalía Primera Anticorrupción desde hace meses ha solicitado, sin éxito, el informe de auditoría a Torres de Bianchini para comprobar el supuesto sobrecosto en las mencionadas compras.

Ante la ausencia de esta documentación, la fiscalía pidió, en marzo pasado, archivar provisionalmente el proceso, aunque con la salvedad de que una vez la Contraloría remita el informe de auditoría se estaría solicitando su reapertura.

En la investigación de este medio se obtuvieron varias notas remitidas por las unidades médicas de Biomédica y Cuidados Intensivos del Santo Tomás a Hassán y a García Moyorca, alertando de los presuntos incumplimientos técnicos detectados en las camas.

El jefe encargado de la Unidad de Cuidados Intensivos, Carlos Ballesteros, informó a García Mayorca –por escrito– que, de continuar con la adquisición de las 20 camas que “no cumplen” con el pliego de cargos, podrían incurrir en una posible lesión patrimonial. Sin embargo, su advertencia fue desestimada.

PIDEN RESCINDIR CONTRATO

Pero esos no son los únicos cuestionamientos a la compra. Previamente –cinco días antes de la nota de la Contraloría–, el 14 de agosto de 2013, la jefa de Asesoría Legal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), Victoria Militina Long, solicitó a Hassán “declarar la resolución del contrato por incumplimiento del contratista”.

Long sustentó que hacía la petición atendiendo “procedimientos legales y promoviendo una gestión pública, eficiente, transparente y eficaz”.

El informe de la Antai revela que se había solicitado en reiteradas ocasiones a Hassán que remitiera documentos para ser analizados, como el acta de reunión del patronado en el que se determinó la decisión de recibir las camas entregadas, pero hasta la entrega de la auditoría no habían sido remitidos.

Las conclusiones a las que llegaron la Contraloría y Antai se basaron en las inspecciones a los documentos del acto público y de las camas recibidas, así como en varias notas de los departamentos de Biomédica, del Almacén General y de la Unidad de Cuidados Intensivos del HST, que advertían del incumplimiento del contratista.

Las notas de los departamentos reflejan que la empresa “no cumplió” las especificaciones técnicas solicitadas en el contrato, como superficie, tamaño, altura, así como la terapia de vibración, entre otras.

De las 20 camas eléctricas que en ese momento se habían entregado, indica la Antai, solo se mostraba una “recepción informal” de 14 que se encontraban en el quinto piso de Especialidades Médicas del nosocomio, en agosto pasado.

“No se valida la recepción, demostrando que la entrega fue parcial y no total, cuando en el pliego de cargos no indica que era parcial, sino inmediata”, resalta Long.

Entre las observaciones, se señala que se encontraron resoluciones de Hassán y de Juan Carlos Martinelli –secretario del patronato del hospital– en las que “ordenan” a las secciones de Biomédica y a la Unidad de Cuidados Intensivos a realizar la “recepción de las camas”, sin perjuicio de las “verificaciones técnicas correspondientes”.

Sin embargo, a pesar de las advertencias para subsanar lo actuado, el patronado del HST decidió formar, en septiembre pasado, una comisión ad hoc –integrada por José López, del Ministerio de Salud; Enrique Lao, de la Universidad de Panamá, y Jhonathan Guerra, por la Caja de Seguro Social– para evaluar las camas.

Guerra renunció ese mismo día a la comisión por haber participado en la elaboración de la ficha técnica del acto público en el que fue favorecida Healthcare, así como para “evitar conflictos de interés y falta a la ética profesional”. En su reemplazo se nombró al doctor Rolando Bissott.

La comisión desestimó “noticias [de La Prensa] relacionadas con un sobreprecio” en la adquisición de 20 camas eléctricas con las 10 adquiridas en 2011, por “no ser comparables”, en contradicción con la Contraloría, que en su autoría confirmó un sobrecosto en la compra de al menos el 160%.

La Prensa intentó obtener la versión de Hassán y de García Mayorca, pero no respondieron las consultas que les se hicieron desde diciembre pasado, aunque sus voceros prometieron que lo harían.

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