transparencia y acceso a la información

'Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información es ciega, sorda y muda'

La gestión de la zarina anticorrupción es calificada como "pasiva" por la sociedad civil. Ella responde que sí ha tenido avances en su gestión.

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La jefa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigaíl Benzadón, responde a críticas a un informe de autoevaluación de la entidad. LA PRENSA/Archivo. La jefa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigaíl Benzadón, responde a críticas a un informe de autoevaluación de la entidad. LA PRENSA/Archivo.
La jefa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigaíl Benzadón, responde a críticas a un informe de autoevaluación de la entidad. LA PRENSA/Archivo.

A pesar de haber sido creada hace más de un año mediante la Ley No. 33 de 25 de abril de 2013, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) no ha impuesto ninguna sanción económica contra entidades o funcionarios que restrinjan el acceso a la información pública. Tampoco ha logrado consensuar con la sociedad civil el compromiso de implementar el programa de gobiernos abiertos, producto de convenios internacionales suscritos por el país.

El cumplimiento de este compromiso fue calificado como limitado por la propia Antai, en un informe de autoevaluación de su plan de acción nacional respecto al período 2013-2014, disponible en su web. (www.antai.gob.pa)

La Antai, cuya directora general es Abigaíl Benzadón, heredó las competencias del desaparecido Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción.

Al explicar el informe de autoevaluación, Benzadón señaló que no se ha impuesto ninguna sanción económica por retención de información pública, ya que las solicitudes que tramitó “fueron resueltas” y “no hubo necesidad de multar a ningún funcionario”.

La web de la Antai revela que se han presentado 14 solicitudes de información, de las cuales 11 fueron resueltas a favor de los peticionarios y tres no fueron admitidas.

Las instituciones a las cuales se solicitó información pública a través de la Antai y se logró el cometido fueron los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Instituto Nacional de Cultura, la Autoridad del Canal de Panamá, entre otras. Entre las 14 solicitudes se cuentan 5 en las que se pedía información a la propia Autoridad de Transparencia.

Tres de estas solicitudes fueron rechazadas por la Antai, por haber sido presentadas “incorrectamente”, específicamente las interpuestas ante el Programa de Ayuda Nacional , el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación.

En ninguno de estos procesos hubo sanción.

Benzadón lo justifica así: “No puedo ponerle una multa a nadie, si nadie me ha incumplido”.

El artículo 6 de la Ley 33 establece que la Antai tiene la facultad de atender los reclamos que afecten el derecho de petición respecto al acceso a la información pública.

HUBO INCUMPLIMIENTOS

A pesar de lo expresado por Benzadón, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado en varios informes anuales, su preocupación por el incumplimiento de la Ley 6 de Transparencia en relación a los pedidos de acceso de información por parte de ciudadanos y medios de comunicación social.

En el último año y medio este rotativo hizo más de 18 solicitudes de información a entidades gubernamentales sin obtener respuesta. También se presentaron 19 acciones de hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia por la falta de suministro de información pública, un derecho reconocido en la Ley 6 de 2002 (Ley de Transparencia).

Luego de las elecciones de mayo pasado cuando triunfó el opositor Juan Carlos Varela, la Corte Suprema de Justicia emitió varios fallos sobre pedido de información a favor de La Prensa. Los fallos fueron tardíos.

Falta de Confianza

A juicio del exdefensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, el reducido número de ciudadanos que acudieron a la Antai a solicitar acceso de información refleja la falta de confianza ciudadana en la institución.

Para Tejada, de las instituciones de control, como la Antai y la Contraloría “la ciudadanía viene escuchando un listado de excusas para no cumplir con su trabajo”.

AUTORIDAD DE TRANSPARENCIA, 'ciega, sorda y muda'

Para el actual alcalde capitalino José Blandón, quien fue uno de los promotores de la Ley 6 cuando fue diputado en la Asamblea Nacional, es “lamentable el rol que ha jugado la Autoridad desde su creación”.

Blandón indicó que pese a que el Consejo Nacional de Transparencia se elevó al rango de autoridad, para que tuviera mayor protagonismo en la lucha anticorrupción, “en la práctica siguió ciega, sorda y muda”, acotó.

LEY INCUMPLIDA

José Alberto Álvarez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), señaló que la Antai tiene el deber legal de examinar sin necesidad de denuncia externa los actos de corrupción de cualquier esfera e índole.

La Ley 33 de 2013 (artículo 6), que crea la Antai, establece entre sus funciones, examinar de oficio e “

Para Álvarez la batalla contra la corrupción “es una lucha perdida por el gobierno pasado, porque nombró en los cargos a personas que no se atrevían a tomar decisiones”.

El jurista precisó que la jefa de la Antai puede solicitarle a la procuradora que investigue al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada y al Fiscal Electoral Eduardo Peñaloza, “y no lo ha hecho”.

Dijo que Benzadón “por dignidad debe renunciar inmediatamente, porque a una persona que la nombran en un puesto y no haga el trabajo está cometiendo hasta delito de peculado”.

El dirigente gremial reiteró además que la funcionaria está “ incumpliendo totalmente sus deberes como funcionaria y debe responder. “Cualquier ciudadano la puede denunciar”, acotó.

Acciones de ABIGAIL Benzadón

El 23 de mayo de 2013, Benzadón presentó una denuncia penal en contra de la exdefensora del Pueblo, Patria Portugal, por haber pagado $250 mil para el rediseño de la página web institucional, a partir de un contrato calificado como lesivo para el Estado.

Los hechos fueron inicialmente denunciados por La Prensa y la presión ciudadana llevó a la Asamblea Nacional a destituir a Portugal en agosto de ese año. El proceso penal continúa.

En la web de la Antai están colgados los textos de otras cuatro denuncias penales interpuestas por la entidad contra funcionarios de menor jerarquía.

DEFENSA OFICIAL

Ante las críticas por el papel pasivo de la Antai ante la opacidad en la rendición de cuentas de la administración Ricardo Martinelli, Benzadón dijo: “Yo tengo en mi gestión tres años, un año con la Antai y dos años con el Consejo de Transparencia, yo no tengo 5 años y no puedo responder por gestiones anteriores (...) no sé a qué se refieren con el papel pasivo”, porque la ley de Antai, “se hace para lograr que la entidad tenga funciones, el acceso a la información”.

Sobre la caída de Panamá en el ranking del Foro Económico Mundial sobre la malversación de fondos, tráfico de influencia y pago de ´coimas´, la funcionaria respondió: “[eso] va a ser peor cada vez, como no se tomen las medidas”.

En relación a su obligación de denunciar la corrupción, dijo: “aquí estamos hablando de un país entero y de todas las instituciones”, indicando que se incurre en un error cuando se dice que ella tiene que “sacar la cara por todos los funcionarios y eso no puede ser, hay que ser justo y correcto”, sostuvo.

SOCIEDAD IGNORADA

El informe de autoevaluación del Plan de Acción Nacional de gobiernos abiertos, iniciativa internacional a la que Panamá pertenece desde 2012 , exige la convocatoria de la sociedad civil organizada para su ampliación. El cumplimiento de esta obligación “es limitado” reconoció Benzadón “porque no hay cómo consultar”, ya que no se tiene activa la plataforma (digital) de consulta ciudadana.

Carlos Gasnell, vicepresidente de Transparencia Internacional (Panamá), manifestó que la interacción entre Antai y la sociedad civil organizada fue una “cosa que no se hizo, ni tienen intención de hacer”.

Por su parte, Angélica Maytín Justiniani, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, sostuvo que Benzadón estuvo lejos “ de proteger el derecho a la información”. A su juicio, la funcionaria “sabe que no tiene el conocimiento y la experiencia para ocupar ese cargo”, pero lejos de renunciar, “se mantiene allí, constituyéndose en un obstáculo para que este gobierno pueda emprender acciones contundentes contra la corrupción”.

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